La violencia contra las mujeres trans en México ha alcanzado niveles alarmantes y Jalisco es uno de los estados donde la crisis se hace más visible y los focos rojos se han encendido, entre las agresiones que no cesan y la impunidad que prevalece.
Así lo advierte Mónica Luz Ahumada Aguilar, directora de la Red Mexicana de Mujeres Trans, que documenta casos de discriminación, agresiones y asesinatos contra esta población. Tan solo en agosto registró ocho casos en Jalisco y catorce a nivel nacional.
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Entre los ocho casos documentados el mes pasado en Jalisco, dos fueron transfeminicidios mediáticos y los otros seis correspondieron a agresiones físicas graves contra mujeres trans: amenazas, violencia física, discriminación en el trabajo y secuestros, reflejando un patrón de violencia sistemática. “A varias compañeras se les obliga a vender para el crimen organizado y cuando no acceden, se toman represalias en su contra. Otras, dedicadas al estilismo o al activismo, sufren agresiones por alzar la voz”.
De acuerdo con la directora del organismo, muchas mujeres trans se dedican al trabajo sexual, una actividad que las expone al crimen organizado y a la que, en ocasiones, se ven orilladas por la discriminación en otros sectores laborales. Pero la profesión o el activismo no necesariamente las libra de ser víctimas. Hay quienes sufren violencia solamente por alzar la voz o por ser visibles.
Joselinne Páez fue agredida en Tepatitlán de Morelos, Jalisco. El ataque la llevó a terapia intensiva y finalmente murió el 18 de agosto. Días antes, el 9 de agosto, fue encontrada sin vida Katia Daniela Medina Rafael, directora del colectivo Zapotlán Diverso. Ahumada recuerda el caso de una joven trans que estuvo privada de su libertad; su cuerpo fue hallado en la fosa de Las Agujas, en el municipio de Zapopan, de donde se han recuperado 270 bolsas con restos humanos, un total de 56 víctimas, 25 de ellas identificadas.
Impera la impunidad
Colectivos de la diversidad sexual han alzado la voz para exigir justicia, pero los números no están a su favor.
De 2019 a 2025, la Fiscalía del Estado de Jalisco ha iniciado 95 carpetas de investigación por delitos contra mujeres trans, de las cuales diez corresponden a homicidios; sin embargo, solamente cinco personas han sido vinculadas a proceso por hechos violentos contra ellas y se han emitido apenas dos sentencias: una condenatoria y una absolutoria. Esto revela la impunidad, la ineficiencia y la discriminación estructural del sistema judicial.
A ello se suma la dificultad que representa enfrentar un proceso judicial: largos, costosos y psicológicamente desgastantes, lo que desincentiva a las víctimas a presentar denuncias.
“La mayoría de las mujeres trans no tiene empleo y esto dificulta acudir a denunciar; muchas desisten después de la primera o segunda ratificación”, señala Ahumada.
Sin embargo, incluso cuando las investigaciones avanzan, no significa que se pueda alcanzar la justicia. Como ocurre en el caso de Kenia Duarte y Karla Pérez, desaparecidas junto a su amigo Jaime Ramírez el 18 de septiembre de 2020. A cinco años de haber sido vistos por última vez en la colonia Mirador Escondido, en el municipio de Zapopan, hay dos personas detenidas, pero ninguna ha hablado. Uno de los aprehendidos reconoció su culpabilidad, pero se negó a decir qué ocurrió con los jóvenes. En enero será la audiencia de la segunda capturada, lo que mantiene esperanzadas a las familias de que revele dónde están sus hijos.
Reconocer el delito
La falta de tipificación del delito de transfeminicidio limita el acceso a la justicia e impide visibilizar la gravedad del problema, pues la directora de la Red Mexicana de Mujeres Trans afirma que hay quienes insisten en catalogar estos homicidios como “crímenes pasionales”, como se hacía cuando se trataba de asesinatos por razón de género contra mujeres.
“En otras denuncias, en otros asesinatos, siempre hay una investigación y después de una o dos semanas es cuando dicen cuál es la línea de investigación; y con nosotras es al contrario: a nosotras nos asesinan e inmediatamente presumen que es crimen pasional. Desde el inicio, no te dan chance a más”, dijo la activista.
La situación alarmante en Jalisco no puede ocultarse. La iniciativa para tipificar los delitos de crímenes de odio y transfeminicidio en el Congreso local fue presentada por la diputada Montserrat Pérez Cisneros el 11 de agosto, pero el tema sigue sin avanzar.
La propuesta contempla penas de hasta 50 años de cárcel e incluye la prisión preventiva oficiosa. Se reconoce como agravante cuando el delito sea cometido por motivo de odio, se instigue al suicidio o se ejerza violencia sexual, entre otras.
“El reconocimiento legal no es solo una herramienta, sino una reparación histórica y de garantía de no repetición”, dijo la legisladora en ese entonces, donde también pidió guardar un minuto de silencio por el asesinato de Katia Daniela.
Una alarma regional
México se ubica como el segundo país con más asesinatos de mujeres trans en Latinoamérica, solo después de Brasil, según datos de la Red Mexicana de Mujeres Trans y organizaciones internacionales.
En Brasil se registran más de 120 transfeminicidios al año, mientras que en nuestro país la cifra documentada oficialmente es menor, aunque se reconoce que existe una “cifra negra” de casos no denunciados o no tipificados.
Pocos casos alcanzan a llegar a los medios de comunicación. Este año han sido asesinadas Rosario, de Juan José Ríos, Sinaloa; Alexia Velázquez, de 21 años, defensora de derechos humanos en Emiliano Zapata, Veracruz; y Valeria Cortés, una adolescente de 17 años de Ahome, Sinaloa.
La Red Mexicana de Mujeres Trans destaca que esta violencia estructural se repite en la región: la discriminación laboral, el acceso limitado a la salud, la violencia física y la impunidad judicial son problemas comunes en Colombia, Argentina y Chile, aunque la visibilidad y el activismo han logrado avances parciales en estos países.
Ahumada también critica la falta de respuesta del gobierno federal y estatal, incluso bajo una administración encabezada por una mujer: “Seguimos sin ser mencionadas; nadie habla de nosotras. Esto nos hace presas fáciles y nuestra situación sigue latente”, lamenta.
Discriminación sistemática
Para la Red Mexicana de Mujeres Trans es imperativo que se tipifique el transfeminicidio como figura legal diferenciada del feminicidio, lo que permitiría tener estadísticas reales y garantizar un acceso efectivo a la justicia. Ahumada advierte que, mientras se dilata esta reforma, los asesinatos y agresiones continúan: “¿Cuántos casos más necesitamos para que las autoridades actúen? Ya no podemos esperar años para que se apruebe una ley que proteja nuestras vidas”, denuncia.
El acceso a la justicia también se ve limitado por la burocracia: procesos engorrosos, largas ratificaciones y revictimización. “Nos violenta doblemente: primero con la agresión, luego con la tramitología y la falta de apoyo familiar o estatal”.
El panorama es claro: la violencia contra mujeres trans en Jalisco y México es estructural y sistemática, y requiere acciones inmediatas. Desde la tipificación del transfeminicidio hasta el acceso efectivo a la justicia, pasando por políticas públicas que garanticen empleo, salud y protección, la urgencia es innegable.
“No pedimos un regalo, pedimos que las leyes nos protejan como a cualquier ciudadano. Es imperante que el Congreso se ponga a trabajar y que se aprueben reformas que nos protejan antes de que sigan matándonos”.
MC
