La muerte de Carlos Peredo en Teziutlán no es solo el deceso de un político; es, simbólicamente, el acta de defunción de una era. El llamado Cacique de la Perla de la Sierra gobernó Teziutlán en cuatro ocasiones, saltando del PRI a Compromiso por Puebla y terminando en Morena. Su figura encarnó un pragmatismo camaleónico que le permitió ser el centro del poder absoluto, sin importar el color en turno.
Sin embargo, aunque su partida marca el fin de un ciclo en el norte, en el resto del estado los cacicazgos tienen más vidas que un gato. El ejemplo más cercano goza de cabal salud en San Andrés Cholula, donde la alcaldesa Guadalupe Cuautle recibió la estafeta directamente de su esposo, Edmundo Tlatehui.
Cuestionar la herencia del poder no es un ataque de género —la capacidad de Cuautle no está en duda por su condición de mujer—, es la crítica a un sistema de cuotas familiares. Lo grave surge cuando los resultados respaldan esa capacidad. Hoy, mi compañero David Meléndez nos alerta en la multiplataforma de MILENIO: mientras San Andrés se hunde en la inseguridad, las prioridades presupuestales se enfocan a los reflectores.
Durante 2025, los delitos en este municipio crecieron 9 por ciento, sumando 3 mil 614 incidentes, mientras sus vecinos logran bajar sus índices. El contraste financiero es preocupante: el ayuntamiento de Cuautle destinó 1.3 millones de pesos a su promoción personal, un 22.5 por ciento más de lo invertido en mejorar el Centro Integral de Protección y Seguridad (apenas 1.07 mdp). En San Andrés, parece que sale más barato disimular el combate al crimen que dar resultados.
Este vicio de ver las alcaldías como patrimonio familiar tiene capítulos oscuros: los hermanos Ramiro, Uruviel y Giovanni terminaron presos tras gobernar el Valle de Serdán como un feudo con ventanillas en Tlachichuca, Chalchicomula y San Nicolas Buenos Aires.
¿Qué decir de Tehuacán?, donde Álvaro Alatriste y Ernestina Fernández, los polémicos Mostros, dejaron herida patrimoniales que aún no cierran.
Con la publicación de las reformas constitucionales para impedir la reelección consecutiva y el nepotismo electoral se alcanza a ver una luz: nadie podrá heredar el cargo a cónyuges o parientes.
Aunque dicha ley sea plena en 2030, el mensaje es claro: la era de los "dueños" de los municipios está por caducar. Es tiempo que las instituciones pesen más que las actas de nacimiento… o matrimonio.
