La diputada federal por Morena, Hilda Araceli Brown Figueredo, podría ser una de las puntas en la hebra de la red criminal que opera a lo largo de la frontera que va desde la ciudad de Tijuana, en Baja California, hasta San Luis Río Colorado, en Sonora.
Ella afirma que las acusaciones en su contra son una infamia: no sería cierto que el gobierno de Estados Unidos retiró su visa como turista y tampoco que, en México, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) haya bloqueado sus cuentas bancarias, posterior a una solicitud de la Oficina del Tesoro estadunidense.
Esta trama se enredó peor el día de ayer cuando la presidenta, Claudia Sheinbaum, decidió salir en defensa de la legisladora al afirmar que, a diferencia de las autoridades del país vecino, en México no se cuenta con pruebas contundentes para perseguir a su correligionaria.
Tocará ahora a la UIF desmentirse a sí misma, o bien desmentir a la presidenta; mientras tanto, la confusión prevalece. Hay sin embargo información pública que ayuda a reconstruir la investigación realizada por las agencias estadounidenses sobre la red criminal a la que pertenecería la diputada Brown Figueredo.
En el otro extremo de esta hebra aparece un sujeto de nombre Luis Edgar Herrera, conocido en su medio bajo el alias de El Tolín Infante. El jueves 2 de julio de 2022 El Tolín fue capturado, fuera de un centro comercial ubicado en el municipio de Playas de Rosarito, en medio de una balacera que dejó un reguero de unos trescientos casquillos.
Cinco días después, el gobierno de Estados Unidos informó que tenía una orden de captura en su contra por actividades relacionadas con el narcotráfico. Transcurrieron casi tres años para que este mismo hombre cruzara la frontera en calidad de extraditado.
Al Tolín se le identificó como líder –en Rosarito– del brazo armado de la facción del cártel de Sinaloa, encabezada entonces por Ismael El Mayo Zambada, Los Rusos, es el nombre con el que se distingue a este brazo armado, dirigido, a su vez, por Juan José Ponce Félix (a quien también se le menciona como Jesús Alejandro Sánchez Félix).
Desde los años de la pandemia, El Mayo Zambada y Los Rusos dominaron las actividades delictivas del norte de Baja California y parte de Sonora. Existe evidencia abundante de operaciones relativas al tráfico de migrantes, el trasiego de drogas por tierra, aire y por mar y el contrabando de armas de fuego.
La frontera bajacaliforniana fue la puerta empleada por la estructura criminal del Mayo para administrar sus negocios dentro de territorio estadunidense. El municipio de San Felipe, por ejemplo, ubicado en el Mar de Cortés, ha servido como puerto frecuente para el transporte de metanfetaminas y fentanilo. Esta mercancía suele también despegar en avionetas que convirtieron al valle de Mexicali en su pista principal.
San Luis Ríos Colorado, municipio sonorense controlado igualmente por esta organización, es territorio privilegiado para el lucrativo negocio de la migración que proviene de lejos, destacadamente de Medio Oriente y África.
A partir de la captura de Ismael El Mayo Zambada, en julio del año pasado, la situación de Los Rusos cambió drásticamente. Esta organización dedicada principalmente al sicariato superó el rol que jugaba como brazo armado para convertirse en un cártel por sí mismo.
En efecto, ante el vacío que se generó por el degüello de la organización encabezada por El Mayo, Jesús Alejandro Sánchez Félix, líder de Los Rusos, aprovechó para hacerse del control sobre todos los tramos de la actividad criminal relevante de la zona.
Sucedió con Los Rusos algo similar a lo que habría ocurrido con Los Zetas en Tamaulipas y Veracruz, después de la caída de Osiel Cárdenas Guillén y la división del Cártel del Golfo.
Durante el segundo semestre del 2024 La Mayiza se vio obligada a ceder las distintas plazas, desde Rosarito hasta Sonora, y con ellas todos los negocios y los contactos políticos.
Fue en ese momento que Luis Edgar Herrera, El Tolín, se volvió pieza clave para los investigadores estadunidenses y por ello presionaron para conseguir su extradición. Si alguien podía proporcionar información útil para desarticular a Los Rusos, ese era el mando más alto de dicha organización capturado hasta esa fecha.
Una vez en suelo extranjero, El Tolín prestó sus servicios como informante, muy probablemente bajo la modalidad de testigo protegido. No pareciera una coincidencia que tres meses después el gobierno de Estados Unidos haya decidido retirar las visas de altos funcionarios mexicanos y sus familiares. Es el caso de Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California y de su esposo Carlos Torres. También fue presuntamente retirada la visa a Norma Bustamante, presidenta municipal de Mexicali y la de su marido, Luis Samuel Guerrero.
Si bien el Departamento de Estado se negó a ofrecer explicaciones, fuentes locales afirman que este acto tendría relación con la supuesta protección política que ha beneficiado a Sánchez Félix y sus Rusos.
El siguiente momento relacionado con este caso serían las órdenes de este martes 16 de septiembre, expedidas por los departamentos de Estado y del Tesoro, cuyo propósito es desmantelar las redes financieras con que opera el antiguo brazo armado del Mayo en la frontera noroeste del país y, en paralelo, el anuncio de millonarias recompensas para quien proporcione información sobre Los Rusos.
Es en este contexto que apareció mencionada la diputada federal por Morena, Hilda Araceli Brown Figueredo, quien fuera presidenta municipal del municipio de las Playas de Rosarito entre 2021 y 2024, territorio neurálgico de estos negocios criminales.
No se necesita especular demasiado para suponer que fue El Tolín quien proporcionó las pruebas presentadas por el Tesoro estadunidense a la Secretaría de Hacienda y la UIF a propósito de la relación supuesta entre la diputada y los Rusos.
Afirma la presidenta Sheinbaum que dicha evidencia no es contundente y quizá tenga razón. Sin embargo, se trata de indicios que los vecinos no van a soltar hasta que el poder de Los Rusos caiga por tierra.
