El gobierno federal presentó al Congreso un paquete de reformas que incluye una nueva Ley General de Aguas y modificaciones a la ley vigente, con el fin de redefinir el uso del agua en México.
No obstante, aunque la Federación asegura que la iniciativa busca que el acceso al agua no sea un bien, sino refrendar su calidad de derecho, un grupo de agricultores se han manifestado en contra de la reforma. Esto afectó a varios estados luego de que se llevara a cabo diversos bloqueos en carreteras y autopistas en los últimos días.
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Pero, ¿qué de qué se trata la reforma y qué es lo que cambiaría? A continuación, te contamos.
¿Qué busca la nueva Ley de Aguas?
Según el director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, la iniciativa tiene como objetivo garantizar el agua como un derecho humano, recuperar la rectoría estatal sobre las aguas nacionales y eliminar la posibilidad de que el recurso sea mercantilizado.
“Con esta nueva Ley, el agua deja de verse como una mercancía y se reconoce como un derecho humano, como un bien estratégico para el desarrollo del país”, señaló Morales López en la mañanera de la Presidenta el 26 de noviembre.
De aprobarse, estos cambios implicarían una transformación en la forma en que se otorgan, gestionan y supervisan las concesiones de agua. Esto ha generado expectativas de justicia hídrica, pero también temor entre sectores agrícolas, los cuales dependen del riego para su producción.
Así son los cambios de la Ley General de Aguas
La reforma contempla dos temas: una nueva Ley General de Aguas, la cual que regula el derecho humano al agua conforme al artículo 4º constitucional, y la actualización de la Ley de Aguas Nacionales, vinculada al artículo 27.
Entre los puntos centrales de ambas destacan cambios como:
- Otorgamiento de concesiones: solo el Estado podrá otorgar permisos de uso de agua, eliminando la posibilidad de que particulares transmitan, vendan o hereden títulos de concesión, lo cual es una práctica común en la actualidad.
- Creación de un Registro Nacional Público de Agua: un registro transparente, abierto a consulta, donde se muestre quiénes tienen concesiones, así como los volúmenes otorgados y las condiciones de uso del líquido.
- Eliminación del cambio de uso y cesión de concesiones: se prohíben modificaciones arbitrarias (que agua concedida para riego sea usada para desarrollos industriales, inmobiliarios o parques).
- Recuperación de concesiones no usadas o acaparadas: las concesiones inactivas o utilizadas para la especulación podrían ser revocadas y reasignadas mediante el Fondo de Reserva de Aguas Nacionales, priorizando uso social, comunitario o productivo.
- Sanciones al empleo ilegal o especulativo del agua: la tipificación delitos hídricos, con multas, sanciones administrativas o incluso penales, para quienes extraigan agua sin concesión válida o le den un uso distinto al autorizado.
- Impulso a gestión sostenible y tecnificación del riego: búsqueda de eficiencia en el uso del agua, medición de volumen, regulación de captación pluvial, saneamiento y distribución prioritaria hacia comunidades vulnerables.
De acuerdo con la Conagua,estos cambios responden a décadas en las que el agua fue tratada como mercancía , con concesiones acumuladas por pocos, desigualdades en distribución y un creciente agotamiento de acuíferos.
Los objetivos
La reforma se presenta como parte de una estrategia integral para garantizar la soberanía hídrica, asegurar el derecho humano al agua y frenar prácticas de acaparamiento, especulación y corrupción.
Bajo la ley actual, es común que quienes tienen recursos económicos acumulen múltiples concesiones, dejando sin acceso al agua a comunidades rurales, pequeñas organizaciones agrícolas e indígenas.
Además, la iniciatiuva pretende armonizar competencias entre los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal), reconocer sistemas comunitarios de agua y asegurar que el agua sea gestionada tomando en cuenta parámetros de equidad, sustentabilidad y planeación nacional.
La oposición
No obstante, la reacción del campo ha sido variada, pues agricultores alertaron sobre los riesgos que puede haber, de aprobarse estas reformas. Se han dicho preocupados por la prohibición de transmitir concesiones, ya que el control estatal sobre los permisos y la posibilidad de revocar cantidades de agua representan una amenaza a su seguridad jurídica y su producción.
Líderes del campo han advertido que esta reforma podría implicar una “expropiación de facto” del líquido, puesto que perderían el derecho heredado o adquirido junto con sus tierras.
Esto ha derivado en protestas y bloqueos carreteros en decenas de estados, con movilizaciones de productores que piden diálogo y garantías reales antes de la aprobación, pero sobre todo, que no se apruebe la reforma.
Ante las manifestaciones, el director de Conagua respondió y aclaró que los derechos de agua actualmente vigentes seguirán protegidos y que la reforma no revoca concesiones usadas, sino que busca acabar con el acaparamiento y garantizar que el agua esté disponible para quienes la necesitan.
Pese a ello, persiste la incertidumbre sobre los nuevos criterios, los mecanismos de reasignación, la regularización de pozos, así como los costos que implicará la tecnificación del riego, el cual es un requisito para mantener concesiones si se aprueba el nuevo marco normativo. Los agricultores advirtieron que estas medidas podrían elevar sus costos de producción o incluso dejar fuera a quienes no tengan recursos para adaptarse.
LP
