López Obrador prometió reconfigurar el papel del Estado. Dar vida a un gobierno abocado a crear oportunidades para quien no las ha tenido. A transformar la concepción punitiva del crimen para entenderlo como un problema social. Y a arrebatar el picaporte con el que las élites económicas han creado regulación a modo. La fuerza de este mensaje sacudió al país y lo llenó de esperanza.
A cuatro años de sexenio, nadie honesto puede decir que estas tareas ya están terminadas. Falta y hasta cierto punto es normal que falte. Cambiar toma tiempo.
Sin embargo, en la recta final del sexenio, Morena ha dejado a un lado esta agenda de profunda transformación social y ha enfocado sus esfuerzos en batallas prescindibles que nunca fueron prioritarias en la agenda que López Obrador le prometió a sus votantes. Hoy, el foco está en una reforma electoral y en promover la elección por voto popular de los ministros de la Suprema Corte.
En lo personal, no me asustan estas propuestas. Puedo ver en ellas aspectos positivos y negativos. Y considero adecuado que se debatan.
No obstante, nadie honesto puede decir que estas propuestas hayan sido lo que llevó a Morena al poder. El enfoque desbordado de atención en la reforma electoral y la elección de ministros por voto popular es una desviación injustificable de la agenda social de gran calado que la gente pidió en 2018.
No es verdad que sin estas reformas el Obradorismo no podría continuar con su agenda original de transformación. No se necesita reformar al INE para que Morena continúe siendo la fuerza política dominante del país. Tampoco se necesita reformar a la Suprema Corte para que la bancada de Morena pueda aprobar reformas a las leyes secundarias. La Corte rechazó el procedimiento, no el fondo.
Enfocarse en estas reformas es contraproducente porque se pierden de vista batallas más valiosas.
El sistema electoral está podrido, no porque los consejeros ganen demasiado o el INE tenga un presupuesto elevado, sino porque no hemos creado un mecanismo adecuado de auditorías que impidan el financiamiento ilegal de campañas políticas. Es ahí donde se cierran acuerdos entre empresarios y candidatos, y donde nace la corrupción que encarece la obra pública y que sesga la labor del Estado en favor de unos cuantos.
El acceso a la justicia está podrido principalmente por la labor de los ministerios públicos. Es ahí, y no en la Corte, donde se gestan las peores extorsiones a las víctimas del delito y donde el crimen encuentra un embudo de impunidad que lo fortalece. En México la justicia se compra porque el sistema de justicia tiene problemas de capacidad, financiamiento, profesionalismo y coordinación.
Quiero acotar que yo no defiendo a la Suprema Corte. La Corte es responsable de decisiones atroces que han favorecido a los intereses económicos más enquistados del país. Temas que van desde la evasión fiscal y los burdos abusos del poder económico, hasta la extracción y la falta de competencia. Hay estudios que han demostrado que la Corte es poco transparente y nepotista.
Sin embargo, menos defiendo que en un país como México, con problemas reales que atender, nos enfoquemos en la pírrica lucha de reformar la ley electoral y elegir a los ministros por voto popular. Nuestro país merece una agenda más ambiciosa y pragmática.
El Obradorismo debe enfriarse la cabeza y recordar las batallas que lo llevaron al poder. Esas batallas están lejos de haberse terminado. Se debe volver a ellas para que el ego y el egoísmo no consuman la energía que queda al final del sexenio.
