Blanca Martínez es directora del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios y asesora de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fundec), el primer grupo conformado por las víctimas de la violencia ocurrida en los años recientes en el noreste de México.
Martínez, originaria de Coahuila, adquirió una amplia experiencia en el sur de México como activista en el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, fundamentalmente en el tema de los derechos indígenas y por el territorio.
Fue en 2009 cuando el entonces obispo de la diócesis de Saltillo, Raúl Vera —quien antes había estado en la diócesis de San Cristóbal de las Casas— la buscó para que lo ayudara con la situación, ya que la crisis de víctimas rebasaba la capacidad de atención del Centro que había formado en Saltillo. Poco tiempo después, Martínez dejó el sureste del país y volvió a Coahuila. “Estamos entrando en una escalada de violencia que no hemos vivido en otros años y que rebasa los planteamientos o metas que hemos estado viviendo”, le advirtió el obispo a su llegada.
De acuerdo con su análisis, el deterioro de las instituciones del Estado en todos los niveles y la penetración del crimen organizado en todas las estructuras del poder estaban generando una situación de violencia generalizada contra la población. Desde su llegada, Martínez trató de entender las dinámicas de Coahuila para determinar cuáles deberían ser las respuestas de un Centro de Derechos Humanos.
“Mi regreso a Coahuila fue, desgraciadamente, en un momento muy triste para la historia de nuestro estado y del noreste del país; en una extensión clara de la crisis institucional del Estado mexicano en el que los poderos fácticos y los poderes formales coincidían en un espacio en el que la posibilidad de derechos estaba ya vetada”, cuenta la defensora de derechos humanos.
Lo que resultó evidente al poco tiempo fue encontrar que el estado tenía una incapacidad de poder atender la violencia mientras que la delincuencia organizada empezaba a tomar grandes porciones de territorio del noreste. Tomar territorio significaba adquirir control de población y control de la vida social y económica de esta región. Eso sucedió en varios estados, pero en Coahuila hubo quienes, como Blanca Martínez, pudieron documentarlo y denunciarlo.
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