Mientras el sistema de salud pública en México ha sido claramente rebasado en los últimos años, y no se ve por dónde pueda mejorar, al mal estado de este “paciente en cuidados intensivos” se une una situación que se agrava cada vez más: el abuso de las compañías aseguradoras hacia sus clientes.
Cualquiera diría que tener seguro de gastos médicos te ampara de tal manera que a diferencia de quienes tienen que acudir a hospitales públicos, los momentos en que apremian las enfermedades se pueden enfrentar sin un calvario.
Pero en realidad no es así.
Desde que el Estado dejó de garantizar la atención médica, muchos mexicanos se han visto empujados a contratar los seguros privados. Según números redondos, son 14 millones de asegurados en el país; en Nuevo León, entre dos y 2.5 millones.
Actualmente cuatro compañías acaparan el 75 por ciento de la cartera de clientes a nivel nacional y pese a percibir ganancias importantes, la mayoría de ellas de un tiempo a la fecha y bajo el cobijo de leyes obsoletas comete abusos contra sus asegurados.
Como bien dicen que a río revuelto ganancia de pescadores, en el caso de los servicios de seguros son al menos cuatro leyes las que deben regularlo todo: la del contrato de seguro, la de Instituciones de Seguros y Fianzas, la Ley de Protección y Defensa al usuario de servicios financieros y Ley General de Seguros y Fianzas. Todas ellas letra muerta a la hora de vigilar la forma en que opera la industria; incluso una de ellas data de 1935.
La inmensa mayoría de estas firmas muy poderosas decidió clavar la estaca después de la crisis provocada por la pandemia y así subir las primas hasta 300 por ciento, especialmente para adultos mayores, a tal grado de que mientras la inflación general ronda el 3.7 por ciento, la inflación hospitalaria anda por encima del 14 por ciento.
Las quejas son de todo tipo: cobros inflados, procedimientos no autorizados, médicos distintos a los que marca la póliza, retención de pacientes por falta de pago y facturas absurdas que ningún ciudadano puede auditar por sí mismo.
Para colmo, una versión que parece sacada de un cuento es la que expresa la AMIS, esa asociación conformada por las instituciones de seguros, que dice sospechar de la existencia de “gestores falsos” en los hospitales privados.
Y si fuera cierta es esta leyenda urbana, ¿por qué nadie se pone serio y organiza un operativo para detectarlos y meterlos a la cárcel? A veces si no denuncias te vuelves cómplice; con todas sus letras.
Así va el usuario, navegando en aguas turbulentas y sucias, cuando se supone que el que paga manda, y muchos de ellos en su desesperación algún día opten por llegar por primera vez ante las puertas de un hospital público.
Ni hablar.
