Por haber realizado una licitación ilegal en 2022, el Gobierno del Estado de Jalisco deberá indemnizar a un despacho fiscal y además dar una serie de explicaciones por haber contratado a una empresa que presentó una cotización más costosa para la defensa de un crédito fijado por Hacienda.
El proceso ocurrió durante el gobierno de Enrique Alfaro, aunque el adeudo de 515 millones de pesos de impuestos fue generado por la administración de Aristóteles Sandoval.
El 5 de diciembre de 2008, el entonces presidente Felipe Calderón publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación para regularizar los adeudos fiscales del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de municipios y entidades. Aunque ya no estaba vigente, el Organismo Público Descentralizado (OPD) Servicios de Salud Jalisco quiso utilizar en 2015 los beneficios en pagos provisionales del ISR.
Una auditoría practicada por el SAT y notificada el 22 de junio de 2020 mediante oficio 500-30-2020-02974, con orden número PGM6300006/20, encontró incumplimientos en obligaciones fiscales del OPD Servicios de Salud Jalisco, por lo que le fincó el crédito fiscal 500-30-00-04-02-2022-02062, de fecha 26 de abril de 2022, por el orden de 515 millones 892 mil 442 pesos.
Ante esta situación, el Gobierno de Jalisco por medio del organismo lanzó el 15 de septiembre de 2022, la licitación pública local LCC-041-2022, denominada “Consultoría en asesoría y defensa en materia fiscal para el O.P.P. Servicios de Salud Jalisco”, con el fin de realizar la defensa del crédito fiscal.
Para la convocatoria se anotaron Monty Servicios Contables, S.C. con una propuesta de 17 millones 953 mil 056 pesos; Yalet Servicios, S.C., con 17 millones, 999 mil 999 pesos; Corporativo Intec Sol, S.A. de C.V., con 17 millones 991 mil 600 pesos y Núñez López Consultores, S.C., con un planteamiento de 12 millones 760 mil pesos.
El 30 de septiembre de 2022 el comité de adquisiciones da a conocer que la empresa ganadora es Monty Servicios Contables, S.C., porque su oferta cumple “con los parámetros económicos de la licitación y de ofrecer el precio solvente más conveniente”.
Pero el despacho Núñez López Consultores, S.C. decidió recurrir a un amparo para impugnar el fallo de la licitación al considerarla ilegal, ya que se violentó la seguridad jurídica pues quienes integraron el comité en la apertura y presentación de las propuestas era diferente al que emitió el fallo, tanto en número como integrantes.
De acuerdo con el juicio de amparo indirecto 1996/2022 en materia administrativa ventilado en el Juzgado Quinto de Distrito, el juez decide otorgar el amparo y dejar sin efecto la licitación, el fallo y contrato de prestación de servicios.
El área jurídica del OPD Servicios de Salud impugnó la sentencia al considerar que es improcedente porque el hecho se ha consumado en forma irreparable, ya que existió el contrato, se prestó el servicio de anular el crédito fiscal y que obligar al organismo a un cumplimiento sustituto (un pago), “afectaría en mayor medida a la sociedad, frente a los beneficios que pudiera obtener la parte quejosa”.
Sin embargo, en la revisión del amparo 261/2024 del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, el magistrado Mario Alberto Domínguez Trejo rechaza que el hecho esté consumado en forma irreparable, ya que se puede indemnizar a la persona por los daños causados ya que, de no resolverse el asunto, “se convalidarían las ilegalidades” generadas en su perjuicio.
Integrantes del despacho fiscal que tramitó el amparo advierten que podrían recurrir a la Contraloría o la misma Fiscalía Anticorrupción, ya que consideran que fue increíble que dieran el fallo a una empresa que presentó una cotización con más de cinco millones de pesos de diferencia, lo que los hace sospechar que todo estaba arreglado para favorecerlos.
Además, ante el argumento que al indemnizarlos se afectaría a la sociedad, advierten que más se le afecta al permitir licitaciones amañadas donde no se llama a cuentas a los responsables.
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