La madrugada del 19 de febrero de 2006 explotó la mina subterránea Pasta de Conchos, en la región carbonífera de Coahuila, dejando atrapados a 65 trabajadores de la compañía contratista General de Hulla, así como de Industrial Minera México, empresa de Grupo México.
Durante las horas y días siguientes se realizaron labores para encontrarlos con vida; sin embargo, fracasaron. Meses después, solamente los cuerpos de un par de mineros fueron recuperados y entregados a sus familias.
Tras algunos estudios, el gobierno de Felipe Calderón y Grupo México suspendieron en 2007 la búsqueda de los otros 63 trabajadores, asegurando que las tareas ponían en riesgo a los rescatistas debido a las altas concentraciones de gas metano de la mina.
La decisión fue cuestionada por las familias, para entonces organizadas a través de dos grupos: uno en torno al sindicato que dirige Napoleón Gómez Urrutia y otro mediante la pastoral del Obispo Raúl Vera. Por separado, ambas agrupaciones han mantenido su exigencia, lo mismo tomando las instalaciones de la mina que demandando al Estado mexicano ante la CIDH por la no recuperación de los cuerpos de sus familiares.
En campaña, Andrés Manuel López Obrador prometió rescatar a los 63 mineros abandonados de Pasta de Conchos. Ya en la Presidencia, ordenó reiniciar las labores, las cuales quedaron a cargo de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde.
Con este fin, un comité de expertos mexicanos y extranjeros revisó las condiciones actuales de la mina siniestrada y, aunque dictaminó que la recuperación de los cuerpos era posible, advirtió que el proceso sería costoso y podría durar entre cuatro y ocho años.
Reunido en Palacio Nacional de manera privada con poco más de la mitad de las víctimas, el presidente López Obrador, además de ofrecerles una indemnización, les planteó realizar los largos trabajos de recuperación de los cuerpos a través de la CFE, o bien, suspenderlos y transformar la mina donde están atrapados sus familiares en un memorial.
Las viudas aún no tienen un consenso sobre la propuesta presidencial. Lo que sí considera la secretaria Luisa María Alcalde es que si no se hubieran suspendido las labores de rescate en 2007, para estas alturas, los 63 mineros ya habrían recibido una despedida fúnebre digna.
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