Para 2026 nada permite albergar optimismo sobre el rumbo del país y el futuro inmediato de los mexicanos.
Este pesimismo no es retórico: lo perpetrado por el obradorato a la sombra del remasterizado imperialismo yanqui, junto a las regresivas decisiones internas, confirma que el “segundo piso” de la 4T se alza sobre el deterioro institucional y el desprecio por los contrapesos.
Con el derrocamiento del papanatas dictador venezolano (pretextado como cumplimiento de una orden de aprehensión contra un delincuente, como sucedió en Panamá con Manuel Antonio Noriega), lo más peligroso que se cierne sobre México es la segura aprobación de las mayorías del oficialismo de una reforma política que despedaza al Instituto Nacional Electoral, aniquilando la incipiente pero confiable democracia por la que trepó el lopezobradorismo.
No es una reforma técnica ni un ajuste administrativo, sino una cínica maniobra para someter la organización y el resultado de las elecciones a la Presidencia en turno y extinguir el ciclo de bonanza institucional que murió con el golpe técnico de Estado contra el Poder Judicial que cometió AMLO.
La prédica de independencia y soberanía contra las intromisiones gringas mueve a risa cuando los ministros de la Suprema Corte, en las magistraturas y en los juzgados se impone a hijos de la fortuna sin méritos ni carrera judicial, sorteados en una tómbola e impuestos con los ominosos acordeones que repartió el lopezobradorismo.
En la desolación, hay sin embargo un elemento que sobresale como excepción: el combate a la inseguridad que encabeza Omar García Harfuch, cuya estrategia y presencia contrastan con la frivolidad y la ineptitud que caracterizó la gestión anterior; pero sería ingenuo convertirlo en ancla para el optimismo porque un solo frente, por relevante que sea, no compensa la decrepitud de la legalidad y el cero crecimiento de la economía.
Respecto a Estados Unidos y la reivindicación trumpiana de Monroe (“América para los americanos”), el panorama sigue siendo lúgubre:
La revisión o renegociación del T-MEC se presume desfavorable para México, pese al triunfalismo cuatrotero de que somos el país “menos castigado”.
El desdén por la legalidad, la desconfianza generada por la cooptación de los poderes Legislativo y Judicial, la incertidumbre jurídica y la demolición del INE, no se corrige con discursos patrioteros ni el cacaraqueo de “independencia y soberanía” o las negaciones voluntaristas de la realidad.
De la procuración de justicia, debe reconocerse la solidez de las instituciones estadunidenses mientras aquí se adopta la perversidad hugochapiana de que en el asesinato de Colosio hubo un “segundo tirador” o el gobierno morenista de Veracruz persigue a un reportero por “terrorismo”.
Sin contrapesos, con elecciones amenazadas y jueces sometidos; con la economía expuesta y periodistas en la mira, vivimos donde la legalidad se sortea, la democracia se administra y la esperanza es, cuando mucho, una petición a los Reyes Magos…
