Todas las personas desaparecidas, que actualmente la cifra oficial es de un poco más de cien mil, tienen la misma importancia.
Ayotzinapa se convirtió en relevante porque puede determinar la manera en que el Gobierno de México dará respuesta esta violación de derechos humanos.
La presión interna y externa obligó al presidente EPN a tener que aceptar la creación de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que ayude a que la sociedad tenga una versión creíble sobre lo acontecido en Iguala a finales de septiembre de 2014.
El GIEI ha presentado un tercer informe, ya en la administración encabezada por AMLO, en el que han procesado información a la que antes no tuvieron acceso.
Estas nuevas variantes permiten afirmar con mayor certeza la participación de agentes estatales en la desaparición de los estudiantes.
Hay tres hechos sumamente relevantes que quedan documentados: en el basurero de Cocula se realizaron actividades en orden a ocultar lo sucedido, el Gobierno Federal sabía que Iguala es clave en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, hasta el día de hoy hay redes macrocriminales que han asesinado a 20 personas que podrían proporcionar información.
En ese sentido, la afirmación que “Fue el Estado” tiene cada vez mayor sustento. No se puede evadir la responsabilidad personal en estas graves violaciones de derechos humanos.
Al mismo tiempo, tenemos que complejizar la concepción de Estado y afirmar que el Estado somos todos.
La sociedad en general no podemos eximirnos de un cierto grado de responsabilidad frente a esta crisis humanitaria que se vive actualmente en México.
El informe es enfático en que una manera de buscar soluciones a este escenario es seguir el modelo de ayuda internacional, la atención a víctimas, y la participación de la sociedad civil.
Si en cada estado de la federación no se organiza la sociedad en general para dar seguimiento a esta violación continua de derechos humanos, será muy difícil enfrentar esta crisis.
@davidperes_
