DOMINGA.– Fue un asalto exprés. El 23 de agosto de 2012, alguien secuestró a Salvador Vidal Flores López, el director de Protocolo del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ocurrió en la carretera, en las cercanías con Tres Marías. Ese día, a las 13:15 horas, tras ser liberado Vidal Flores pidió auxilio a la Policía Federal. Lo documentó el parte informativo: ahí se ordenó un operativo con elementos destacados en el estado de Morelos.
A las ocho de la mañana del día siguiente, el 24 de agosto, el operativo antisecuestro iba en marcha. Elementos de la Policía Federal iban por los alrededores de un poblado conocido como Fierro del Toro, cuando recibieron una llamada por radio. Era el inspector, su superior jerárquico. Les dijo que se internaran en una brecha, a la altura del kilómetro 47 de la carretera federal México-Cuernavaca.
Iban catorce policías en cuatro vehículos: una minivan Voyager verde con cristales traseros oscuros, un Chevy azul, una XTerra amarilla y un Altima gris. Iban de ropa civil; algunos con chaleco antibalas, chamarra y gorra con el logo de la Policía Federal; otros, con la ropa de encima. Ninguna patrulla. Ningún rotulado oficial.
Según el expediente, esa mañana los policías habían llegado uniformados a la estación Tlalpan. Fue el jefe de la Unidad, el subinspector, quien les ordenó cambiarse a ropa de civil antes de salir al operativo. Les explicó que irían en vehículos no balizados, que la superioridad ya tenía conocimiento y la zona de patrullaje, dijo que los compañeros de Morelos también estaban al tanto.
Antes de entrar a la brecha, cargaron combustible en la gasolinera del Parador Covadonga. Ahí vieron una camioneta Toyota negra y un automóvil rojo adentrarse por el camino a Fierro del Toro. Eran vehículos similares a los que, según el reporte del secuestro, usaban los plagiarios de Vidal Flores. Decidieron seguirlos. A casi un kilómetro y medio, la minivan verde se les emparejó por la izquierda. Uno de los tripulantes de la Voyager, armado, indicó con señas al conductor que se detuviera.
La Toyota frenó. La minivan también. Pero la Toyota quedó a unos veinte metros de distancia. De la Voyager bajaron dos sujetos vestidos de civil, cada uno con una carabina en la mano, apuntando hacia la camioneta negra. Ahí empezó todo.
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Según los policías, el conductor de la Toyota realizó maniobras evasivas en reversa hacia un sembradío y luego se incorporó al camino en dirección contraria, rumbo a la carretera federal. Al intentar escapar, embistió al Chevy. El Altima quedó con las bolsas de aire disparadas. Ante las maniobras de huida, los activos dispararon contra la camioneta. Uno de ellos por radio solicitó apoyo.
Desde su Nextel, el inspector escuchó que había un enfrentamiento. Así que dio instrucciones de seguir la camioneta. Los cuatro vehículos la persiguieron por la brecha, luego por terracería, hasta que llegaron a la carretera federal. Ahí se les unieron más unidades. En algún momento llegaron a participar más de treinta elementos. Uno de los policías lo declaró después ante el Ministerio Público: “Recibimos una llamada en la que el comandante nos pidió apoyo porque tenía un enfrentamiento con los ocupantes de una camioneta negra”.
Los policías dispararon. Algunos dijeron que al aire, como advertencia. Otros, que a las llantas. La camioneta siguió. Pasó por otra gasolinera, todos los civiles se tiraron al piso y luego continuó dos kilómetros y medio más hasta detenerse por fallas mecánicas en el kilómetro 50+500 de la carretera federal. Entonces la rodearon.
Llegaron cinco patrullas de la SSP. Un mando uniformado se bajó, se acercó protegido por una patrulla, y por el altavoz les pidió a los tripulantes que descendieran. Una persona sacó la mano por la ventanilla mostrando su credencial, gritando que eran diplomáticos. Los policías no sabían –porque nadie se los había dicho– quiénes iban adentro de esa camioneta negra. El incidente se convertiría en uno de los escándalos diplomáticos más graves del sexenio de Felipe Calderón.
Agentes de la Policía Federal mexicana habían atacado con 152 balazos a una camioneta de la Embajada de Estados Unidos en la que viajaban dos agentes de la CIA, la Agencia Central de Inteligencia. Iban a un campo de adiestramiento de la Infantería de Marina en el Estado de México, donde llevarían a cabo prácticas de tiro programadas del 20 al 25 de agosto. Era el cuarto día consecutivo que hacían ese mismo trayecto. Ninguna corporación policiaca mexicana sabía que iban a pasar.
Esta es una colaboración de ARCHIVERO para DOMINGA, que revela que la verdad oficial siempre está en obra negra.
La versión de los agentes de la CIA atacados por la Policía Federal
La Toyota Land Cruiser 2010, placas diplomáticas BCM-242 expedidas por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), tenía blindaje nivel seis o siete, según los distintos documentos del expediente. Los más altos que existen. Aun así, la carrocería estaba perforada en 152 lugares distintos. Ciento cincuenta y dos impactos de arma de fuego. Desde el primer momento, los agentes de la CIA fueron trasladados en ambulancia a un hospital de Cuernavaca y de ahí a un hospital naval militar.
Declararon que, hasta el final de la persecución las autoridades se percataron de que las placas del vehículo pertenecían a la SRE: la placa trasera iba sujeta a un portaplacas que les impidió, dijeron, distinguir su numeración y procedencia.
Del interior de la camioneta una voz en inglés pedía al capitán de la Marina que actuara como traductor. El capitán era Fabián Molina Llera iba en el asiento trasero. Era el enlace y guía de los dos hombres que viajaban en los asientos delanteros: el conductor era Stan Dove Boss y el copiloto era Jess Hood Garner, ambos agentes de la CIA. La camioneta era propiedad de la Embajada de Estados Unidos en México. Garner dijo al capitán Molina que preguntara al mando por qué los habían atacado. El mando respondió que se habían pasado un punto de control.
Pero el expediente de la Procuraduría General de la República (PGR), presentado ante la jueza federal Griselda Sáenz Horta, estableció que ese 24 de agosto de 2012, en la zona de Tres Marías, nunca hubo ningún retén de la Policía Federal.
Un mes después, el 25 de septiembre, en las instalaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, un agregado legal de la PGR recabó las declaraciones de Boss y Garner. El FBI conducía su propia investigación en paralelo, con una línea desde el inicio muy definida: aquello había sido una emboscada.
Boss y Garner iban esa mañana al campo de adiestramiento de la Infantería de Marina en el Cerro del Capulín, Estado de México. El capitán Molina Llera los acompañaba. Iban a presenciar y evaluar prácticas de tiro de elementos de la Marina. Era el cuarto día consecutivo que hacían ese trayecto. Habían tomado el camino a la altura de la gasolinera del kilómetro 47, alrededor de las 08:05 horas.
Según declararon, a kilómetro y medio de ese punto la minivan verde se les emparejó. Uno de los tripulantes portaba un arma y les indicó con señas que se detuvieran. Así que pararon. Pero cuando vieron que se bajaban dos hombres vestidos de civil apuntándoles con carabinas, Boss realizó maniobras evasivas en reversa y huyó.
Desde el momento de la huida, dispararon contra la Toyota. Garner narra que un vehículo compacto con cuatro tripulantes armados intentó cerrarles el paso; los esquivaron y les dispararon al costado. Al llegar a la carretera federal, otra camioneta y otro compacto volvieron a intentar bloquearlos; bajaron cuatro hombres con armas largas. En una gasolinera del entronque intentaron pedir ayuda pero no encontraron a nadie de pie. Todos estaban escondidos, tirados en el piso. La Toyota siguió dos kilómetros y medio más, hasta que los impactos le inutilizaron el motor.
Un sujeto en particular, dice el expediente de otro amparo, disparaba a la altura de la ventanilla del conductor en repetidas ocasiones de manera directa al cristal; se retiraba y, desde otro ángulo, volvía a disparar. Ambas ventanillas laterales frontales se estrellaron. Penetraron algunos disparos. Garner, herido, se colocó en la parte posterior, donde fue herido nuevamente. Boss permaneció en el asiento del conductor y con sangre en las manos intentó usar su celular. No pudo.
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El capitán Molina gritaba una y otra vez: ¡Son diplomáticos!, ¡son diplomáticos! Trataba de comunicarse con el campo de adiestramiento. Las llamadas no salían. Garner se pasó al asiento trasero a buscar el botiquín de primeros auxilios. Intentó detener la hemorragia. Le dijo a Boss que se hiciera el muerto, a ver si así paraban las detonaciones. Lo intentó. No funcionó.
Garner lo narró después ante autoridades mexicanas en Washington: “Unos cuantos segundos después dejaron de disparar y miré por las ventanas, percatándome que [los federales] se veían entre ellos como si no trajeran más municiones, quedando todo muy quieto. El piloto seguía haciéndose el muerto”.
Cuando llegaron las patrullas, los disparos cesaron. El mando uniformado que se asomó a la ventanilla recibió la respuesta de Garner sobre los disparos y le contestó que habían atacado porque se pasaron un retén.
Nadie pudo explicar qué hacían dos agentes de la CIA en México
Esa noche la Embajada de Estados Unidos llamó al incidente una “emboscada”. El presidente Felipe Calderón se disculpó personalmente con el embajador Anthony Wayne. La SSP, a cargo de Genaro García Luna, dijo que había sido una “confusión”. Pero quien dio la cara por la corporación fue Luis Cárdenas Palomino, el mismo que había recibido el parte 042/12 el día anterior. En conferencia de prensa declaró que los policías hacían “una indagatoria sobre un secuestro que fue perpetrado horas antes de que los muchachos estuvieran ahí, a las ocho de la mañana”.
Pero el expediente cuenta otra cosa. Los catorce federales habían ido sin uniforme y sin patrullas, por órdenes de sus superiores. Según declararon en etapas posteriores del proceso, una vez que terminó el enfrentamiento y antes de que se levantara la escena, el inspector a cargo del operativo les ordenó que se pusieran los uniformes y abordaran las patrullas con rumbo al Ministerio Público, como si siempre hubieran ido uniformados. Esa instrucción quedó en el expediente como el delito de encubrimiento por el que fue procesado su jefe inmediato. El mismo mando que enfrentó el proceso en libertad, tras pagar una fianza. Porque el encubrimiento no era delito grave en el Código Penal Federal.
Lo que siguió fue más raro. Al día siguiente del ataque, cuando los policías detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, dos agentes del FBI y empleados de la Embajada de Estados Unidos estuvieron presentes en el interrogatorio, sin que los detenidos tuvieran abogado presente. Según denunciaron después los abogados a La Jornada en septiembre de 2013, los gringos llegaron con una oferta: convertir a los policías mexicanos en “testigos protegidos del gobierno estadounidense” a cambio de que se volvieran “colaboradores directos”.
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El 7 de septiembre de 2012, el Agregado Jurídico de la Oficina Federal de Investigaciones le solicitó al agente titular de la averiguación que trasladara la Toyota al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El objetivo era llevarla a Miami para que el FBI realizara análisis periciales.
El mismo día, el agregado informó al Ministerio Público que personal del FBI arribaría a territorio nacional para recibir información, pruebas y para que se le autorizara realizar trabajos periciales. La camioneta cruzó la frontera el 14 de septiembre. Dieciséis días después del ataque. Un alto funcionario del gobierno estadounidense declaró a la agencia AP que existían “pruebas contundentes” de que había sido un ataque dirigido.
Casi dos años después, en 2014, el comisionado nacional de Seguridad Monte Alejandro Rubido cerró el asunto oficialmente: había sido un error. No había evidencias de vínculos con el crimen organizado. Si hubieran sido sicarios: ¿por qué los llevaron a un hospital? Pero lo que nadie en el gobierno quería decir era qué hacían exactamente esos agentes de la CIA en México, porque hubiera implicado admitir el grado de involucramiento que los servicios de inteligencia estadounidenses tuvieron durante el sexenio de Felipe Calderón.
El propio tribunal que resolvió el segundo amparo, en julio de 2025, lo reconoció en términos jurídicos: no existía en el expediente prueba alguna que acreditara la versión de los agentes sobre por qué estaban en esa zona ese día, ni tampoco había constancia de que se hubiera notificado a alguna corporación policiaca su presencia en el territorio. El capitán de la Marina que iba con ellos, dice la resolución, tampoco pudo alegar desconocimiento de los protocolos mexicanos.
La camioneta negra que se fue a Miami
En el proceso hubo una irregularidad que los abogados defensores han denunciado hasta el día de hoy: la camioneta nunca quedó a disposición del juzgado. La Toyota Land Cruiser BCM-242, con sus 152 impactos, fue enviada a Miami para ser desmantelada. Sin permiso de autoridad judicial. El fiscal la devolvió al gobierno de Estados Unidos y el vehículo cruzó la frontera antes de que la defensa pudiera peritarla. El propio juzgado declaró la “imposibilidad física, jurídica y material”.
Los abogados defensores enumeraron ante el tribunal las irregularidades en orden: retención excesiva antes de que se decretara la detención formal; arraigo decretado por el Juez Séptimo de Distrito en Morelos, que no era especializado en cateos y arraigos; interrogatorios del FBI sin presencia de defensores; la cadena de custodia rota en los elementos balísticos levantados en la escena; y una que no aparecía en las notas de 2012: la bala extraída del antebrazo de uno de los agentes fue dispuesta por personal de la embajada estadounidense, sin seguir el protocolo de cadena de custodia. La evidencia más íntima del caso salió del proceso sin control judicial.
Los familiares de los sentenciados escribieron al Presidente de la República. La Secretaría de Gobernación envió notas informativas a los tribunales que conocían los amparos, pidiendo que se tomaran en consideración al momento de resolver.
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Los peritos sí habían documentado el interior de la Toyota antes de entregarla: encontraron dentro del vehículo diez casquillos de pistola calibre 9 milímetros y quince de carabina calibre .223. Para la defensa eso era inverosímil: si nadie disparó desde adentro, ¿cómo llegaron esos casquillos ahí? Para el tribunal, no había duda razonable. El expediente consignó 152 casquillos en el lugar de los hechos, al igual que los dictámenes de balística, criminalística de campo y declaraciones de cerca de 150 peritos. Uno de los sentenciados lo planteó en su amparo en términos que el expediente conserva: de los 152 casquillos recuperados, tres no habían impactado sus ojivas. Uno de esos tres, argumentó, podía ser el disparo al aire que él reconoció haber hecho. El tribunal no lo consideró una duda razonable.
La sentencia y lo que quedó sin respuesta
El 17 de junio de 2019, siete años después del ataque, la jueza Griselda Sáenz Horta condenó a doce de los catorce policías a 34 años de prisión por homicidio calificado en grado de tentativa y daño en propiedad ajena. Dos fueron absueltos. La reparación del daño por la pérdida total de la Toyota propiedad de la Embajada de Estados Unidos quedó fijada en 1 millón 810 mil 911 pesos.
El 30 de octubre de 2019, el magistrado Mario Roberto Cantú Barajas del Primer Tribunal Unitario de Cuernavaca modificó la sentencia: doce años por homicidio calificado en grado de tentativa más cuatro por daños en propiedad ajena. La reparación del daño fue ratificada. La pena había bajado. Los policías siguieron presos. Vinieron nueve amparos, entre los años de 2019 y 2020. La Suprema Corte atrajo el caso en 2021, calificándolo de “interés trascendental para la paz social y política internacional de la nación”.
En ese mismo fallo de 2025, el tribunal reconoció algo que los policías habían estado repitiendo desde el principio: que el incidente se dio “en un contexto poco claro y al parecer con falta de coordinación entre corporaciones policiacas y las autoridades que en su oportunidad tuvieron conocimiento de la presencia en el país de dos integrantes de la Agencia Central de Investigaciones”. Que no existía en el expediente prueba alguna de coordinación entre la Policía Federal y cualquier otra corporación para resguardar la integridad de los extranjeros. Que las víctimas al parecer, entre ellas un ciudadano mexicano, omitieron, como cuestión elemental de protocolo, anunciar e informar su presencia a las fuerzas policiacas.
El tribunal también confirmó que los policías se excedieron. Que después del primer contacto, la persecución y los disparos rebasaron los límites de legitimidad. Que eso tenía consecuencias punitivas. De los federales detenidos, en 2019 se ordenó la liberación de dos, mientras que en 2023 de otros nueve.
La reconstrucción de esta historia se basa en la toca penal 5/2022 del Tribunal Colegiado de Apelación del Decimoctavo Circuito, emitida en julio de 2025 y en el amparo directo penal 130/2023, resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito el 3 de julio de 2025.
GSC/ATJ
