En Guanajuato, 43 menores de edad han tenido que acudir ante la Secretaría de Salud del Estado a solicitar se les practique un aborto debido a que fueron víctimas de violencia sexual. De este total, 25 eran niñas de entre 14 y hasta 11 años las más pequeñas; ellas representan 52% de los casos.
Dichas cifras corresponden al periodo que va del 1 de enero de 2018 a octubre de 2025 y fueron obtenidas mediante solicitud de acceso a la información. Se detalla que, en el caso de las niñas víctimas de violación que fueron embarazadas, en dos casos tenían 11 años cuando se les practicó el aborto, ocho tenían 12 años, siete de ellas tenían 13 años y ocho más 14 años al momento de la interrupción.
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El mayor número de casos se registra en los municipios de León, Celaya, Irapuato, pero también se presentan casos en San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, Silao, Guanajuato capital y Dolores Hidalgo.
La respuesta a la solicitud de acceso a la información obtenida por MILENIO detalla que: “Es importante precisar que la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato garantiza que todas las solicitudes de interrupción voluntaria del embarazo en caso de violencia sexual sean atendidas y se realicen conforme a la normativa estatal y a lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005, denominada Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención”.
Contexto legislativo: tres iniciativas recientes y una votación cerrada
En Guanajuato, en menos de dos meses ya se han dictaminado tres iniciativas para aborto, que votarán en el pleno del Congreso del Estado antes de que concluya este 2025.
La última votación que realizó el pleno del legislativo fue el 5 de junio, donde por mayoría y con dos votos de diferencia se mantuvo la no despenalización.
Al respecto, el artículo 181 del Código Penal del Estado de Guanajuato establece: “A quien tenga cópula con menor de catorce años de edad o con persona que por cualquier causa no esté en posibilidad de conducirse voluntariamente en sus relaciones sexuales o de resistir la conducta delictuosa, se le impondrá de diez a diecisiete años de prisión y de cien a ciento setenta días multa”.
La falta de modificación al Código Penal local para la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo genera que, para poder acceder a un aborto, las mujeres deban argumentar que fueron víctimas de violación.
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Subregistro de casos de niñas abusadas sexualmente
La organización feminista Las Libres denuncia que en Guanajuato existe un subregistro de casos de niñas cuya infancia ha sido robada para convertirse en madres, ello principalmente por haber sido abusadas sexualmente.
Verónica Cruz aseguró que, desde 2020 a la fecha, la organización ha documentado por lo menos 400 casos de adolescentes y niñas embarazadas anualmente en el estado, siendo el caso más extremo el de una pequeña de tan solo 9 años de edad —el cual no se reporta en la información emitida por la Secretaría de Salud del Estado—.
“Tenemos el dato de una niña de nueve años embarazada en León en 2020; cada año aproximadamente 400 niñas están embarazadas y lo más grave es que ellas terminan pariendo cuando, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), no tienen ni la capacidad física, ni la capacidad económica, ni social, ni emocional”, indicó.
En Guanajuato, pese a los cinco intentos de diputados de oposición en el Congreso local, no se ha logrado la despenalización del aborto voluntario —sin que tenga que existir un hecho de violación de por medio para solicitarlo—.
Se mantiene en la lista de las ocho entidades que, pese a las resoluciones emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se resisten a modificar su Código Penal local y su Constitución. Por ejemplo, en el último mes se han presentado tres nuevas iniciativas que en conjunto conforman un sexto intento.
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Histórico: despenalización se quedó a dos votos
El 5 de junio de 2025, en un hecho histórico y luego de una sesión previa donde se había obtenido un empate (18 votos), ese día el Partido Acción Nacional logró sacar de último momento un voto más y reducirlo a la oposición para echar abajo la despenalización del aborto, al registrarse 17 votos a favor y 19 en contra.
Con esos votos, el Congreso del Estado de Guanajuato archivó la iniciativa para despenalizar el aborto, lo que generó que colectivos feministas presentaran un juicio de amparo ante la negativa de los diputados por legislar este tema. Movimiento Ciudadano y Morena presentaron, respectivamente, solicitudes para una declaratoria de Alerta de Género por agravio comparado.
Ahora, en menos de dos meses, y sin llamar a foros o mesas de trabajo a colectivos a favor y en contra, sin previa socialización con las diversas fuerzas políticas, la Comisión de Justicia del Congreso de Guanajuato dictaminó en sentido negativo las tres nuevas iniciativas (dos de Morena y una de Movimiento Ciudadano) para buscar la despenalización del aborto en Guanajuato.
Esto ocurrió en sesión celebrada el pasado 19 de noviembre, donde con tres votos a favor del PAN y dos en contra de Morena y PRI, se ordenó la emisión de un dictamen en sentido negativo y el archivo de las propuestas.
Ante este escenario, la presidenta de la comisión, la morenista Eugenia García Oliveros, anunció que presentará un voto particular para buscar “rescatar” las propuestas. Se prevé que la votación ante el pleno se dé antes de que concluya el 2025.
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Movimiento Ciudadano presentó la primera iniciativa en este periodo legislativo
Tras el arranque del primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de la actual LXVI Legislatura, el 9 de octubre de 2025 la diputada local de Movimiento Ciudadano Sandra Pedroza Orozco presentó una nueva iniciativa con la finalidad de despenalizar parcialmente el aborto voluntario hasta las doce semanas de gestación.
Plantea penas menores para las mujeres y personas gestantes que aborten voluntariamente luego de las doce semanas de gestación, y aumenta la punibilidad para quienes fuercen la interrupción del embarazo en cualquier etapa. También amplía las excusas absolutorias del delito de aborto.
Una semana después, el 16 de octubre de 2025, la diputada Eugenia García Oliveros, de Morena, presentó otra iniciativa de reforma a la Constitución Política local y al Código Penal estatal en materia de interrupción legal del embarazo.
Ese día explicó que la falta de acceso al aborto legal y seguro es una violación a los derechos reproductivos de las mujeres y personas gestantes, así como que tiene un impacto negativo en el ejercicio de sus derechos humanos, sus oportunidades de vida y su futuro. Con esta iniciativa es la segunda propuesta que presenta la emecista en esta legislatura.
Luego, el 6 de noviembre, un grupo de cuatro diputadas y un diputado de Morena presentaron otra iniciativa —la segunda del grupo parlamentario— para que en Guanajuato se despenalice la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 12 semanas y garantizar la prestación de este servicio por el Estado mediante instituciones de salud.
Este grupo de morenistas pide la derogación del párrafo cuarto en el artículo primero constitucional que establece que en Guanajuato se protege la vida desde la concepción.
A diferencia de legislaturas pastadas donde la aplanadora del Partido Acción Nacional no necesitaba de la oposición para detener estas iniciativas, hoy requiere de tres votos de otros partidos para frenarla, por lo que ha tenido que sumar un voto del PRD, PRI y Verde.
