La lógica sospecha de que agentes estadunidenses, policías ministeriales de Chihuahua y soldados del Ejército participaron en el desmantelamiento de narcolaboratorios en la sierra de Guachochi mantiene abierto un episodio turbio y exhibe una alarmante desinformación en las más altas esferas del poder.
Sin titubear, la presidenta Claudia Sheinbaum insistió ayer en la probabilidad de que así fue y por decisión exclusiva de las autoridades chihuahuenses.
The New York Times —entre otros medios respetables— asegura que los oficiales adscritos a la embajada gringa y muertos en el accidente pertenecían a la Agencia Central de Inteligencia.
¡Chíngale!
El fiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, sostiene que el director de la Agencia de Investigación estatal y un subordinado (que asimismo resultaron muertos), después del aseguramiento del narcolaboratorio y en otro punto lejano, se toparon con los dos “instructores estadunidenses de drones” y quisieron darles un aventón, el vehículo se desbarrancó y sus cuatro ocupantes perdieron la vida.
Dice igualmente que, si fuera cierta la participación de los estadunidenses, el Ejército no habría apoyado el operativo.
El entuerto no es de mera confusión burocrática, sino un episodio que compromete soberanía, mando institucional y cadena de responsabilidades.
Si una autoridad estatal pudo “arreglarse” con una agencia extranjera —lo que sería jurídicamente inadmisible—, ¿la policía ministerial de Chihuahua embaucó también al Ejército en el “operativo conjunto”?
Y si los militares fueron engañados, su comandante de Zona procedió sin saber quién coordinaba realmente la operación. Y de saberlo, ¿no informó al alto mando sobre su papel en una de las mayores incautaciones de infraestructura criminal?
Ahora que, si lo informó, la explicación ya no correspondería al ámbito local, sino al mando superior de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero me parece impensable que el general secretario de la Defensa, el divisionario Ricardo Trevilla, hubiese tolerado la actuación clandestina de agentes extranjeros sin tomar las previsiones legales, políticas y diplomáticas del caso… y sin informarle a la Presidenta.
En cualquier escenario, el saldo es demoledor.
O hubo engaño a fuerzas federales por parte de las autoridades chihuahuenses, o hubo una coordinación irregular tolerada, o peor si en los niveles superiores nadie sabía quién hacía qué en un operativo tan relevante.
El dicho del fiscal suena convincente (yo le creí), podría ser cierto, pero no bastan las versiones parciales, los silencios calculados ni los desmentidos de ocasión.
Lo que sale a flote es un aparato fragmentado de seguridad donde cada quien parece moverse por su cuenta, donde la información no circula o se administra según conveniencias políticas, y donde ni siquiera la muerte de funcionarios y presuntos agentes extranjeros alcanza para imponer claridad.
Si así se combate al crimen organizado, el crimen organizado debe estar agradecido...
