La mayoría oficialista en el Senado aprobó la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo añadiéndole un primer artículo transitorio aviesamente inconstitucional para que la nueva norma se aplique con retroactividad.
Es tan burda la maniobra que apesta a distractor para que la atención pública, mediática y política no repare en las demás aberraciones contrarias a la Constitución de la propuesta y ésta se apruebe lo más desapercibida posible.
Sobrevendrá, pues, la demolición del derecho individual y social al amparo de la justicia federal, impidiendo que los jueces dicten la suspensión provisional de actos arbitrarios de la autoridad merced a una maligna ley inconstitucional.
Casi nadie discute ya la restricción a la suspensión provisional en sus alcances –sobre todo en casos fiscales, ambientales y financieros. Tampoco de la pretendida improcedencia del amparo cuanto hay “interés legítimo”, inspirada en obstáculos legales como los que tuvo Andrés Manuel López Obrador desde que fue jefe del Gobierno capitalino, motivados por acciones ilegítimas en materia de obra pública (como la que lo llevó al desafuero).
Para colar el destructivo agregado se usó a un abogado que cobra como “legislador” y delata su ignorancia de preceptos elementales de Derecho: el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, prestanombres de la “sugerencia”. ¿Es imaginable que algún miembro de la bancada morenista en el Senado proponga lo que sea sin consultar al desacreditado coordinador Adán Augusto López?
Tan grave, ridícula y burda es la artimaña que la presidenta Claudia Sheinbaum, quien no es abogada, calificó el parche de ilegal, contrario al sentido común y al artículo 14 constitucional.
El escándalo se ha centrado en la retroactividad, apagando los reflectores al despojo de uno de los más preciados derechos individuales y colectivos que entraña la iniciativa de reforma.
Con el teatro de la retroactividad, el oficialismo hace una doble jugada: implícitamente insinúa que la pendejada es de Adán Augusto, exhibiéndolo como retrógrada y pésimo pastor de sus correligionarios, y a la vez consigue que la atención se centre en la previsible anulación del transitorio en San Lázaro (como lo adelantó Ricardo Monreal), y no en que se desampara a los justiciables mientras blinda a las autoridades para hacer lo que les dé la gana sin correr el riesgo de que se suspendan ipso facto, así sea provisionalmente, sus arbitrariedades.
Por desgracia parecen haberlo logrado: muchos se han ido con la finta de la retroactividad y dejaron de lado la discusión de la restricción a los alcances de la suspensión provisional en el amparo (sobre todo en casos fiscales, ambientales y financieros).
Con la eliminación del primer transitorio, que viola el principio universal y milenario de la irretroactividad de las leyes, el nacionalpopulismo en el poder quiere mostrarse “respetuoso y protector” de la Constitución cuando con otros apartados de la reforma vulnera derechos fundamentales reconocidos por la Constitución...
