Desde los servidores públicos hasta los piperos que se dediquen al traslado de agua podrían enfrentar diversas penas en prisión, si se comprueba que el origen del recurso es ilegal. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) evidenció la red de personas que está detrás del llamado “huachicol de agua” con la Operación Cuenca, la cual ya puso en la mira a organizaciones sindicales.
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La ley actual busca sancionar no solo a los servidores públicos que faciliten el robo del agua, sino también a quienes la distribuyan, cuando se trate de un recurso ilegal; es decir, que desde funcionarios hasta piperos podrían enfrentar responsabilidades penales por abastecerse en una fuente ilegal.
La Operación Cuenca de la FGJEM evidenció la red de personas que está detrás del negocio del agua en territorio mexiquense, y es que si bien en esta primera etapa únicamente fueron aseguradas pipas, tomas y pozos de supuesto origen clandestino, lo cierto es que la ley contempla una serie de sanciones para acabar con este daño al estado.
De dos a seis años de prisión por el delito
El ministerio público identificó una serie de sindicatos que podrán estar detrás de estas operaciones ilegales.
El Código Penal del Estado de México establece en el Artículo 145 quinquies que:
“Al que sin causa justificada impida o restrinja de cualquier forma el flujo del agua destinado al suministro e los usuarios de dicho servicio, se impondrá de dos a seis años de prisión y de cincuenta a doscientos días multa”.
Como parte del operativo, también se dio cuenta que aparentemente el agua distribuida no contaba con todos los requerimientos de carácter sanitario, lo que también supuso un riesgo para la población.
El mismo código prevé de dos a seis años de prisión y de cincuenta a doscientos días multa al responsable que “no supervise o ejecute el proceso de desinfección del agua potable que se encuentre bajo su responsabilidad”, multa que se agrava con la destitución e inhabilitación del cargo por seis años si es que se trata de un servidor público.
Piperos podrían enfrentar penas por “agua de huachicol”
Durante este lunes, diversos piperos asfixiaron las principales carreteras del Estado de México tras argumentar el cierre de los pozos y fuentes de abastecimiento.
Los manifestantes indicaron que únicamente se dedican “al flete del agua”, aunque lo cierto es que si saben o no la procedencia de la misma, podrán enfrentar responsabilidades penales, si es que se trata de una toma ilegal.
Varios de los trabajadores colocaron sus camiones en carreteras mexiquenses como protesta y su petición contempló el “permitirles trabajar”.
Si bien, ellos son solo una parte de esta cadena a través de la distribución, también tienen responsabilidad. El Código Penal mexiquense también señala:
“A quien distribuya agua potable a través de pipa, sin contar con el permiso de distribución o dictamen de factibilidad correspondiente, expedidos por la autoridad competente, se le impondrán de dos a seis años de prisión y de cincuenta doscientos días multa”, de acuerdo con el Artículo 145.
Además refiere que “ a quien distribuya agua potable a través de pipa y utilice una fuente de abastecimiento diversa a la autorizada se le impondrá de uno a tres años de prisión y de veinticinco a cien días de multa”.
Esto quiere decir que incluso los piperos, sepan o no el origen del agua, tienen responsabilidad penal en este fenómeno que, de acuerdo con las investigaciones, tendría la participación de diversas organizaciones sindicales.
Por otra parte, este lunes tuvieron una reunión con personal de la Secretaría General de Gobierno, la FGJEM, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) en la que acordaron diversos puntos.
Por un lado, accedieron a retirar el bloqueo; luego, habrían de proporcionar información a las autoridades sobre sus trabajadores, vehículos y origen del agua; mientras que la autoridad tomaría nota sobre sus peticiones y analizaría la viabilidad de un pliego petitorio.
Buscan endurecer ley contra “aguachicol”; 40% del agua es robada o desviada
La fracción parlamentaria de Morena busca reformar el Código Penal del Estado de México para combatir el llamado “huachicol de agua”. La propuesta fue realizada por la legisladora Zaira Cedillo y con esta reforma se pretende combatir un problema de seguridad nacional, que es el robo del agua, desde un estado.
En términos generales, se trata de una propuesta de ley que es considerada de avanzada al buscar, perseguir y sancionar, tanto a quienes les distribuyen el agua, como a quienes faciliten su robo o extracción ilegal.
Las penas actuales son de dos a seis años de cárcel, pero busca elevarlas de 20 a 30 años a quien extraiga, distribuye o venda, agua de manera ilegal, además de imponer una sanción que podría alcanzar los 2.8 millones de pesos.
Asimismo, los servidores públicos que estén involucrados, no solamente podrían alcanzar estas penas, sino que incluso también se les pide que sean inhabilitados el tiempo que dure su sanción.
La problemática que planteó en su iniciativa que eventualmente fue arropada por otras fuerzas políticas, refiere que el 40 por ciento del agua potable en la entidad mexiquense es robada, “ya sea por desvío o sustracción por tomas clandestinas o de pozos irregulares”; por lo que consideran urgente contar con los mecanismos legales para hacer frente a este delito.
MD
