En los primeros seis meses de este año, 28 personas fueron detenidas por algún delito pese a contar con un brazalete electrónico, que como beneficio del sistema de justicia les permite enfrentar su proceso en libertad condicional, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM).
La información proporcionada por la corporación a MILENIO señala que, de enero al 4 de julio, todos los sujetos reincidentes fueron vinculados a proceso por cometer diversos ilícitos y se les retiró el beneficio, por lo que fueron nuevamente recluidos en una cárcel del territorio mexiquense.
En entrevista, el director general de Combate al Robo de Vehículos y Transporte de la SSEM, Martín Domínguez Reséndiz, explicó que los infractores bajo supervisión remota y recapturados cometieron principalmente robos, asaltos y venta de droga.
Incluso advirtió que, en ocasiones, los sujetos reinciden en el mismo delito o son capturados por un ilícito más grave.
“Aproximadamente (detenemos) entre una y dos personas por semana; para nosotros ya es delicado. Por lo regular cometen atracos y delitos contra la salud”, agregó.
Domínguez precisó que la reincidencia es más común en hombres que en mujeres, y los casos se registran, en su mayoría, en el Valle de México. Debido a lo preocupante de la situación, consideró que el beneficio debe retirarse a quienes reinciden.
“Lo que estamos pidiendo es que a quienes delinquen y salen con la medida precautoria del brazalete, y vuelven a delinquir, se les retire la medida cautelar y sean recluidos nuevamente, porque salen a delinquir y agredir a la ciudadanía”, comentó.
Más de 3 mil 400 personas vigiladas
La Subsecretaría de Control Penitenciario de la SSEM informó que la Unidad de Monitoreo supervisa actualmente a 3 mil 405 personas portadoras de brazalete electrónico. De esa cifra, 3 mil 206 son hombres (94.16%) y 199 son mujeres (5.84%).
El dispositivo, compuesto por diversos equipos electrónicos, permite la supervisión y control de los beneficiarios, asegurando que cumplan con un arresto en un lugar definido por las autoridades: su domicilio, trabajo o escuela, entre otros.
El caso de los “abrefácil”
En administraciones anteriores, la Secretaría de Finanzas realizó un contrato por adjudicación directa con la empresa Comunicación Segura S.A. de C.V. (SeguriTech) para la instalación de brazaletes electrónicos a 2 mil 400 internos, con un monto total de casi 707 millones de pesos, por el periodo del 1 de enero de 2021 al 15 de septiembre de 2023, según el portal de transparencia fiscal del gobierno mexiquense, citado por MILENIO en 2023.
Sin embargo, pese al alto costo, los brazaletes instalados eran de uso comercial y podían adquirirse en internet a precios accesibles. Incluso se ofertaban herramientas para desinstalarlos, lo que los convertía en dispositivos obsoletos y poco seguros para su propósito de vigilancia penitenciaria.
Los aparatos eran del modelo MT-200X de la empresa china Megastek, disponibles en línea con precios de entre 2 mil 600 y 3 mil 425 pesos, e incluían la herramienta necesaria para desbloquearlos.
Además, los protocolos de comunicación estaban publicados en internet, aumentando el riesgo de manipulación o uso indebido.
¿Cómo funciona el sistema?
De acuerdo con el Reglamento para el Otorgamiento del Beneficio de Libertad Condicionada al Sistema de Localización y Rastreo del Estado de México, el beneficio puede solicitarlo por escrito el interno primodelincuente, y el dispositivo se coloca alrededor del tobillo.
El sistema de monitoreo electrónico permite la supervisión y control del cumplimiento de arresto domiciliario o en lugares definidos por la autoridad.
Los reos deben cubrir el costo del dispositivo y garantizar, mediante fianza, hipoteca o caución, el pago por posibles daños o pérdidas del equipo.
El beneficio no aplica para sentenciados por secuestro, homicidio doloso calificado o agravado, violación o robo grave.
La medida se revoca si el infractor se ausenta del radio de monitoreo, retira el dispositivo, cambia de domicilio sin autorización, incumple el pago de la fianza o altera el brazalete. También se pierde si ingiere alcohol o drogas, no acude a citas judiciales, altera el orden público o familiar, o enfrenta un nuevo proceso penal.
Falta de personal especializado
La investigadora del Centro de Investigaciones en Ciencias Jurídicas de la Facultad de Derecho de la UAEMéx, Cristina Eugenia Pablo Dorantes, advirtió que para otorgar este beneficio se requiere un estudio criminológico de personalidad que evalúe la peligrosidad y posible reincidencia del solicitante.
Explicó que el dispositivo cuesta alrededor de 6 mil 800 pesos mensuales, y que se exige una fianza mínima de 60 mil pesos por instalación, servicio y administración.
“Esta cuestión de que se les otorgue nada más porque tienen para pagarlo no permite determinar si son las personas idóneas para evitar la reincidencia. Es difícil considerar legalmente reincidentes a quienes no fueron juzgados antes, aunque existan antecedentes o errores en la carpeta de investigación”, señaló.
La especialista añadió que, aunque los brazaletes contribuyen a disminuir la población carcelaria, se requiere personal capacitado que auxilie al juez de ejecución de sentencias para emitir el beneficio preliberacional.
“El juez debe apoyarse en criminólogos y especialistas en seguridad ciudadana para interpretar los estudios interdisciplinarios sobre el entorno social, familiar y criminógeno del interno”, detalló.
Mencionó que el Estado de México ha invertido más de 214 millones de pesos en la adquisición de 3 mil 600 brazaletes contratados hasta diciembre de 2025.
Casos recientes de reincidencia
En marzo pasado, elementos de la Dirección General de Seguridad y Protección de Toluca detuvieron a Alfredo “N” y David Fernando “N” por presunto robo a transeúnte. Ambos portaban brazaletes electrónicos y fueron asegurados en una motocicleta tras despojar a una mujer de su celular sobre la avenida Alfredo del Mazo.
En febrero, en Zumpango, agentes de la FGJEM capturaron a Juan Mario “N” por robo con violencia, quien intentó bloquear la señal del dispositivo.
Ese mismo mes, en la capital mexiquense, José Rubén “N” fue detenido mientras asaltaba una heladería del centro y robaba una caja registradora con 200 pesos, también portando brazalete.
En otro caso, José Alberto “N” presuntamente cometió tres asaltos en el centro de Toluca mientras se encontraba bajo monitoreo.
Un beneficio pensado para evitar la “contaminación”
La legislación mexiquense establece que este beneficio tiene como propósito apoyar a las personas con tratamiento en externamiento progresivo y técnico, basado en el trabajo y la educación, con el apoyo familiar, evitando la “contaminación criminógena” y la desadaptación social.
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