“Mi nombre es Marco Antonio Almanza Avilés, soy de aquí de Culiacán, Sinaloa. El día de ayer fui objeto de mucha desacreditación, yo el día martes rendí unas declaraciones ante los medios de comunicación con las cuales sigo firme [...] los invito a que digan la verdad que para eso están”, se le escucha mencionar al ex director de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa.
En poco menos de un minuto, el ex funcionario público puso fin a una serie de rumores que se difundieron desde el pasado 29 de mayo y que sugerían que, al igual que Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega, se encontraba bajo resguardo de autoridades estadounidenses.
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Marco Antonio Almanza Avilés forma parte del grupo de diez funcionarios públicos sinaloenses -activos y en retiro- que fueron acusados formalmente el pasado 29 de abril ante una corte federal del Distrito Sur de Nueva York por presuntamente haber colaborado y protegido a Los Chapitos, una facción del Cártel de Sinaloa que encabezan los herederos de Joaquín El Chapo Guzmán.
Si bien entre los servidores públicos que fueron acusados destacaron el gobernador con licencia del estado, Rubén Rocha Moya, y el senador Enrique Inzunza Cázarez, en el listado también destacan funcionarios de corporaciones policíacas y ministeriales de Sinaloa cuyo desempeño figura como clave para la impartición de justicia en el estado.
Contrario a lo que su puesto les encomendaba, las investigaciones e información a la que tuvo acceso el Departamento de Justicia señala una cooptación por parte de Los Chapitos a dichos funcionarios públicos que, en el caso específico de Marco Antonio Almanza, incluía desde aceptar cuantiosos sobornos hasta acudir a reuniones personales con los líderes del grupo criminal.
Un vistazo a la trayectoria laboral de Almanza
Marco Antonio Almanza Avilés ostenta llevar más de 30 años de servicio en corporaciones policiacas de Sinaloa. De acuerdo con un currículum vitae difundido por el Observatorio del Comportamiento Delictivo de Sinaloa, su primer registro como funcionario público data de febrero de 1991 cuando se desempeñó como agente adscrito a la Dirección de Policía Judicial del Estado en Ahome.
Desde entonces ha formado parte del Grupo de Fuerza de Reacción en Culiacán, se ha desempeñado como agente investigador en la policía judicial de Sinaloa y ha pasado por distintos departamentos de la misma tales como el de vehículos, la partida de Cruz de Elota y de Mazatlán.
Al listado se suma el cargo de encargado de la sección de delitos patrimoniales de la Policía Judicial del Estado de Sinaloa, así como la coordinación de investigación de delitos en la policía ministerial del estado. Almanza Avilés fue también encargado de la sección de homicidio doloso zona centro de la policía ministerial.
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Dentro de la policía ministerial, Marco Antonio Almanza también se desempeñó como coordinador en la investigación de delitos y comandante. Estuvo adscrito en distintas partidas como Navolato, Sinaloa de Leyva y Badiraguato. Posteriormente fue Jefe de Departamento de Investigaciones y Coordinador General de Delitos Patrimoniales.
Estudió una maestría en capacitación en materia de Investigación Policial y Actos de Investigación Criminal a Ministerios Públicos, Agentes Investigadores, así como a Cadetes del Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública de Sinaloa. No fue sino hasta 2019 cuando fue nombrado como Comisario General de la Policía de Investigación de Sinaloa.
La trayectoria de Marco Antonio Almanza dentro de corporaciones policiales concluyó en dicha dependencia, pues en 2022 inició su proceso de jubilación por los años laborados. En un contexto diferente, su amplio historial laboral lo conoslidaría como un agente de seguridad excepcional, sin embargo y al igual que a otros funcionarios públicos, los señalamientos de un involucramiento con el Cártel de Sinaloa lo alcanzó.
"Para proteger y hacer crecer este imperio del tráfico de drogas, el cártel se ha aliado con políticos y agentes del orden público corruptos [...] Estos políticos y agentes del orden público han abusado de su autoridad en beneficio del cártel, han expuesto y sometido a las víctimas a amenazas y violencia, y han vendido sus cargos a cambio de sobornos cuantiosos", se lee en una parte de la acusación presentada ante el Distrito Sur de Nueva York.
Los sobornos de Los Chapitos
Los cargos que un Gran Jurado avaló en contra de Marco Antonio Almanza se centran en la génesis de la corrupción: los sobornos.
Según reza la información plasmada en la acusación formal en contra de los funcionarios sinaloenses, el jefe de plaza de Los Chapitos en Culiacán -cuyo nombre no fue detallado- era el encargado de gestionar las relaciones entre el grupo delictivo y agentes del orden público a nivel municipal, ministerial y estatal.
Dicho cabecilla, recibía mensualmente de sus líderes -los hermanos Guzmán Salazar- una caja con cuantiosas cantidades de efectivo, además de una lista de funcionarios públicos corruptos y de la cantidad que se debe pagar a cada uno de ellos ese mes.
La acusación formal presentada ante el Distrito Sur de Nueva York incorpora la fotografía de una lista en donde se especifica el pseudónimo con el que eran conocidos los servidores públicos acusados, así como el monto de dinero que miembros de Los Chapitos les otorgaban como soborno mensualmente.
"ALMANZA AVILÉS y posteriormente su sucesor, CONTRERAS NÚÑEZ, en su calidad de jefes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa —denominados “R1” en la lista— recibían de los Chapitos un soborno de aproximadamente $300,000 pesos (aproximadamente $16,670 dólares estadounidenses) cada mes", refiere el documento judicial.
La transacción era tan común como relevante. A cambio de los sobornos, a los acusados -incluyendo a Marco Antonio Almanza- se les ordenaba no realizar detenciones de miembros de dicha facción del Cártel de Sinaloa, por el contrario, se les incitaba a arrestar a rivales de Los Chapitos.
Sobre el ex jefe de la Policía de Investigación también se describe que proporcionó a los hijos de El Chapo Guzmán -a través de su jefe de plaza en Culiacán-, información sobre investigaciones en curso y cateos e incautaciones planificados por el ejército o la marina de laboratorios de drogas, así como de las casas donde escondían cargamentos de narcóticos, armas y dinero.
Si bien la acusación se centra principalmente en describir sucesos acontecidos durante la administración de Rubén Rocha Moya, sobre Marco Antonio Almanza Avilés señala que desde al menos 2017 y hasta noviembre de 2022, el ex titular de la Policía de Investigación de la FGE de Sinaloa aceptó aproximadamente 16 mil dólares -más de 250 mil pesos mexicanos- en sobornos mensuales en efectivo.
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"A cambio, Avilés y posteriormente su sucesor, Contreras Núñez, permitieron a Los Chapitos operar libremente en Sinaloa, incluido en lo que respecta a sus actividades de tráfico de drogas y a mantener su dominio en Sinaloa", abunda la acusación presentada ante el Distrito Sur de Nueva York.
Las investigaciones estadounidenses refieren que Marco Antonio Almanza Avilés permitió que los vehículos que transportaban precursores químicos utilizados para la producción de fentanilo de Los Chapitos atravesaran Culiacán sin interferencias, además de que libró órdenes de aprehensión en contra de enemigos de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, además de ordenar la puesta en libertad de miembros y aliados de dicha facción del Cártel de Sinaloa.
La reunión con Iván y Ovidio
La posibilidad de que Marco Antonio Almanza Avilés se hubiera entregado a autoridades estadounidenses generó controversia toda vez que es identificado como uno de los funcionarios públicos que se habría reunido personalmente con los líderes de Los Chapitos.
Según refiere el documento judicial presentado ante una corte federal del Distrito Sur de Nueva York, los términos bajo los cuales el ex director de la Policía de Investigación de Sinaloa recibiría sobornos se acordaron durante una reunión celebrada entre el 2017 y 2018.
A dicho encuentro asistieron personalmente Iván y Ovidio Guzmán así como el mismo Marco Antonio Almanza Avilés, quien adicionalmente recolectaba pagos de los laboratorios que fabricaban metanfetamina para narcotraficantes distintos de Los Chapitos, incluyendo a aquellos que también trabajaban para otras escisiones del Cártel de Sinaloa.
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Iván Archivaldo ordenó suspender dicha práctica en 2020, sin embargo, el contacto con el funcionario público se mantuvo al menos hasta 2022 cuando se jubiló y su cargo como director de la Policía de Investigación quedó en manos de Alberto Jorge Contreras Núñez, alias Cholo, quien además de su sucesor es su coacusado en Estados Unidos.
Pese a la información y los detalles plasmados en la acusación del Distrito Sur de Nueva York, Marco Antonio Almanza Avilés se ha sumado al resto de funcionarios que niegan los señalamientos del gobierno estadounidense y que se encuentran a expectativa de que sea la Fiscalía General de la República (FGR) la que defina su situación jurídica.
"Yo soy Marco Antonio Almanza Avilés, yo no pertenezco a ningún partido político ni quiero pertenecer. Yo soy policía y les voy a decir una cosa: si vuelvo a nacer, vuelvo a ser policía porque yo nací para eso. Yo busqué la verdad y confío en las instituciones [...] Investiguen cómo trabaja Estados Unidos, porque les voy a decir: con que una persona diga algo... ¿y qué lo comprueba? Hay muchas formas de investigar y se están yendo a un dicho, y ese dicho para mí no prevalece", declaró el ex funcionario público a los medios de comunicación en su arribó a las instalaciones de la FGR en Culiacán.
Si bien el ex director de la Policía de Investigación ya hizo su respectiva comparecencia ante la dependencia que encabeza la fiscal Ernestina Godoy, el rumor de su rendición ante autoridades estadounidenses desató una controversia que, al igual que con el resto de los acusados, lleva la duda escondida bajo el brazo.
ATJ
