El pleno de la Cámara de Diputados aprobó esta madrugada en lo general y en lo particular las reformas a la Ley de Amparo, tras admitir una reserva propuesta por Morena que la oposición calificó como una trampa para darle “retroactividad encubierta” al nuevo ordenamiento.
Después de casi 16 horas de discusión, los diputados avalaron el proyecto con tres cambios y lo devolvieron al Senado de la República.
A nombre de la bancada morenista, el diputado Hugo Eric Flores presentó en tribuna la última de las 307 reservas registradas, con el fin de aplicar la reforma a las etapas siguientes de los juicios de amparo iniciados previamente.
“Al tratarse de una ley procesal, las etapas procesales concluidas que generan derechos adquiridos a las partes se regirán por las disposiciones legales vigentes al inicio de los procesos respectivos. Por lo que hace a las actuaciones procesales posteriores a la entrada en vigor del presente decreto, de conformidad con la doctrina y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se regirán por las disposiciones de este decreto, sin que implique aplicación retroactiva ni afectación a derechos adquiridos, pues se trata de actuaciones futuras”, establece la modificación.
Así, el nuevo artículo tercero transitorio contrasta con la disposición de no retroactividad prevista en el dictamen presentado por las comisiones de Justicia y de Hacienda, en el que textualmente se puntualizaba:
“Los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente decreto continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio”.
Al fijar la posición del PRI sobre la reserva, el diputado Emilio Suárez Licona sostuvo que la redacción aprobada por la mayoría parlamentaria es una forma encubierta de retroactividad.
“Por ello, desde el PRI nos apartamos del sentido de esta reserva, la cual abre la puerta a la aplicación retroactiva a la ley bajo un disfraz procesal y vulnera de manera directa los principios de certeza, legalidad y debido proceso”, remarcó.
El coordinador del grupo parlamentario del PRI, Rubén Moreira, afirmó a su vez que Morena recurrió a la trampa para regresar la retroactividad de la reforma.
“Es de nueva cuenta la retroactividad de la ley con una trampa y creyendo que los juristas de este país y que los legisladores de oposición no se van a dar cuenta (…). El que tiene una suspensión ya ganada, en la revisión la va a perder; el que tiene algo ganado, en el futuro lo va a perder, están haciendo retroactiva la ley”, acusó.
En su turno, el vicecoordinador de los diputados del PAN, Federico Döring, calificó las reformas a la Ley de Amparo como un asalto, pues dijo, Morena está robando a los mexicanos la herramienta para defenderse del mal gobierno y combatir los abusos de poder.
“Este transitorio quiere decir que, si no les pueden ganar a la buena un juicio, los van a joder a la mala y están haciendo por la puerta trasera del 14 constitucional en este transitorio que el vehículo de tráfico de influencias y esta banda de elasticidad judicial quede en manos del Rasputín de la justicia”, dijo, en referencia al ministro en retiro Arturo Zaldívar.
El líder de Morena en el Palacio de San Lázaro, Ricardo Monreal, negó la aplicación retroactiva de la Ley de Amparo y defendió su constitucionalidad, al tiempo de afirmar que la principal motivación de la reforma son los miles de recursos de impugnación interpuestos por grandes despachos que defienden a empresarios o gente poderosa.
Reveló que a la fecha existen 2 mil 073 créditos fiscales que “empresarios poderosos” se resisten a pagar, así como 2 mil 066 juicios de nulidad pendientes de resolución firme por un monto superior a 100 mil millones de pesos solo este año.
“El promedio para hacer pagar estos recursos que son del pueblo, del erario, son de entre 16 y 22 años, para hacer exigible un deber ciudadano, una responsabilidad como contribuyente y un pago al erario por sus ganancias y sus utilidades”, dijo.
Monreal detalló que el Estado apenas alcanza a cobrar cinco por ciento de esos adeudos, mientras el restante 95 por ciento de los deudores o los que deben de pagar no lo hacen.
“Hacia ellos va orientada nuestra reforma, hacia ellos, porque queremos que paguen lo justo para el erario, para la satisfacción de necesidades colectivas que la patria requiere. Y también para los lavadores de dinero, para los delincuentes de cuello blanco, para la delincuencia organizada”, advirtió.
Restricciones al amparo
Las reformas a la Ley de Amparo redefinen el concepto de “interés legítimo” para interponer el juicio de amparo, estableciendo que la norma, acto u omisión reclamado “deberá ocasionar en la persona quejosa una lesión jurídica individual o colectiva, de tal forma que su anulación produzca un beneficio cierto y no meramente hipotético”.
No obstante, los legisladores del PAN, PRI y MC advirtieron que ese cambio restringirá el derecho de comunidades y organizaciones a interponer recursos contra actos de autoridad en materias como la protección del medio ambiente.
El decreto aumenta además los requisitos para otorgar suspensiones provisionales y prevé la improcedencia de éstas para “descongelar” cuentas bancarias, en caso de que ello permita la comisión o continuación de acciones para favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de manera efectiva en “lavado” de dinero.
Las nuevas disposiciones advierten que los juicios de amparo para reclamar la inconstitucionalidad de normas, “en ningún caso la suspensión podrá concederse con efectos generales”.
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