“Cuando un video sexual se asoma, la gente no perdona, 'le pasó por calentona'”, dice una canción del artista mexicano Danger AK, al referirse a la Ley Olimpia. Y es que al igual que en otros casos de violencia contra las mujeres, la mayoría de las denuncias por difundir fotos y videos íntimos terminan en una revictimización, pues se trata de procesos cargados de prejuicios sobre las involucradas.
Recordemos que Olimpia Coral Melo, activista e impulsora de esta iniciativa, acudió al Ministerio Público a levantar la denuncia por la difusión de un video sexual sin su consentimiento, pero el agente que la atendió le pidió ver el contenido, para después asegurarle que no existía abuso sexual y por tanto no había delito qué perseguir.
Si bien las redes sociales nos han servido para denunciar situaciones de violencia y construir redes de sororidad, en ellas, las mujeres también somos una cosa que se puede acosar, exponer y humillar con total impunidad. Pareciera que no existe un entorno seguro para nosotras. Internet se ha convertido en una cacería donde abundan los machitrolles.
Según el Módulo sobre Ciberacoso 2015 del INEGI, al menos 9 millones de mexicanas habían experimentado ciberacoso, en sus diferentes formas. Y, recientemente, el diario El Universal reveló que hasta junio de este año ninguna persona había sido procesada en la Ciudad de México por violaciones a la intimidad sexual.
Los señalamientos apuntan a nuestra necedad de salirnos del ámbito que por mandato social nos corresponde: el privado. Ni qué decir de nuestro derecho a la libre expresión y a ejercer nuestra sexualidad con plena libertad. ¿Por qué no podemos mandar fotos o videos desnudas o de contenido sexual con tranquilidad? ¿Cuántos hombres sienten incertidumbre o miedo al hacer lo mismo?
Aunque la legislación al respecto es un gran avance, ninguna norma está pensada para atacar el origen de la violencia. Debe haber un fuerte entrenamiento para que las autoridades sepan cómo manejar estos casos.
Pero tampoco empieza ni termina en la intervención de la justicia penal. Se trata de un problema de género, de desigualdades de poder entre quien obtiene y difunde contenidos de este tipo y la persona humillada y estigmatizada por la divulgación. La violencia digital —que es mucho más amplia que la compartición de contenidos íntimos— es una extensión de la situación estructural de violencia, es otra de las formas en que el sistema continúa castigando permanentemente a las mujeres.
Seguimos atacando los síntomas y no los problemas de base. Las campañas no resuelven la falta de empatía ni el esfuerzo mínimo que ha caracterizado a las autoridades para proteger a las mujeres, ni mucho menos, la conversación torpe que reduce su actuar y eficacia a más o menos presupuesto público.
@DanielaPachecoM
*Comunicadora Social y Periodista. Especialista en Cooperación Internacional y Proyectos para el Desarrollo. Jefa de Comunicaciones de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social.
