El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en materia de Extorsión, con el fin de perseguir de oficio dichos actos ilícitos y castigar a los responsables con penas de hasta 25 años de prisión, así como establecer la posibilidad de hacer denuncias anónimas a través del número telefónico 089.
No obstante, durante la discusión en lo particular, las bancadas de Morena, PVEM, PT y MC en el Palacio de San Lázaro admitieron una reserva que, entre otros aspectos, reduce las sanciones para los servidores públicos encargados de prevenir, investigar y perseguir delitos, procurar o impartir justicia, o custodiar los centros penitenciarios, que se abstengan de denunciar ante el Ministerio Público la comisión del delito de extorsión.
La iniciativa presidencial preveía para dichos funcionarios penas de 10 a 20 años de prisión, pero con la modificación del oficialismo se redujo a un intervalo de cinco a 12 años de cárcel.
“Esa es la razón lógica proporcional que planteo, que al servidor público que no informe, el cómplice o aquel que omite la información no sea de 10 a 20 años, sino de 5 a 12 años y queda el extorsionador de hasta los 15 años. Esa es la razón por la que planteo que debe reducirse”, argumentó Ricardo Monreal, coordinador parlamentario de Morena.
El líder de la bancada del PAN, José Elías Lixa, retó a la mayoría de Morena a elevar las penas para los extorsionadores hasta 20 años de prisión, en lugar de reducirlas a los servidores públicos cómplices y encubridores, pero la propuesta fue rechazada.
“Yo estoy de acuerdo en una cosa, en que los cómplices del gobierno tengan la misma pena que los extorsionadores en términos generales. Pero no es bajando la pena de los cómplices del gobierno, es subiendo la pena de los extorsionadores en general, porque hay estados de la república que hoy tienen mayores penas que las que les están poniendo en este código; ¿pues no que querían endurecer la ley?”, señaló.
Otro de los cambios aprobados por la mayoría prevé que la reparación del daño por el delito de extorsión se hará con cargo a los recursos obtenidos de los procesos de extinción de dominio, pero sin afectar los bienes asegurados que hayan causado abandono a favor del gobierno federal o de las entidades federativas.
Avalado en lo particular con 339 votos a favor, 100 en contra y cuatro abstenciones, el proyecto fue turnado al Senado de la República para su análisis y eventual aprobación.
¿Qué plantea la nueva ley antiextorsión?
La Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en materia de Extorsión prevé una pena básica de seis a 15 años de cárcel y una multa de hasta 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (56 mil 570 pesos) a quien obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un beneficio o lucro.
Sin embargo, se consideran 34 agravantes, agrupadas en tres apartados, con sanciones más severas.
Así, los castigos se elevan hasta una tercera parte, de ocho a 20 años de prisión, en casos como el cobro de “piso” o cuando la extorsión se dirija a quien realice actividades comerciales, empresariales, industriales, agrícolas, pesqueras o de servicios públicos o privados, o se cometa a nombre de algún sindicato, organización o agrupación de manera real o simulada.
EL DATOAgravantes
Las penalidades aumentarían hasta una mitad, para alcanzar de 12 a 22.5 años de cárcel, por extorsión contra personas migrantes, menores de 18 años o mayores de 60 años, así como mujeres embarazadas, o cuando el responsable tenga alguna relación de confianza, laboral, de parentesco o de negocios con la víctima.
Se plantea además incrementar la sanción hasta dos terceras partes, de 10 a 25 años de privación de la libertad, a quien emplee violencia física, exija el cobro de un daño derivado de un hecho de tránsito provocado de manera intencional o en algún objeto de su propiedad, derivado de un supuesto accidente provocado de manera intencional.
El dictamen establece las bases de coordinación entre los tres órdenes de gobierno para perseguir el delito de extorsión y los derivados de ésta.
Plantea, para ello, homologar un solo tipo penal para su aplicación en todas las entidades federativas.
Cientos de extorsionadores sentenciados saldrían de prisión, advierte oposición
Al fundamentar el dictamen de la Comisión de Justicia, el diputado Julio César Moreno, de la bancada de Morena, sostuvo que el Estado mexicano contará con un tipo penal uniforme y penas más severas, sin beneficios de libertad anticipada ni conmutación de pena para quienes cometan el delito de extorsión.
“Por fin le pondremos un alto a las extorsiones en todas sus modalidades; además, se protege la integridad de las víctimas y testigos, se podrán hacer denuncias anónimas, incluso mediante el número 089, sin poner en riesgo la seguridad personal o familiar. Y esto es fundamental, porque el miedo ya no puede ser un escudo para los delincuentes. La extorsión ya no es solo el lamentable cobro de piso, hoy también se comete por teléfono, por redes sociales, por mensajes de texto, o incluso, desde dentro de las cárceles, o también como los llamados montachoques y hasta con los préstamos que se denominan como gota a gota”, puntualizó.
Por el PRI, el legislador Alejandro Domínguez advirtió, sin embargo, que la nueva ley antiextorsión permitiría salir de la cárcel a cientos de personas sentenciadas por ese delito en Chihuahua, Guerrero, Morelos, Nayarit y Quintana Roo, pues las penas en dichos estados son más altas que en el proyecto y el artículo cuarto transitorio permitiría a los jueces reducir las sentencias, liberando en su caso a esos internos.
“En el estado de Chihuahua hay alrededor de 150 personas que van a salir en libertad por aprobar la ley como la vamos a aprobar, con la penalidad en la que la vamos a aprobar. De tal suerte que, si hacemos una suposición, porque la estadística no viene en el dictamen, de las otras cuatro entidades federativas estaremos hablando más o menos de 500 personas, delincuentes de alto impacto que van a salir en libertad para delinquir en el tema de la extorsión”, remarcó.
En representación de PAN, la diputada Margarita Zavala señaló que la extorsión es una plaga ya extendida en todo el país que, en gran parte, tiene su causa en la política de “abrazos y no balazos” del ex presidente Andrés Manuel López Obrador.
“La extorsión desarticula el tejido social, restringe las libertades, impone un impuesto como el que se conoce del impuesto del crimen, impacta en la vida social y económica de los pueblos, y son también aquellos nuevos desplazados de nuestra migración interna”, dijo.
EHR
