Tras el retiro de la bancada del PAN como protesta, las comisiones de Justicia y de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobaron con 56 votos a favor, once en contra y una abstención de la morenista Olga Sánchez Cordero las reformas a la Ley de Amparo, eliminando el artículo transitorio introducido de última hora por el Senado de la República y que preveía la aplicación retroactiva de las nuevas disposiciones a los juicios iniciados previamente.
Los presidentes de las comisiones, Julio César Moreno y Carol Antonio Altamirano, respectivamente, turnaron el dictamen a la Mesa Directiva, con la intención de discutirlo y votarlo mañana martes en el pleno, aunque sin considerar opiniones y propuestas de los 35 expertos que participaron en las tres audiencias públicas celebradas al vapor entre viernes y lunes.
Legisladores de la oposición calificaron el proyecto como un grave retroceso, al advertir que desmantela el juicio de amparo como última línea de defensa ante los actos arbitrarios del poder, mientras los representantes de Morena y aliados sostuvieron que el objetivo es evitar abusos procesales para evadir impuestos u obstaculizar obras y políticas públicas.
Entre otros aspectos, la reforma redefine el concepto de “interés legítimo” como condición para interponer el juicio de amparo, estableciendo que la norma, acto u omisión reclamado “deberá ocasionar en la persona quejosa una lesión jurídica individual o colectiva, de tal forma que su anulación produzca un beneficio cierto y no meramente hipotético”.
Panistas, priistas y emecistas advirtieron que dicha modificación restringirá el derecho de organizaciones a interponer recursos en materias como la protección del medio ambiente frente a actos de autoridad.
El articulado propuesto amplía asimismo los requisitos para otorgar las suspensiones provisionales y prevé la improcedencia de éstas para “descongelar” cuentas bancarias si ello permite la comisión o continuación de actos, operaciones o servicios para favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de manera efectiva en “lavado” de dinero.
Señala que en los juicios de amparo para reclamar la inconstitucionalidad de normas, “en ningún caso la suspensión podrá concederse con efectos generales”.
El dictamen incluye una reforma al Código Fiscal de la Federación para declarar improcedente el recurso de revocación contra actos administrativos orientados a exigir el pago de créditos fiscales determinados en resoluciones liquidatorias que hubieren sido impugnadas y hayan quedado firmes por resolución de la autoridad.
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Reforma por venganza
En ese contexto y al fijar la posición del PAN, el diputado Homero Niño de Rivera acusó a Morena y aliados de impulsar la reforma a la Ley de Amparo como una venganza.
“Todo esto que están haciendo lo hacen por una razón, por una venganza. Todo esto lo están haciendo y tiene nombre y apellido esta persona contra la que están dirigiendo este embate: se llama Ricardo Salinas Pliego (…). Y saben qué hizo más allá de litigar sus impuestos; se atrevió a responderle a Andrés Manuel López Obrador”, remarcó.
Al respecto, la diputada Lilia Aguilar, de PT, afirmó que Salinas Pliego debe 74 mil millones de pesos en impuestos que ha logrado evadir vía juicios de amparo.
“Hoy día este tipo de amparos no los presenta el de la tiendita de la esquina; esto lo presentan los hombres y las mujeres más ricos de este país, porque también se desvirtuó el uso del amparo”, acusó.
Por el PRI, el legislador Jericó Abramo aseguró que la reforma a la Ley de Amparo en materia de impuestos deja en la indefensión a todos y las consecuencias serán llevar a la cárcel a quienes no puedan pagar un crédito fiscal.
“Esta Ley de Amparo deja en indefensión a todas y a todos. Hoy hay más de 200 mil amparos promovidos por temas de créditos fiscales, muchos de ellos de poderosos, otros de no tan poderosos y más de 47 por ciento son de micro, pequeñas y medianas empresas. Micro, pequeñas y medianas empresas que son las que generan el 76 por ciento de los empleos en este país”, dijo.
A nombre de Morena, la diputada Mariana Benítez reconoció que la figura del amparo representa la columna vertebral del derecho, pero llamó a corregir las ambigüedades de la ley y recuperar su espíritu original.
“La suspensión del acto reclamado se ha utilizado de manera estratégica para prolongar actos ilícitos o entorpecer políticas públicas y, en materia fiscal, la utilización de los medios de defensa como la revocación del juicio contencioso administrativo frente a créditos firmes ha generado rezagos en la recaudación y el uso ineficiente de recursos”, acusó.
¿Qué propone la iniciativa?
Con los cambios, se establecen plazos precisos de audiencias para evitar alargar casos judiciales y desechar recusaciones que tengan como intención dilatar procesos. Respecto al Código Fiscal, se añaden supuestos de revocación para evitar reabrir litigios de manera indebida.
Se añaden cambios para evitar que se promuevan juicios sobre actos resueltos en manera definitiva o que los tribunales destines recursos de manera innecesaria.
Se precisan los medios de garantía para obtener la suspensión en juicios de amparo contra actos de cobro de créditos fiscales firmes; únicamente podrán constituirse mediante billete de depósito emitido por institución autorizada o carta de crédito expedida por instituciones de crédito autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y registradas ante el SAT.
Finalmente, se eliminan disposiciones que limitaban multas y sanciones penales a autoridades responsables de incumplir suspensiones o sentencias de amparo.
Con información de Silvia Arellano y Liliana Padilla.
