El tema de esta semana fue la publicación del acuerdo en el Diario Oficial de la Federación (DOF), donde se formaliza la participación de las fuerzas armadas en las funciones de seguridad pública, misma que será de manera "extraordinaria, regulada, fiscalizada subordinada y complementaria con la Guardia Nacional".
Situación que ya había sido aprobada por las diferentes fuerzas políticas, pero que ha sido observada y señalada con preocupación por las organizaciones de derechos humanos por lo que ello implica, considerando que históricamente las fuerzas armadas en México han violado de manera sistemática los derechos humanos. Porque no solamente estamos en medio de una crisis sanitaria, las crisis que venimos heredando cada periodo gubernamental ya sea federal estatal y municipal, es lo relacionado a la seguridad, los mecanismos de procuración de justicia y las instituciones de impartición de justicia. Y no bastará con tener más fuerzas de seguridad en las calles, si en los ministerios públicos hay verdaderos espacios para la corrupción, problema que también encontramos en el poder judicial, siendo la “IMPUNIDAD” el verdadero problema en México.
Si bien ante la otra emergencia, la de seguridad, las fuerzas armadas son una institución que tiene mayor confianza entre la población a diferencia de las policías (federal, estatal y municipal), esto no las exime que abusen del poder conferido, y si bien, el Presidente de la República cuenta con un amplio respaldo social, no significa que elementos del ejército actúen utilizando fuerza excesiva.
No debe estar el Ejército en las calles por el contrario, es una institución que con el tiempo debiera tener un papel menos preponderante en el sistema político mexicano. Y si bien, en la actualidad la Suprema Corte de Justicia ha buscado dotarse de legitimidad, con fallos históricos como el echar atrás la “Ley Bonilla”, aún tiene serios descalabros con ministros, magistrados y jueces por lo menos señalados de corrupción, como el caso del exministro Eduardo Medina Mora.
Ni qué decir de las comisiones de derechos humanos, cuyo papel cada vez es más testimonial, sobre todo en estados (como Hidalgo), donde son señalados por ser comparsas o subordinados al Poder Estatal. Urge un nuevo contrato social, una nueva constitución.
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