Las relaciones internacionales suelen ser un buen indicador de la política doméstica. México responde desde la solidez de un proyecto soberano, mientras que Perú actúa desde la precariedad de un poder que se tambalea. El episodio del asilo y la ruptura revela más sobre Lima que sobre Ciudad de México: la desesperación de un gobierno que necesita inventar enemigos para ocultar su mediocridad y la persistencia de un racismo que aún define los límites del poder político en el país sudamericano.
El racismo y el clasismo en el Perú se han consolidado en un sistema de exclusión que aún determina quién puede hablar, quién puede gobernar y quién puede ser creído. A Pedro Castillo se le acusó de ignorante, de incapaz, de campesino torpe. A Betssy Chávez, de “insolente”. A ambos se les aplicó la severidad de un Estado que tolera y hasta premia la corrupción de los poderosos, pero castiga el atrevimiento de los pobres. Recordemos las imágenes de las protestas en el sur andino, con mujeres aymaras arrodilladas frente a tanquetas y jóvenes baleados y asesinados en Puno, en un país donde el color de la piel y el lugar de nacimiento siguen marcando la frontera entre la vida y la muerte.
Desde que Pedro Castillo llegó al poder en 2021, su figura despertó los prejuicios más arraigados de la élite limeña. Un maestro rural, sindicalista, con sombrero chotano y sin apellido compuesto: todo lo que el establishment peruano había combatido durante décadas. Su gobierno, torpe en varios frentes y desbordado por el asedio institucional, fue víctima de una guerra mediática y judicial que encontró en el racismo y el clasismo su lenguaje más eficaz. Castillo no cayó solo por errores políticos, sino porque una parte del país nunca soportó verse gobernada por alguien que encarnaba al pueblo.
Betssy Chávez, su primera ministra en los últimos meses del gobierno, siguió el mismo destino. Encarcelada desde 2023 hasta el pasado septiembre, enfrenta cargos de rebelión y conspiración, delitos que históricamente se asocian a la disidencia política: figuras jurídicas ambiguas, difíciles de probar, pero muy útiles para castigar a quienes representan proyectos populares. En América Latina, esas acusaciones han sido siempre una coartada perfecta para transitar una zona gris donde el lawfare se vuelve el instrumento preferido de las élites para eliminar adversarios.
El gobierno de José Jerí, sucesor de Dina Boluarte, decidió romper relaciones diplomáticas con México tras el anuncio del asilo. El gesto, presentado como una defensa de la soberanía nacional, es en realidad una cortina de humo de un poder exhausto. Jerí llegó a la presidencia en medio del agotamiento político, sin base social ni legitimidad real, y ha intentado sobrevivir con discursos patrioteros y un control mediático que sustituye la política por el espectáculo. A esto se suma la sombra de una denuncia por violación sexual que lo persigue desde antes de asumir el cargo y que ha erosionado aún más su imagen pública.
En un país donde los escándalos son la constante y los ministros caen cada pocas semanas, inventar un enemigo externo es la forma más barata de gobernar. Romper relaciones con México, además de provocar titulares, le permite posar como defensor de la soberanía frente a un supuesto intervencionismo.
Desde Lázaro Cárdenas hasta hoy, el asilo ha sido un instrumento moral y político, una declaración de principios frente al autoritarismo. México, fiel a su tradición diplomática, concedió asilo a Betssy Chávez tras considerar que era objeto de persecución política. En materia de derecho internacional, la regla es clara: el Estado que otorga el asilo es quien califica la naturaleza del caso, tal y como lo establecen múltiples instrumentos internacionales. Es decir, México no tiene que pedir permiso ni justificar su decisión ante el gobierno que persigue a la persona protegida. ¿Qué presidente o gobierno aceptaría que persigue y encarcela a opositores?
Sin embargo, el trasfondo de este conflicto diplomático no se encuentra en el derecho internacional, sino en la política interna peruana. El gobierno de Jerí busca desesperadamente legitimidad en un país desgastado por la inestabilidad crónica: seis presidentes en siete años, un Congreso desprestigiado, un poder judicial que actúa según los vientos del poder y un sistema mediático que convierte la persecución en espectáculo. En ese contexto, la ruptura con México sirve para distraer, para fabricar una épica nacionalista y para prolongar hacia afuera el conflicto interno.
En el tablero diplomático, Perú pierde más que México. Pierde interlocución regional, se aísla en la Alianza del Pacífico y erosiona su imagen internacional. En lo simbólico, la balanza es aún más clara: México aparece como un Estado coherente con su tradición de asilo y defensor de los derechos humanos. En términos relativos, México puede prescindir de Perú; Perú no puede prescindir de México sin costo.
No hay que perder de vista que Perú se encuentra a puertas de una nueva elección presidencial, y estos episodios no son inocentes. Los gestos de confrontación sirven para crear una narrativa de autoridad y orden. En ese tablero, su gobierno se vuelve funcional al fujimorismo, que necesita estabilidad sin cambio y crisis sin transformación. Jerí encarna la figura ideal para ese bloque conservador débil, dependiente y dispuesto a sostener un equilibrio que mantiene intactos los privilegios del poder. No es fujimorista, pero le es útil al fujimorismo, que mientras tanto sigue desmantelando las instituciones, desfigurando la democracia y profundizando la desigualdad en el país. Su debilidad consolida la fortaleza de un sistema que no quiere reformarse.
Hay quienes solo portan la banda de presidentes como elemento decorativo y hay estadistas. Este episodio deja bastante claro quién es quién.
