En años recientes, la extorsión ha sido utilizada por múltiples estructuras criminales como un mecanismo para diversificar sus actividades y, con ello, acceder a fuentes de ingresos cada vez más variadas.
A finales de 2023 quedaron expuestas las actividades extorsivas de La Familia Michoacana contra polleros en el Valle de Toluca; en 2024, las autoridades federales realizaron un diagnóstico sobre el asedio de diversos cárteles contra productores citrícolas en Michoacán; el pasado mes de octubre, la Fiscalía del Estado de México señaló a distintas organizaciones por este tipo de prácticas en un esquema para vender agua de forma ilícita.
Ante este panorama, y en concordancia con la estrategia de la administración federal, la Cámara de Diputados aprobó recientemente la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión. Pero, ¿cuáles son los puntos principales de este proyecto? En MILENIO te lo explicamos.
Perseguir la extorsión de oficio
Una de las propuestas más destacadas del proyecto, prevista en su artículo 6, es la persecución de oficio del delito de extorsión. Esto quiere decir que, al cometerse el ilícito, el Estado mexicano se asumirá como afectado directo y las investigaciones deberán iniciar sin depender de la presentación de una denuncia.
Cuando los actos de extorsión estén vinculados con la delincuencia organizada o exista una petición expresa para atraer el caso, las investigaciones correrán a cargo del Ministerio Público de la Federación. Si no es así, será competencia de las autoridades locales.
Entre los delitos que se persiguen de oficio a nivel federal resaltan el abandono de hijos, lesiones contra menores hacia quienes se ejerce la patria potestad o tutela y la esterilidad provocada.
El dato¿Cómo puede afectarme la extorsión?
Aunque las extorsiones han generado una particular preocupación en el sector empresarial, estas actividades pueden impactar en la vida diaria de las personas.Un ejemplo de esto fue visible en julio de 2025, cuando la Fiscalía del Edomex desmanteló un esquema de extorsiones mediante el cual la Nueva Familia Michoacana acaparaba el mercado e 'inflaba' los precios en carnicerías, expendios de huevo y negocios de venta de materiales para construcción.
De esta forma, había municipios en los que un kilo de retazo de pollo podía costar hasta cuatro veces más del precio regular, lo que no sólo perjudicaba a comerciantes sino también a la ciudadanía.
Tipificación unificada de la extorsión para todo el país
Aunque la extorsión se encuentra tipificada en el Código Penal Federal desde el año 1984 y su última modificación data de 1994, la definición de este delito y las sanciones aplicables son distintas en cada entidad del país.
Durante la discusión del proyecto en la Cámara de Diputados, la legisladora Dolores Padierna consideró que esta situación generaba "dispersión y debilidad institucional". En este sentido, la Ley contra la Extorsión plantea una definición básica para este delito que sería aplicable a toda la república:
"[Comete el delito de extorsión] quien, sin derecho, obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un beneficio o lucro para sí o para otro o causando a alguien un daño o perjuicio patrimonial, moral, físico o psicológico".
Además, el proyecto que la sanción base por este delito abarque entre seis y 15 años de cárcel, además de una multa de entre 100 y 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Como ocurre con otros ilícitos, se contemplan diversos escenarios y circunstancias que podrían agravar la pena, como la afectación directa a la economía de alguna entidad federativa, la participación de servidores públicos o el uso de personas menores de edad para cometer las extorsiones.
Atención a las nuevas modalidades de extorsión
Otro punto relevante en la Ley contra la Extorsión es el reconocimiento de esquemas que se han popularizado en años recientes, como los secuestros virtuales o los llamados monta choques.
Las condenas por extorsión podrían aumentarse hasta en dos terceras partes en casos en que se utilice "violencia física, moral o psicológica para exigir el cobro de un daño derivado de un hecho de tránsito provocado de manera intencional, independientemente de que se haya o no obtenido el lucro o beneficio", establece el artículo 16 del proyecto.
Asimismo, el documento estipula que el delito se agrava cuando es cometido "en representación de un sindicato, agrupación o asociación, sea real o simulada" para el comercio coaccionado, es decir, para obligar a alguien a contratar o adquirir de otra persona los bienes, insumos o servicios para el desarrollo de su actividad comercial.
Un caso que ejemplifica este supuesto es la red de huachicoleo de agua identificada por autoridades del Estado de México recientemente, pues se detectó que al menos siete supuestos sindicatos extraían el líquido de tomas clandestinas y se aseguraban de que la ciudadanía lo comprara únicamente a través de sus agremiados.
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Supervisión a los centros penitenciarios
El pasado 11 de noviembre, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, reveló que 12 centros penitenciarios concentran el 56 por ciento de todas las líneas telefónicas que cuentan con reportes por su uso para extorsionar.
Considerando lo anterior, la Ley contra la Extorsión considera como conductas vinculadas a este delito:
- Introducir dispositivos electrónicos (o tratar de hacerlo) sin autorización a centros penitenciarios o de internamiento.
- Poseer algún dispositivo electrónico que permita la transmisión de datos, voz o imágenes, en caso de ser una persona recluida en algún centro penitenciario.
- Facilitar los medios para cometer actividades de extorsión, en caso de ser autoridad penitenciaria.
- Abstenerse de denunciar actos extorsivos, siendo personal de vigilancia y custodia en estos centros.
En caso de que el proyecto reciba luz verde también en el Senado, los centros penitenciarios contarán con 180 días hábiles, a partir de la entrada en vigor, para establecer tecnologías de inhibición de entrada y salida de llamadas de telefonía celular.
Fortalecimiento de las denuncias y protección a víctimas
Como parte de la estrategia para hacerle frente a este delito, la citada ley anticipa la creación de un Centro de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión, adscrito a la SSPC, para recibir, registrar y darle seguimiento a los reportes de la ciudadanía.
Otro incentivo para que se denuncie este delito y se avance en los procesos penales correspondientes es el establecimiento de medidas para resguardar la identidad de las víctimas y testigos durante las audiencias, así como el uso de procedimientos que permitan su participación vía remota.
De igual manera, la Ley contra la Extorsión abre la posibilidad de que la o el juez a cargo del caso imponga a la persona imputada la prohibición de contactar o comunicarse con la víctima a través de cualquier medio.
¿Cómo puedo denunciar actos de extorsión?
En caso de ser víctima de extorsión presencial o telefónica, es posible interponer una denuncia anónima, desde cualquier parte de México, a través del número 089.
Durante la llamada, la persona operadora se encargará de integrar un reporte con la denuncia —sin solicitar ningún dato personal—, mismo que será canalizado a las autoridades correspondientes para su investigación.
BM.
