La iniciativa de ley recientemente presentada por López Obrador para agilizar compras y obras públicas ha sido recibida con repudio por parte del alto empresariado. Se argumenta que la ley “es el sueño del poder absoluto” (Sarmiento, 11-04-23), constituye “el derecho administrativo del autoritarismo” (López Ayllón, 12-04-23) y busca “asegurar que la economía se mantenga en recesión” (Rubio, 16-04-23). “Es lo que se merecen”, incriminan a otros empresarios, “se agacharon desde el 2018” (Hiriart, 10-04-23).
Hice el trabajo de revisarla. No estoy de acuerdo con todos sus planteamientos [1]. Sin embargo, me parece importante llamar la atención sobre cinco críticas que no se sustentan en los hechos.
Mito 1: Se podrá realizar obra pública sin dictámenes o permisos.
Realidad: La reforma no exime de cumplirlos. Solo se propone que, con vigilancia expresa de las instancias que otorgan los permisos, éstos puedan ser gestionados simultáneamente al inicio de la obra.
Al respecto, sorprende la reacción tan negativa por parte del alto empresariado cuando por años ellos han solicitado lo mismo para sus obras. Lo llaman “agilidad procedimental” y según han dicho promueve el crecimiento económico.
Mito 2. No se pagarán indemnizaciones a los afectados por actos públicos.
Realidad: El resarcimiento de daños procederá conforme a ley. Lo único que cambiará es que éste no procederá cuando contratistas o proveedores incumplan con la ley, no hayan hecho nada todavía o ya hayan recuperado su inversión.
Quizá lo más controversial es que se propone que no habrá indemnizaciones cuando la obra a realizarse sea de interés público. No estoy de acuerdo con que no haya indemnización, pero la definición de interés público no es algo raro y existe en casi todos los países. Tampoco es algo determinado discrecionalmente por el Ejecutivo. De ser apelada, terminará siendo definida por el poder Judicial y podrá ser diferente para empresas protegidas por el TMEC.
Mito 3. El cambio a la ley de expropiación viola el TMEC.
Realidad: En efecto, se elimina un párrafo de la ley donde se dice que su aplicación será “sin perjuicio” de tratados. Sin embargo, el párrafo es redundante pues la jerarquía normativa mexicana ya implica que no se puede contravenir al TMEC.
Mito 4. Se podrán terminar contratos de manera anticipada y unilateral.
Realidad: La propuesta es que todos los contratos de arrendamiento u obra pública cuenten con una cláusula que establezca qué hacer en caso de terminación anticipada o suspensión. Esto no implica que vayan a terminarse de manera discrecional, sino que las partes acordarán cómo y cuándo hacerlo. Nótese que la ausencia de estas cláusulas se ha prestado a abusos. Regulación similar ya existe en muchos países.
Mito 5. Se anularán actos administrativos a placer.
Realidad: Se reforma la Ley Federal de Procedimientos Administrativos para que cuando un acto jurídico se declare nulo, la nulidad pueda implementarse. Al respecto, es importante recordar que muchas nulidades que deberían aplicar han quedado congeladas por interpretaciones jurídicas a modo. El cambio propuesto da certeza y deja menos espacio discrecional.
En general, la propuesta de López Obrador para agilizar la obra pública debe ser analizada con la cabeza fría. Hasta ahora no ha sido así. El alto empresariado acusa a Obrador de ser ideológico, pero responde con análisis igual de ideologizados.
[1] Véase “La reforma más ambiciosa de Lopez Obrador” en El País, sobre aspectos que considero valiosos
