En el círculo que da seguimiento a la investigación de los sobornos y los deshonestos negocios registrados en torno a la reforma energética por parte de diputados, senadores, empresarios, líderes partidistas y secretarios de Estado, es común la referencia a Lava Jato, la operación que en Brasil provocó el encarcelamiento de casi 200 contratistas, directivos, legisladores y funcionarios de primer nivel.
Al igual que la actual cruzada mexicana, Lava Jato arrancó con la detención de un director de área de la petrolera estatal (Petrobras), la cual abrió un sendero para identificar el esquema político y económico mediante el que se habían comprometido de manera extralegal y sistemática los recursos públicos del país a una pequeña élite.
Algo parecido espera identificar la Fiscalía General de la República a partir del testimonio de Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex, quien está por concretar su convenio de colaboración como testigo colaborador para seguir brindando pistas y evidencias al respecto.
Lava Jato se llama así debido a que la indagatoria comenzó en un lavado de autos de una provincia brasileña. En el caso mexicano, el inicio de esta investigación oficial que exhibiría por primera vez de manera amplia y formal las transas de la clase política y económica, se halla en la compra fraudulenta que hizo Pemex de la planta de fertilizantes Agronitrogenados, al magnate Alonso Ancira, actualmente bajo proceso en España.
Otro factor a considerar es el Departamento de Justicia de EU, que ha impulsado desde hace tiempo la campaña internacional para develar la estructura trasnacional de corrupción institucional diseñada e implementada por la empresa Odebrecht en una docena de países del continente. Por ello, no son casuales las dos visitas que ha hecho a México el Fiscal estadunidense, William Barr, a su par Alejandro Gertz Manero, ni tampoco que se haya activado la extradición de Lozoya —y ventilación pública del caso— luego de la reunión del presidente Andrés Manuel López con Donald Trump.
Lava Jato generó expectativa y satisfacción de justicia en Brasil, pero también, a la larga, develó aspectos de burda politización judicial, así como el uso de indagatorias con el único fin de alterar procesos electorales. Ya veremos —y viviremos— la versión mexicana de Lava Jato.
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