Mañana se conmemoran 103 años de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: una constitución viva y dinámica que a lo largo de su historia ha recogido las exigencias de una sociedad ávida de libertad, igualdad, justicia y bienestar. Una constitución que refleja la lucha de los trabajadores por condiciones dignas; la lucha de los pueblos y comunidades indígenas por su reconocimiento y autodeterminación; la lucha de las mujeres por la igualdad; la lucha de las personas con discapacidad por ser tomadas en cuenta en un mundo que construye barreras.
Nuestra constitución ha dado cauce a los anhelos de paz y prosperidad, y su contenido normativo ha transformado la realidad de muchas personas. Pero entre las cuentas pendientes de nuestro constitucionalismo sigue estando, dolorosamente, la consolidación de un estado de derecho y la promesa de una justicia para todos.
La prevalencia de los clientelismos, las redes de tráfico de influencias, el nepotismo, los juegos de intereses y la corrupción siguen siendo el principal obstáculo para un acceso igualitario a la justicia; constituyen una amenaza al estado democrático de derecho, y hacen de la justicia federal un privilegio para unos pocos.
Para acabar con estos males, en el Poder Judicial de la Federación hemos emprendido un profundo proceso de renovación que busca precisamente desarticular estas redes. Hemos implementado políticas públicas que le dan sentido y propósito a las facultades de administración, disciplina y vigilancia del Consejo de la Judicatura Federal, bajo una lógica de acabar con los cotos de impunidad. Esta nueva estrategia, además de traducirse en sanciones concretas, busca tener un efecto disuasorio y transmitir hacia el interior el mensaje de que estamos avanzando hacia una nueva identidad institucional, en la que las prácticas toleradas en el pasado ya no tienen cabida.
Paralelamente, para acabar con la desigualdad en el acceso a la justicia federal, brindar una defensa adecuada en los procesos penales y acercar el amparo a las personas con menos recursos, hemos dado un impulso inédito al servicio de defensoría pública gratuita, para hacerlo llegar a las personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad y que históricamente han estado privados de asistencia jurídica. Estamos buscando hacer realidad el nuevo paradigma constitucional de una defensoría pública de calidad para la ciudadanía, multiplicando los servicios que prestamos y buscando llegar a un número más amplio de personas, para brindarles la defensa y asesoría legal que la Constitución les garantiza.
Un verdadero estado de derecho brinda la certeza y seguridad necesarias para que la Constitución despliegue en forma efectiva sus reglas, principios y valores, haciendo posible una sociedad más solidaria, en la que todas las personas puedan hacer oír su voz, ejercer y exigir sus derechos en igualdad de condiciones y en la que no tenga cabida la impunidad.
La visión de nuestra Constitución es la de un sistema de justicia independiente, imparcial, íntegro, no discriminatorio, transparente y de calidad, que garantice los derechos de todas y todos. Es claro que ese ideal constitucional de justicia está lejos aún de ser una realidad. Muchos factores la hacen elusiva y alcanzarla es una tarea compleja e inacabada que requiere de un verdadero compromiso, voluntad política y una visión de conjunto.
Es con esa visión en mente, refrendando ese compromiso, y con el fin de seguir en la lucha trazada, que en breve se presentarán a los poderes Ejecutivo y Legislativo las propuestas de reforma que permitirán al Poder Judicial de la Federación consolidar la justicia federal honesta y democrática que todos anhelamos. En un ejercicio ejemplar de colaboración, respeto e independencia entre poderes, se perfila una reforma que partirá del diagnóstico y propuestas emanadas de la propia rama judicial y cuyo propósito es fortalecerla en beneficio de todos.
