“Coordinación sí, subordinación no”. Conferencia tras conferencia la presidenta Claudia Sheinbaum ha dejado claro un mensaje: la soberanía de México no es negociable. Pese a la postura del gobierno federal, las tensiones con sus homólogos de Estados Unidos, prevalecen.
En lo que va del sexenio -e incluso meses antes de que iniciara-, diversos episodios han desatado controversias entre ambos gobiernos ante la posibilidad de tratarse de una injerencia estadounidense bajo el argumento del combate al narcotráfico y la preservación de la seguridad nacional.
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Desde su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump ha amagado en diversas ocasiones con atacar a los cárteles de la droga que operan en México a través de despliegues militares o “bombardeos” de narcolaboratorios, declaraciones que ha rechazado la presidenta Claudia Sheinbaum.
“Nosotros colaboramos, coordinamos, trabajamos juntos, pero nunca nos vamos a subordinar. México es un país libre, soberano, independiente y no aceptamos injerencismos en nuestro país. Es colaboración, es coordinación, pero no es subordinación. Y vamos a ir construyendo la paz”, sentenció la mandataria.
La colaboración con Estados Unidos en materia de seguridad se ha dejado ver tanto en el traslado de generadores de violencia a su país como en múltiples operativos en donde autoridades mexicanas han reconocido la cooperación e intercambio de información con agencias de seguridad estadadounidenses. Pese a ello, los indicios de sus actividades unilaterales en el país continúan avivando las tensiones y encendiendo alertas del gobierno federal que ha exigido información al respecto.
El caso del Mayo Zambada
El 25 de julio de 2024 cambió el rumbo del hampa mexicano para siempre. En una operación inesperada, aquel día aterrizó en un pequeño aeródromo de Santa Teresa, Nuevo México un avión Beechcraft King Air de 1976 que trasladaba a dos líderes del Cártel de Sinaloa: Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López.
Si bien ambos contaban con acusaciones formales en dicho territorio, las condiciones bajo las que llegaron al país de las barras y las estrellas no han sido del todo esclarecidas, por el contrario, continúan desatando tensiones entre los gobiernos de ambos países casi dos años después.
Por una parte, el cofundador del Cártel de Sinaloa emitió una carta a través de su abogado, Frank Pérez, en donde precisó que fue traicionado por el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, quien lo citó con engaños en el rancho Huertos del Pedregal y le tendió una trampa para secuestrarlo y llevarlo a manos de agentes del Buró Federal de Prisiones (FBI, por sus siglas en inglés).
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La misiva, obtenida por el periodista Angel Hernández para MILENIO, le permitió a El Mayo Zambada disipar especulaciones sobre su supuesta rendición a la justicia estadounidense al afirmar que fue llevado en contra de su voluntad. Entre los detalles plasmados en el documento trascendió que en la aeronave que viajaron únicamente se encontraban ambos líderes criminales y un piloto cuya identidad, hasta la fecha, se desconoce.
Si bien tras los hechos el gobierno mexicano solicitó a autoridades estadounidenses información sobre el caso, fue el entonces embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, quien informó que autoridades de dicho país no habían tenido injerencia alguna en la operación.
"No se utilizaron recursos estadounidenses en la rendición. No fue nuestro avión, ni nuestro piloto, ni nuestra gente. No se presentó ningún plan de vuelo ante las autoridades estadounidenses. Estamos en el entendido que el vuelo inició en Sinaloa y aterrizó en Santa Teresa, Nuevo México. El piloto no era un empleado ni fue contratado por el Gobierno de los Estados Unidos, ni algún ciudadano estadounidense", se lee en parte de la declaración del entonces embajador de Washington en México.
Aunque dos años después tanto El Mayo Zambada como Joaquín Guzmán López se encuentran librando sus respectivos procesos judiciales en Estados Unidos, el tema de su llegada a Estados Unidos ha vuelto a desatar tensiones en México luego de que un reportaje presentado por Pie de Nota revelara nuevos detalles sobre la aeronave que los trasladó hasta aquel pequeño aeródromo cercano a El Paso, Texas.
Entre alteraciones a sus sistemas y apariencia, el avión quedó bajo resguardo del FBI, quien posteriormente lo donó a museo local en Santa Teresa. De acuerdo con la investigación del periodista Luis Chaparro, fue el mismo Buró Federal de Investigaciones el que admitió su participación en la caída de ambos líderes del Cártel de Sinaloa.
La información no tardó en resonar en Palacio Nacional. Fue la presidenta Claudia Sheinbaum quien instruyó tanto a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) como al Gabinete de Seguridad investigar la información presentada en dicho trabajo periodístico.
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Con dicha indicación se abrió un nuevo periodo de tensiones entre el gobierno de México y el de Estados Unidos luego de que, durante la tradicional conferencia matutina de la mandataria, la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, presentara una cronología de hechos y las contradicciones que de ella emanan sobre la participación de agentes estadounidenses en el caso: “Alguien mintió”, sentenció la funcionaria.
La solicitud de información sobre el caso a autoridades estadounidenses continúa al tiempo que fluyen las especulaciones sobre si el FBI actuó -o no- de forma unilateral en territorio mexicano.
La CIA en Chihuahua
A mediados de abril de 2026 un accidente automovilístico suscitado en las entrañas de la sierra de Chihuahua presagió una controversia entre el gobierno federal y el de aquel estado. ¿El motivo? Dos de las víctimas mortales de aquel incidente eran no sólo ciudadanos estadounidenses sino también integrantes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés).
Los primeros reportes del entonces titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), César Jáuregui, describieron que el percance ocurrió luego de un exitoso operativo en el que se logró el desmantelamiento de un 'narcolaboratorio'. Además de confirmar el fallecimiento del jefe de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), Pedro Ramón Oseguera Cervantes y su escolta, Manuel Genaro Méndez Montes, el ahora ex fiscal también ratificó la presencia de dos ciudadanos estadounidenses a quienes, primero, únicamente identificó como "instructores".
Al respecto, el embajador Ronald Johnson expresó sus condolencias y se refirió a sus connacionales como parte del personal que trabaja en México en esfuerzos contra el narcotráfico, una declaración que orilló a la presidenta Claudia Sheinbaum a solicitar que se esclareciera los términos bajo los cuales ambos agentes se encontraban en territorio nacional toda vez que, aseguró, su gobierno no tenía ningún conocimiento sobre sus operaciones.
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Entre inconsistencias en la información entregada por parte del entonces fiscal César Jáuregui y la gobernadora María Eugenia Campos, el diario estadounidense The Washington Post realizó una entrega en donde reveló que los agentes fallecidos en realidad formaban parte de la CIA y que su muerte se había suscitado tras haber participado en un operativo antidrogas.
Al no haber sido autorizada su presencia por el gobierno federal, las alertas en Presidencia se encendieron y, nuevamente, solicitaron a sus homólogos estadounidenses una explicación sobre el trabajo de autoridades de Chihuahua con Estados Unidos.
“Hay una falla del gobierno, o del fiscal, o del secretario del estado de Chihuahua, porque no se está cumpliendo con el marco jurídico ni con la Constitución en materia de colaboración en seguridad, en particular con las agencias de Estados Unidos”, declaró Claudia Sheinbaum.
Fueron las pesquisas del Gabinete de Seguridad las que permitieron esclarecer que ambos agentes estadounidenses sí habían entrado legalmente a México, no obstante, no lo habían hecho con motivos de trabajo sino que uno lo había hecho como visitante y otro con pasaporte diplomático.
El caso que generó tensión con el gobierno estadounidense fue atraido por la Fiscalía General de la República (FGR) la cual se encargará de corroborar las circunstancias bajo las cuales ambos agentes se encontraban en territorio nacional.
La muerte del Payín
Aún sin esclarecer la presencia de la CIA en Chihuahua, otra controversia alcanzó a la agencia de seguridad estadounidense. Fue la cadena de noticias CNN la encargada de difundir una versión sobre sus presuntas operaciones clandestinas en México.
Según plasmó el citado medio de comunicación, personal de la CIA habría facilitado la muerte de Francisco Efraín Beltrán de la Peña, mejor conocido como El Payín, un operador del Cártel de Sinaloa que perdió la vida luego de que el vehículo en el que viajaba explotara en una zona aledaña al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) en Tecámac, Estado de México.
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Las investigaciones sobre dicho incidente revelaron que El Payín y la segunda víctima identificada como Humberto Rangel circulaban con dirección a la Ciudad de México al momento de la inesperada explosión. De este modo, la entrega de los periodistas Natasha Bertrand, Zachary Cohen, Evan Pérez y Mauricio Torres sugirió que había sido la CIA la encargada de facilitar con información y planeación el operativo como parte d euna campaña para desmantelar a cárteles en México.
La polémica desatada por dicho trabajo periodístico orilló tanto a la CIA como al Gabinete de Seguridad en México a pronunciarse. Ambas dependencias negaron que la agencia estadounidense realizara operaciones clandestinas en territorio nacional, por el contrario, volvieron a abogar por una cooperación internacional basada en el intercambio de información y la coordinación institucional.
Las acusaciones contra Rocha Moya
El nombre de Rubén Rocha Moya fue plasmado oficialmente en una acusación formal presentada ante el Distrito Sur de Nueva York. Fue a finales de abril cuando el Departamento de Justicia hizo pública la acusación que pesa en contra del gobernador con licencia de Sinaloa, así como de otros nueve funcionarios estatales -en funciones y retirados- por, presuntamente haber colaborado con actividades criminales del Cártel de Sinaloa, específicamente de la facción de Los Chapitos.
La diligencia estadounidense sacudió no sólo la cúpula de la política sinaloense sino también en la federal que se vió obligada a pronunciarse al respecto. La presidenta Claudia Sheinbaum, además de señalar una intención de injerencismo por parte del Departamento de Justicia, solicitó que se compartieran las pruebas que existen sobre el caso.
"Nosotros nos tenemos que ceñir por la ley, por la Constitución, por los propios tratados, pero siempre bajo la legislación mexicana. Entonces, primero la Fiscalía tiene que pedir las pruebas, ¿qué pruebas tienen? Porque hasta hoy hay un escrito de lo que dicen unos testigos que no sabemos quiénes son, y estos documentos", dijo la mandataria durante una de sus tradicionales conferencias matutinas.
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Como en casos anteriores, la Fiscalía General de la República (FGR) también citó a comparecer tanto Rubén Rocha Moya como al resto de funcionarios públicos acusados por Estados Unidos al tiempo que el gobierno federal continúa exigiendo las pruebas que motivaron la acusación que forma parte del caso que la fiscalía estadounidense ha estructurado desde 2023 en contra de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán y su red de colaboradores.
El combate al narcotráfico ha sido durante décadas un problema en común para México y Estados Unidos, no obstante y a diferencia de administraciones pasadas, los constantes indicios sobre injerencia estadounidense en territorio nacional ha orillado al gobierno federal a adoptar una postura firme sobre la defensa de la soberanía del país pero también a repensar y mover con cuidado sus cartas para eludir cualquier intento de convertir la guerra contra las drogas en una herramienta de geopolítica.
ATJ
