Durante las últimas semanas en Hidalgo se han discutido temas relacionados a los derechos humanos, primero, los problemas de la violencia social, siendo señalados como un “estado huchicolero” con las graves consecuencias que conocemos.
Por otro lado, los casos de linchamiento, que son reflejo de la ausencia del Estado de Derecho, cuya solución de fondo no está en la creación de un protocolo de atención ante estos casos (aun con todo y protocolo, los linchamientos persisten), porque el problema es estructural, resultado de la falta de confianza de la ciudadanía hacia las instituciones, hacia su clase política.
También se continúan presentando casos de feminicidio en la entidad, sin garantizar a las mujeres un estado libre de violencia. Actualmente se discute, pero no se define el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo.
Luego la Comisión Nacional de los Derechos Humanos coloca a Hidalgo como uno de los estados con mayor problemática penitenciaria, al contar con cárceles en condiciones de autogobierno, conductas ilícitas como cobros y extorsiones; sobrepoblación y hacinamiento, así como deficiencias en servicios médicos, sin mencionar las dificultades del sistema de justicia penal.
Y como lo ha sido en los últimos años, el gran ausente en todas las discusiones en materia de derechos humanos, sigue siendo la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, quien continúa en el ostracismo, muy lejana de marcar la agenda pública en favor de los derechos humanos. Pero entre todo ello, se ha dado un pequeño avance, al garantizar el derecho a la identidad para personas trans, gracias a que la comunidad LGBTTTI del estado se unió en torno a la causa, sumar y no restar, y ya son, un gran ejemplo para otras organizaciones y grupos sociales.
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