Durante la guerra del narco promovida por el presidente Calderón, algunas víctimas buscaron al obispo de Saltillo, Raúl Vera, para que los apoyara.
Blanca Martínez, directora del centro Fray Juan de Larios comenzó a analizar los testimonios recibidos. Uno de los primeros casos fue el de 12 vendedores de pintura originarios de Estado de México que desaparecieron en marzo de 2009 en Piedras Negras. Los vendedores depositaban a diario a su familia el dinero que ganaban con la venta por cambaceo, hasta que un día dejaron de hacerlo.
Otro fue el de tres vendedores de pintura y joyas originarios de La Barca, Jalisco, que desaparecieron en Nava, municipio de la región de los Cinco Manantiales, muy cerca de Piedras Negras. Martínez notó de inmediato que el promedio de edad de las personas desaparecidas en Coahuila entre e 2007 y 2012 era de 25 a 45 años.
Además de empezar a dar seguimiento a estos dos casos en concreto, Martínez recibió muchos más. En el arranque, prácticamente estaba ella sola atendiendo a las familias. A pesar de ello, ese mismo año definió las características de las víctimas, el contexto en el que se daban las desapariciones, los patrones, así como los modus operandi.
Su primera hipótesis fue que había una estrategia intencionada contra hombres en edad productiva, personas que estaban en tránsito por Coahuila, la mayoría de ellos en carros con placas de otros estados, y que el modo en el que las familias habían tenido información estaba vinculado a una primera detención de control básico de policías de caminos o tránsitos, o policías municipales.
“Estaba sucediendo —explica— un nuevo fenómeno de la desaparición y a diferencia de otros años en México, donde la desaparición se concentraba fundamentalmente en eliminar al enemigo político en un contexto de un régimen totalitario, ahora la nueva práctica de la desaparición, sin descartar que este perfil limitante pudiera seguir siendo objetivo de esta práctica, se estaba dando de manera generalizada en la sociedad”.
Sin embargo, ante este fenómeno, aún prevalece en algunos lugares del país un discurso oficial que se limita a señalar que las desapariciones de personas son resultado de “ajustes de cuentas” entre las bandas del narcotráfico.
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