En Nuevo León iniciamos ya un proceso tan complejo como decisivo: aplicar la reforma al Poder Judicial.
Para ello tenemos dos años; el primero para ponerse de acuerdo y el segundo para elegir.
No es un reto menor, ni un debate pasajero, por el contrario, se trata de sentar las bases para que la justicia en el estado sea más eficiente, más cercana y más confiable.
El domingo en Cambios nos visitaron especialistas, legisladores y la magistrada presidenta Laura Perla Córdova, quien desde hace un mes lleva las riendas de esta misión que tiene como claves el consenso, la claridad y la experiencia.
El presidente de la Academia Neolonesa de Ciencias Penales, Julio César Martínez Garza, lo resumió con una frase que se quedó flotando: “El clic de esta reforma será la correcta selección de los mejores candidatos”.
Es cierto, una reforma de este calibre puede naufragar si la selección de perfiles no está a la altura. No se trata solo de llenar boletas, sino de garantizar que quienes aspiren a jueces y magistrados tengan la preparación, la ética y la honorabilidad que exige el cargo.
Desde el Congreso, el diagnóstico no es distinto. Tanto la diputada de Morena, Esther Berenice Martínez, como el priista Javier Caballero coincidieron en que el gran reto será construir consensos. No basta con sumar votos: se requieren 28 para cualquier reforma constitucional. Y en un Congreso fragmentado, eso implica diálogo, negociación y madurez política.
Caballero fue puntual: “Lo único que no podemos hacer en Nuevo León es replicar tal cual el modelo federal”. Porque de nada sirve instalar comités de selección si al final terminan respondiendo a intereses políticos. Y porque democratizar el Poder Judicial no significa politizarlo.
Para mayor claridad, la titular del Tribunal Superior de Justicia, Laura Perla Córdova, trazó la hoja de ruta: sensibilizar al ciudadano, simplificar el proceso y garantizar claridad en cada paso.
“No podemos permitir que el ciudadano llegue a una elección con una gran cantidad de candidatos y no sepa quiénes somos ni qué hacemos”, dijo.
El riesgo de la confusión es tan grande como el de la manipulación.
Los números hablan por sí solos: en 2027 estarán en disputa alrededor de 253 cargos judiciales, nada menos que junto a la elección de gobernador, alcaldes y diputados. Una tormenta electoral que obligará a blindar procesos, escuchar a la academia y a las barras de abogados, e incluir exámenes técnicos y psicométricos que den certeza a la sociedad.
Lo que está en juego no es un rediseño institucional. Es la confianza de los ciudadanos en la justicia. De su correcta aplicación dependerá que NL sea ejemplo o un caso más de reforma fallida.
