“Esto les va a pasar a todos los dedos y sapos”. El mensaje acompañó el horror: ante los ojos de transeúntes y autoridades se encontraban los cuerpos de ocho personas con visibles huellas de tortura y detonaciones de arma de fuego. Ocurrió en Tamazula, Durango.
Es octubre de 2023 y el gobierno estadounidense recién anunciaba una cacería en contra de Los Chapitos, la facción del Cártel de Sinaloa que heredaron los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. ¿El motivo? Los señalaban de conformar una prolífica red de tráfico de fentanilo, un pequeño pero potente opioide sintético que había desatado una crisis de salud pública en su territorio.
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Con agencias de seguridad estadounidenses siguiendo de cerca los pasos de los hermanos Guzmán, así como de sus socios y colaboradores, diversos episodios de violencia comenzaron documentarse tanto en Sinaloa como en algunos estados aledaños, al tiempo que el arresto de Ovidio Guzmán López y su extradición presagiaban la caída de otros operadores clave.
Fue en ese contexto en el que, de acuerdo con información de medios de comunicación locales, los cuerpos fueron abandonados en la cabecera municipal y en un camino que conduce a la región serrana en los límites de Sinaloa y Durango.
En su momento el hallazgo trascendió como uno más de la violencia que azota la región derivado de la amplia presencia que tienen grupos delictivos, no obstante, fue la identidad de una de las víctimas la que terminó por revelarle a autoridades estadounidenses el involucramiento no sólo de uno de los miembros de mayor rango de Los Chapitos sino también de un comandante de la policía municipal de Culiacán.
Las víctimas
Horas antes de que autoridades notificaran el multihomicidio, ante la Fiscalía General del Estado de Sinaloa fueron interpuestas denuncias por la desaparición de tres personas. De acuerdo con el relato de los hechos, fue un martes cuando un grupo de al menos 10 personas embozadas y con armas largas arribaron al residencial Bosques del Rey en Culiacán y privaron de la libertad a tres personas.
Las alertas de la ciudadanía y de las autoridades se encendieron luego de que trascendiera que entre las víctimas se encontraba un menor de edad identificado como Jesús Alberto Chaidez Beltrán, cuya ficha de búsqueda no tardó en ser difundida en la capital sinaloense. Los esfuerzos por localizaron con vida resultaron insuficientes.
Junto a otros siete hombres, el adolescente de tan solo 13 años de edad fue asesinado. El caso, además de desatar indignación en el estado, motivó una serie de investigaciones que terminaron por apuntar a otra de las víctimas: Alexander Meza León.
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De acuerdo con información del Departamento de Justicia, aquel hombre había logrado infiltrarse en el Cártel de Sinaloa y se había convertido en un informante de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), una posición que se reafirmó con el mensaje abandonado en la escena del crimen el cual utilizó la palabra sapo como una forma de referirse a “soplones”.
Junto a Alexander Meza León fueron también asesinados Jesús Alberto Chaidez Beltrán, Germán Alexis Beltrán Gutiérrez, Alberto León Mendoza, Joel Alejandro León Valenzuela, Alexis Alberto Meza León, Abel Ruíz Beltrán y Kevin Aly Sarmiento Zavala.
Poco a poco, las pesquisas del caso no solo definieron el rol de Meza León como informante de la agencia antinarcóticos estadounidense como el móvil del multihomicidio sino que también identificaron a uno de los operadores de Los Chapitos como el principal responsable del caso.
El involucramiento de El Nini
El lugar que Néstor Isidro Pérez Salas alcanzó dentro de la estructura criminal del Cártel de Sinaloa -y en específico de la facción que encabezan los hermanos Guzmán- fue resultado de una amplia trayectoria criminal.
Conocido también como El Nini o El 19, el jefe de seguridad de los hijos del Chapo se hizo de una reputación que no tardó en entrar al radar de autoridades estadounidenses y, en consecuencia, en ser plasmada en acusaciones formales que se presentaron en su contra en cortes federales del Distrito Sur de Nueva York y del Distrito de Columbia.
Además de enfrentar cargos relacionados al tráfico de drogas, crimen organizado, lavado de dinero, tráfico de drogas, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, así como la conspiración de los mismos, a El Nini también se le acuso de haber tomado represalias en contra de testigos, siendo el asesinato de Alexander Meza León el caso con el que fue vinculado.
“PÉREZ SALAS mató y consiguió los asesinatos de Alexander Meza León, German Alexis Beltran Gutierrez, Jesus Alberto Chaidez Beltrán, Alberto León Mendoza, Joel Alejandro León Valenzuela, Alexis Alberto Meza León, Abel Ruiz Beltran y Kevin Aly Sarmiento Zavala, e intentó matar a otra víctima ("Víctima-1"), en represalia contra una fuente confidencial de la Administración para el Control de Drogas ("DEA"), a saber, la víctima Alexander Meza Leon (el "CS"), por la ayuda del CS en la investigación de la DEA sobre PÉREZ SALAS y sus asociados”, reza parte del documento judicial consultado por MILENIO.
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Su amplia trayectoria criminal hizo del arresto del Nini una prioridad para autoridades de ambos lados de la frontera, por lo que su caída no tardó en llegar. Tan sólo un mes después del multihomicidio, Néstor Isidro Pérez Salas fue arrestado en Culiacán y en mayo de 2024 fue extraditado a Estados Unidos en donde, hasta la fecha en la que se escribe esta nota, permanece recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.
Si bien tras su llegada a territorio estadounidense su caso fue sellado, fuentes consultadas por los periodistas Luis Chaparro y Angel Hernández para MILENIO revelaron que la estrategia legal del Nini estaría encaminada a llegar a un acuerdo de culpabilidad con la fiscalía.
Uno de los indicios de la posible negociación fue, por ejemplo, la reubicación de su esposa en el país vecino, no obstante y aunque será su defensa legal o las autoridades quienes confirmen la formalización del acuerdo, nuevos detalles surgieron sobre el asesinato del informante de la DEA en Culiacán, mismos que fueron plasmados en la acusación presentada en contra del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como de otros nueve funcionarios públicos del estado.
La acusación contra Juanito
Uno de los protagonistas de la acusación en contra de servidores públicos de Sinaloa que fue presentada ante una corte federal del Distrito Sur de Nueva York es Juan Valenzuela Millán.
De acuerdo con la información difundida por el Departamento de Justicia, el también llamado Juanito era un comandante de alto rango en la Policía Municipal de Culiacán, un cargo que ocupó, al menos, desde 2018 y hasta 2024. Al igual que el resto de sus coacusados, se le señaló de haber aprovechado su cargo para favorecer las operaciones de Los Chapitos en la entidad a cambio de sobornos mensuales tanto para él como para más de 40 agentes de la corporación policiaca a la que estaba adscrito.
"MILLÁN concedió a Los Chapitos acceso ilimitado a la Policía Municipal de Culiacán y utilizó a los agentes y los recursos de dicha fuerza policial para ayudar a Los Chapitos a traficar con drogas y mantener su dominio sobre Culiacán, incluido el secuestro, la detención y/o asesinato de enemigos de los Chapitos", apunta parte de la acusación consultada por MILENIO.
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En ese sentido, Juanito fue involucrado tanto en el secuestro y asesinato de Alexander Meza León como el de sus familiares. De acuerdo con lo expuesto por las autoridades estadounidenses, fue por orden de Iván Archivaldo Guzmán Salazar y otro miembro principal de Los Chapitos que se llevó a cabo el multihomicidio, mismo en el que el ex comandante de la Policía Municipal habría brindado asistencia.
Bajo el mando de Juan Valenzuela Millán, agentes municipales detuvieron a Alexander Meza León y a otra persona en una patrulla, los secuestraron y los entregaron a sicarios del cártel quienes los torturaron y asesinaron junto a otras víctimas. Juanito también fue señalado de haber ordenado a sus subordinados vigilar y detener a punta de pistola a otros civiles que intervinieran en el objetivo de Los Chapitos por encontrar y detener a otras víctimas que posteriormente también fueron privadas de la libertad, torturadas y asesinadas por su cercanía con el informante de la DEA.
Poco a poco las investigaciones y la información a la que han tenido acceso autoridades estadounidenses han reconstruido parte de lo que ocurrió con los ocho cuerpos localizado aquel sábado de octubre de 2023 en Tamazula, Durango, así como los involucrados en el crimen que no sólo cobró la vida del informante de la agencia antinarcóticos sino que también dejó en medio de la brutalidad y la violencia a otras víctimas de la represalia de Los Chapitos.
ATJ
