La raíz de la violencia moderna que padece Oaxaca está en 2006. El pulso autoritario con el que Ulises Ruiz Ortiz ejerció su gobierno, encubriendo y provocando sinfín de asesinatos, encarcelando y exiliando a opositores, dividiendo comunidades organizadas, cerrando periódicos críticos, reprimiendo protestas y plantones, generó la tensión social que estalló en la insurrección aglutinada bajo el nombre de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca.
Para contener ese descontento y obtener apoyo del PRI durante la atribulada toma de posesión de Felipe Calderón como Presidente, el entonces secretario de Seguridad, Eduardo Medina Mora —hoy bajo investigación por lavado de dinero— implementó en Oaxaca una estrategia que añadió ilegalidad y crueldad a la ya de por sí ilegal y cruel forma en que Ruiz Ortiz concebía el acto de gobernar su estado.
Los daños de aquella solución autoritaria son hondos. Oaxaca padece aún los efectos de esa brutal forma de resolver un conflicto político que a nivel nacional evidenció el rezago de la transición democrática de 2000, al prevalecer ínsulas tiránicas como la oaxaqueña, donde libertades civiles esenciales eran restringidas y se carecía de institucionalidad para lograr gobernabilidad.
“De manera masiva y sistemática el Estado violó el principio de presunción de inocencia, al debido proceso y garantías judiciales, además de que ejecutó detenciones arbitrarias y tratos crueles inhumanos y degradantes, e incurrió en desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales, consideradas como violaciones graves de derechos humanos”, concluye el informe Ya sabemos. No más impunidad en Oaxaca, de la Comisión de la Verdad que investigó los hechos, en la cual me tocó participar.
Sustentado en lo anterior, Horacio Sosa, víctima de aquella represión y diputado actual, propuso retirar dos placas en honor de Ruiz Ortiz, colocadas en el Palacio Legislativo. El gesto simbólico fue apoyado por la mayoría de los legisladores, “como una forma de respeto a las personas asesinadas, desaparecidas, torturadas, y al pueblo agraviado”.
Ahora sigue la justicia. Para que Oaxaca tenga menos violencia en el futuro y destierre sucesos trágicos como los recientes en San Mateo del Mar, tendría que atenderse a fondo la tensión social y el desastre político enraizados en 2006.
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