Fuentes de la Fiscalía General de Justicia mexiquense (FGJEM) revelaron que durante los actos de investigación realizados en la Operación Caudal fueron detectados al menos 25 puntos de extracción y venta irregular de agua robada potable y no potable en municipios del Valle de Toluca, el Valle de México y el sur del estado, donde una pipa de 10 mil litros se comercializa entre 900 y dos mil pesos, según la zona y el grupo que la controla.
En comunidades de Chicoloapan, Toluca, Ecatepec, Tecámac, Chimalhuacán y Tepotzotlán, los investigadores observaron un patrón común: pipas con calcomanías de sindicatos y asociaciones de transporte de agua que llenan sus tanques sin que existan concesiones o permisos vigentes para la explotación del recurso.
Pozo sin permisos en Chicoloapan
En El Tejocote y la zona de Emiliano Zapata, las pipas operaban bajo el amparo del Sindicato 22 de Octubre, del grupo FITTAM y USON. En esos sitios, el agua se vendía entre 400 y mil 500 pesos por pipa, y en algunos puntos llegaban a llenar hasta 200 unidades diarias. Los reportes señalan que la distribución alcanzaba colonias aledañas y que los accesos permanecían cerrados para impedir inspecciones.
Toluca, puntos con alta demanda
En San Buenaventura, San Mateo Otzacatipan y Moderna de la Cruz, agentes de investigación registraron la presencia de pipas en fila y tomas sin concesión. El precio por carga oscilaba entre mil 300 y mil 400 pesos, con actividad desde las 06:00 horas hasta el anochecer. En algunos inmuebles los encargados reconocieron que el servicio debía agendarse con semanas de anticipación por la alta demanda.
Control sindical en Ecatepec, Tecámac, Chimalhuacán y Cuautitlán Izcalli
En colonias como Santa María Tulpetlac, San Pedro Xalostoc y Real Granada, los pozos operaban bajo control de los sindicatos USON y 25 de Marzo. El precio del agua variaba entre 900 y mil 800 pesos por pipa, y algunos de estos puntos contaban con vigilancia privada y cámaras. En Tecámac, los pozos localizados en Real Granada y Hacienda del Bosque ofrecían el líquido hasta en dos mil pesos por carga.
En Chimalhuacán, la investigación ubicó pipas del Sindicato 22 de Octubre y del grupo FIFTTAM, con precios de mil 300 a mil 500 pesos. En Cuautitlán Izcalli, las pipas portaban el emblema de la organización ACME y ofrecían el servicio a través de contactos telefónicos, a un costo de mil 300 pesos por carga.
Tepotzotlán y Atizapán, nodos de alta actividad
En San Mateo Xoloc, Tepotzotlán, uno de los puntos identificados abastecía alrededor de 50 pipas diarias, presuntamente bajo control del grupo Transportistas Unidos Transformando México (TUTRAM). En otro predio cercano, el precio bajaba hasta 900 pesos, lo que lo convirtió en uno de los puntos más activos del operativo.
En Atizapán de Zaragoza, la toma ubicada en El Pedregal ofrecía el servicio a mil pesos, con presencia constante de pipas municipales y privadas.
Otras zonas bajo observación
También se detectaron puntos de extracción irregular en Chalco, Naucalpan, Tlalnepantla, Metepec, Zinacantepec, Tejupilco y Valle de Bravo. En este último, los vecinos de Avándaro señalaron que durante la temporada seca se forman filas de hasta quince pipas para llenar sus tanques. En Metepec, las autoridades identificaron una empresa con presencia digital y uso de tomas clandestinas para su operación.
Los reportes internos refieren que en todos los casos las tomas carecen de permisos y que en algunos puntos el control está en manos de líderes sindicales o agrupaciones de transportistas que mantienen la distribución en amplias zonas del estado.
La información forma parte de los análisis recabados durante la Operación Caudal, en la que la Fiscalía mexiquense documentó la existencia de una red de extracción, transporte y comercialización ilegal de agua en distintas regiones de la entidad.
Resultados de la 'Operación Caudal'
Durante la Operación Caudal, realizada la madrugada del 24 de octubre de 2025, autoridades de los tres órdenes de gobierno intervinieron 189 inmuebles presuntamente vinculados con la extracción, acaparamiento y venta ilegal de agua potable en el Estado de México.
En esos lugares fueron aseguradas 322 pipas, 37 vehículos y 7 personas fueron detenidas. La Fiscalía continuó con las investigaciones contra quienes habrían participado en la red de comercialización irregular del recurso.
El operativo se desarrolló de manera simultánea en 48 municipios, entre ellos Toluca, Ecatepec, Chimalhuacán, Chalco, Chicoloapan, Tecámac, Cuautitlán Izcalli, Naucalpan y Valle de Bravo. Su objetivo fue interrumpir la cadena de comercio ilegal de agua y proteger el abasto destinado a la población.
La estrategia se planeó en el marco de la Mesa de la Paz encabezada por el gobierno estatal, con la participación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Defensa, Marina, Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM), la Fiscalía mexiquense, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM).
Las investigaciones iniciadas por la Fiscalía, con base en denuncias ciudadanas y reportes del Centro Nacional de Inteligencia, permitieron ubicar pozos sin permiso, tomas clandestinas y redes paralelas de distribución.
En varios inmuebles se detectó infraestructura eléctrica y mecánica que permitía sobreexplotar los pozos, así como conexiones ilegales a ductos municipales. El agua extraída se trasladaba en pipas de distintas capacidades, incluso tipo tráiler, y se ofrecía con sobreprecio frente a las tarifas oficiales.
Ilegal, caro y bajo presión
Los reportes señalaron que, mientras el costo promedio regulado por 10 mil litros era de mil 131 pesos, en municipios como Ecatepec se vendía con un sobrecosto de 59 por ciento; en Cuautitlán, con 41.4; en Tlalnepantla, con 32.4, y en Toluca, con casi 10 por ciento adicional.
En algunos lugares los compradores eran obligados a contratar el servicio únicamente con transportistas afiliados a ciertas organizaciones, identificadas por logotipos y calcomanías en sus unidades.
Las diligencias revelaron que el agua distribuida no pasaba por procesos de potabilización; sólo era clorada de forma superficial, lo que representaba un riesgo para la salud.
También se acreditó que el manejo del recurso estaba en manos de agrupaciones que operaban como sindicatos, entre ellas la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales, la Alianza de Autotransportistas, Comerciantes y Anexas de México, Los 300 o Unión 300, Libertad, 25 de Marzo, 22 de Octubre y Chokiza, además de comisariados ejidales y particulares, algunos en complicidad con autoridades locales.
Por el delito, 142 órdenes de cateo
Las conductas documentadas correspondieron a delitos previstos en el Código Penal del Estado de México, como extracción y comercialización de agua sin autorización, despojo, acaparamiento, encubrimiento y abuso de autoridad. Por esos hechos, la Fiscalía solicitó 152 órdenes judiciales de cateo, de las cuales 142 fueron autorizadas por jueces de control especializados.
Durante más de 72 horas, personal ministerial, fuerzas armadas y policías estatales y municipales realizaron acciones operativas en los municipios involucrados. En los cateos se localizaron 51 pozos y 138 tomas clandestinas, además de bombas, tinacos y equipos de distribución.
Entre los detenidos hubo dos personas acusadas de delitos contra el servicio público de agua, dos por portación de arma prohibida, dos más por interferir con las instituciones de seguridad y una en Lerma por ataque peligroso, quien habría disparado contra los agentes.
La Fiscalía informó que ejercería acción penal contra objetivos identificados como operadores relevantes de las organizaciones que controlaban la distribución irregular, así como contra servidores públicos y particulares posiblemente implicados.
Los reportes oficiales indicaron que las acciones no afectaron la infraestructura de los pozos autorizados y que el gobierno estatal, junto con la CAEM y los organismos municipales, tenía un plan para asegurar el abasto en caso de alguna contingencia.
PNMO
