Mientras que el Gobierno de México argumentó razones de seguridad nacional para entregar a Estados Unidos a más de 50 generadores de violencia en tres distintas ocasiones, del otro lado de la frontera la puerta de la negociación con la fiscalía se ha abierto para algunos de ellos.
“Con estos elementos y considerando las actividades a las que se han dedicado, dichas personas vinculadas con delitos de alto impacto representan una amenaza a la seguridad de nuestro país y de Estados Unidos. El Gabinete de Seguridad en estrecha coordinación con la Fiscalía General de la República, procedió a realizar el traslado de estos objetivos. Este es un acto de autoridad que no tiene precedentes”, explicó Omar García Harfuch, secretario de seguridad y protección ciudadana durante una conferencia de prensa el pasado 28 de febrero de 2025.
De este modo, líderes, operadores logísticos, proveedores de precursores químicos, jefes de seguridad, tratantes de personas y lavadores de dinero de distintas organizaciones delictivas que operaron en México se perfilan a enfrentar arduos y complejos procesos judiciales en Estados Unidos.
Para algunos, el peor escenario podría dejarlos el resto de su vida en prisión, sin embargo, otros han comenzado a jugar sus cartas junto a sus respectivas defensas legales para negociar acuerdos de culpabilidad que podrían beneficiarles con sentencias reducidas o mejores condiciones carcelarias.
Si bien dentro de los más de 50 generadores de violencia hay perfiles que desempeñaron distintos niveles jerárquicos de las estructuras criminales, son algunos líderes e importantes operadores logísticos los que han comenzado a formalizar sus acuerdos con la fiscalía estadounidense.
Socio de Los Chapitos y el fundador del CJNG
El primero de los entregados en alcanzar un acuerdo de culpabilidad con autoridades estadounidenses fue Erick Valencia Salazar. Mejor conocido como El 85, el pasado 7 de abril se declaró culpable del único cargo que pesaba en su contra en la corte federal de Washington, DC: tráfico de cocaína.
El 85 fue considerado junto a Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, como los disidentes del Cártel del Milenio que conformaron por su lado el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Si bien años después surgió una rivalidad entre ambos líderes criminales, Erick Valencia Salazar fue una pieza clave para el engranaje de la que actualmente es considerada como la organización delictiva más grande y peligrosa del país.
Tan solo dos días después del cofundador del también llamado cártel de las cuatros letras, un socio clave de Los Chapitos también formalizó un acuerdo con la fiscalía estadounidense. Se trata de Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias El Jando, identificado por autoridades mexicanas como piloto de confianza de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, actual líder de la facción del Cártel de Sinaloa que heredaron los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán.
El Jando admitió su culpabilidad por el cargo de tráfico de cocaína que pesaba en su contra ante una corte del Distrito de Columbia. De acuerdo con información obtenida por el periodista Angel Hernández para MILENIO, no se ha establecido una fecha para su sentencia, sin embargo, se dieron seis meses a la fiscalía y a la defensa de Mauro Alberto Núñez Ojeda para que elaboren un memorándum para la sentencia.
Las negociaciones de El Viceroy, Tony Montana y El Cuini
Al listado de generadores de violencia de alto perfil que llegaron a Estados Unidos como parte de las entregas que hizo el Gobierno de México se suman Vicente Carrillo Fuentes, El Viceroy, Antonio Oseguera Cervantes, Tony Montana y Abigael González Valencia, mejor concodio como El Cuini.
La amplia trayectoria delictiva que ambos acumularon en México motivó acusaciones formales abiertas en su contra en territorio estadounidense, mismas cuya resolución ahora sus defensas negocian con la fiscalía.
En el caso de El Cuini, los cargos que pesan en su contra en una corte federal del Distrito de Columbia son crimen organizado, tráfico de cocaína y metanfetamina, así como posesión de armas de fuego e instrumentos destructivos. Ante la latente posibilidad de pasar el resto de sus días en prisión, Abigael González Valencia también ha buscado negociar.
El líder de Los Cuinis ha comparecido en una única ocasión ante la jueza Beryl A. Howell, quien está al frente de su caso en Estados Unidos. Desde entonces, las audiencias de González Valencia se han retrasado, un síntoma de las negociaciones que su defensa ha puesto en marcha para permitirle tener una sentencia favorable y, de este modo, evitar un destino igual de desafortunado que el de sus hermanos Gerardo y José González Valencia.
Otro de los capos de alto perfil vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación que fue entregado a Estados Unidos y que también ya se encuentra negociando con la fiscalía estadounidense es Antonio Oeguera Cervantes, alias Tony Montana.
De acuerdo con información obtenida por el periodista Angel Hernández para MILENIO, en su audiencia del 11 de julio de 2025 la defensa legal del hermano del Mencho y la fiscalía anunciaron que estaban involucrados en negociaciones para un acuerdo de culpabilidad mientras que Washington seguía produciendo evidencia vinculada a los cargos que pesan en su contra: tráfico de cocaína y metanfetamina, así como posesión de armas de fuego.
Vicente Carrillo Fuentes, por su parte, enfrenta un proceso judicial por los delitos de tráfico de cocaína, crimen organizado, posesión de armas de fuego y blanqueo de recursos. El líder del Cártel de Juárez formó parte de la primera entrega de generadores de violencia realizada por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Ante dicho panorama, el también llamado Viceroy ha tenido varias audiencias en las que, de acuerdo con múltiples reportes, en todas se ha mantenido que tanto su defensa, encabezada por el especialista en crimen organizado Rubén Oliva, como la fiscalía estadounidense trabajan en un acuerdo de culpabilidd por uno o varios de los cargos que pesan en contra del hermano de Amado Carrillo Fuentes, alias El Señor de los Cielos.
Los que se perfilan a ir a juicio
Contrario a los casos expuestos, existen algunos capos con los que la fiscalía estadounidense ha dejado claro que no negociará. Dos de ellos son los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, mejor conocidos como El Z40 y El Z42, respectivamente.
Sobre los líderes de Los Zetas pesan cargos de crimen organizado, tráfico de drogas, lavado de dinero y posesión de armas de fuego y en caso de ser encontrados culpables, podrían pasar el resto de su vida en prisión.
Al respecto, y tras librar la pena de muerte, las autoridades estadounidenses han estado compartiendo la evidencia que forma parte del caso en contra de los hermanos, la cual consta principalmente de interceptaciones de comunicaciones, declaraciones de testigos, aseguramientos de droga e informes de inteligencia para preparar el caso, aunque aún no hay fecha para el enjuiciamiento.
El principal generador de violencia entregado a Estados Unidos y con quien autoridades se rehúsan rotundamente a cooperar es Rafael Caro Quintero. Conocido también como el Narco de Narcos, el ex líder del Cártel de Guadalajara enfrenta cargos por crimen organizado, tráfico de drogas y posesión de armas de fuego además de contar con una deuda histórica para su gobierno: el secuestro, tortura y asesinato del agente especial de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por su siglas en inglés), Enrique Kiki Camarena.
De acuerdo con reportes de Angel Hernández para MILENIO, el juez del caso, Fererick Block, estableció de forma tentativa que sea el 8 de marzo de 2027 la fecha en la que arranquen los procedimientos para el juicio, incluyendo la selección del jurado y la presentación de evidencia. Se preveé que junto al Narco de Narcos también se enjuicie a su sobrino Ismael Quintero Arellanes, quien está vinculado a sus redes criminales.
Tanto la llegada de generadores de violencia a Estados Unidos como sus respectivos procesos judiciales se perfilan a impactar el reacomodo criminal que hay en México no sólo por la ausencia que dejaron en estructuras delictivas sino también porque sus negociaciones podrían permitirle a la fiscalía estadounidense acceder a información que más tarde puede motivar la apertura de investigaciones y acusaciones en contra de nuevos objetivos.
ATJ