Hace casi cuatro décadas la Ciudad de México vivió uno de los terremotos más devastadores de su historia, pues con una magnitud de 8.1 derribó más de 400 edificios, dejó daños estructurales en alrededor de 10 mil viviendas y se estima que murieron desde 5 mil hasta 35 mil personas.
Sin embargo, más allá de la tragedia, el evento abrió una serie de oportunidades y desafíos que volvieron al mercado de la seguridad física en una de las industrias más importantes del país.
De acuerdo con datos de la Asociación de la Industria de Seguridad a escala global (SIA, por su sigla en inglés), la demanda general por equipos y servicios de seguridad física en México alcanzó un valor de mil 850 millones de dólares en 2024 y se proyecta que crezca a más de 2 mil 630 millones para 2028.
Pues destacan que crecerá a una tasa promedio anual de 9 por ciento, cifra por encima de la media global de 8.2 por ciento.
Consumidores importantes
Tras el sismo de 1985, las empresas comenzaron a implementar Comités Internos de Protección Civil, obligados por ley a contar con equipos de emergencia y protocolos de evacuación.
Estos incluyen botiquines de primeros auxilios completos, cascos, chalecos, anteojos de seguridad, radiocomunicadores, lámparas y señalización de emergencia. Pero además, la regulación que viene modernizando ya les pide plantas de luz de respaldo y escaleras o toboganes de evacuación.
Compañías proveedoras de estos equipos, como 3M, Dow, Honeywell y MSA Safety, reportaron un aumento sostenido en la demanda en México.
Demanda por seguros
También se impulsó un mercado incipiente de seguros contra desastres. Samuel Guzmán Hernández, director de Daños en General de Seguros, explicó que antes de 1985 las compañías veían los seguros como un gasto innecesario, pero desde entonces se adoptó una cultura más consciente del riesgo.
Hoy, solo 18 por ciento de las empresas en México cuentan con seguros de daños que incluyan cobertura catastrófica por terremotos, es decir, 8 de cada 10 empresas cuentan con alguna cobertura de seguros de propiedad.
Los costos dependen de la ubicación geográfica y del tipo de construcción: en la zona oriente de CDMX, las primas pueden ser 10 veces mayores que en municipios periféricos como Tepotzotlán.
En 2024, según la AMIS, se pagaron 29 mil 395 millones de pesos en primas por riesgos catastróficos, de los cuales 12 mil 680 millones corresponden a cobertura de terremotos,
Guzmán subraya que el seguro no solo cubre daños materiales, sino que agiliza la recuperación empresarial: “Permite mantener la producción, reconstruir instalaciones y financiar rutas para restablecer la operación normal”.
Cobertura en viviendas y empresas
A pesar de estas medidas, la penetración de seguros sigue siendo baja.
- Solo 13 por ciento de las viviendas particulares habitadas cuentan con algún seguro.
- En el sector empresarial, apenas 2 de cada 10 compañías cuentan con pólizas catastróficas.
- El gasto en primas de seguros representa alrededor de 0.5 por ciento del PIB nacional, muy por debajo de países con alta exposición sísmica.
Esto evidencia que, si bien las grandes empresas pueden invertir en prevención y seguros, la mayoría de las viviendas y pequeñas empresas siguen vulnerables frente a un desastre.
El sismo de 1985 impulsó la creación del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) y la instalación de sismógrafos en oficinas y dependencias de gobierno.
Hoy, un sistema privado de alerta sísmica puede costar entre 150 mil y 300 mil pesos, dependiendo del tamaño del edificio y la complejidad de la instalación. Estas tecnologías permiten una reacción más rápida y coordinada frente a eventos telúricos, reduciendo riesgos para las personas y los activos materiales.
Para Ferrer Toledo, la Ciudad de México enfrenta desafíos estructurales y sociales:
- Suelo complejo: la zona lacustre presenta condiciones que afectan la estabilidad de edificios, lo que requiere estudios más precisos y constantes.
- Instrumentación limitada: los sensores sísmicos son costosos y no siempre existe intercambio de información entre universidades, gobierno y empresas privadas.
- Actualización de reglamentos: se necesita un equilibrio entre normativas nacionales y acotaciones locales adaptadas a las condiciones de riesgo.
- Formación de especialistas: existe un déficit de ingenieros estructurales y sismólogos capacitados para analizar y supervisar edificaciones.
Ferrer enfatizó: “La inversión en prevención siempre será más barata que la reparación posterior, pero requiere visión y compromiso a largo plazo”.
Por su parte, Samuel Guzmán señala que el sector asegurador debe acercar productos accesibles y adaptados a diferentes tamaños de empresa, para que la cultura del seguro deje de ser un lujo y pase a ser una herramienta de resiliencia económica.
El cambio en la normativa y la ingeniería estructural
Hugo Ferrer Toledo, ingeniero civil, maestro en estructuras y doctor en sismología, recuerda que el sismo de 1985 fue un punto de inflexión en la regulación de la construcción en México. Ferrer, académico del Colegio de Ingeniería, Arquitectura y Tecnología de Oklahoma State University, señala: “Uno de los principales parteaguas que vio nuestro país a partir del sismo del 85 fue el tema de la reglamentación”.
Antes de 1985, la normativa mexicana carecía de criterios estrictos sobre resistencia sísmica, y los edificios muchas veces se diseñaban sin considerar cambios en el uso que pudieran alterar la carga estructural. Tras el desastre, se implementaron normas emergentes, seguidas de actualizaciones periódicas en 1987, 2004 y 2017, que incorporaron figuras como directores responsables de obra y corresponsables técnicos especializados en suelos, instalaciones y estructuras.
El especialista explica que, en términos de construcción, se incorporaron varias técnicas de reforzamiento:
- Contraventeos diagonales, que actúan como través de soporte para absorber movimientos telúricos.
- Mejoras en concreto reforzado y mampostería, incluyendo el uso optimizado de ganchos y longitudes de desarrollo en las columnas.
- Reforzamiento de cimentaciones, con estudios detallados sobre la interacción suelo–estructura.
Estas medidas se complementaron con disipadores de energía y aisladores sísmicos, tecnologías que reducen el impacto de los movimientos del suelo en edificios altos. Además, la microzonificación sísmica ha permitido caracterizar con precisión las condiciones locales de riesgo, aunque Ferrer advierte que aún existen ciudades que carecen de estudios actualizados.
En términos económicos, el especialista estima que reforzar un edificio de oficinas de aproximadamente 10 mil metros cuadrados puede costar entre 50 y 120 millones de pesos, dependiendo de si se busca solo un refuerzo preventivo o una intervención integral que incluya reparación de daños existentes. Ferrer aclara que estas inversiones son costosas, pero siempre resultan menores al costo humano y económico de un colapso estructural.
AG
