Interesantes los detalles del Plan B electoral que Óscar Cedillo glosó ayer en las páginas de MILENIO.
En particular, la idea de reducir los “privilegios” de congresos locales y gobiernos de municipios, que son disparejos entre sí, y podrían emparejarse, a la baja, poniéndoles un “tope máximo” en el presupuesto federal.
Los números son disparejos, no hay duda.
Un legislador local en el Congreso de Baja California cuesta 34.8 millones de pesos; uno en el de Morelos, 31.8 millones.
Respecto de los gobiernos municipales, el de Monterrey tiene 28 regidores y el de Puebla, 23.
No sé si los redactores del Plan B están midiendo bien la temperatura local del país. Probablemente no, pues están apuntando a reducirle presupuestos al gobierno local y, con ellos, dar margen de maniobra a los políticos del terruño.
Hay muchos indicios de que la hegemonía nacional de Morena, que parece invencible desde el centro, no lo es tanto cuando baja a los estados y a los municipios.
Ahí, en los estados y en los municipios, lo que parece anunciarse para 2027 es una fragmentación no hegemónica del voto, donde pesarán sobre todo los motivos locales.
Hay dos rubros del presupuesto que registran lo que reciben cada año estados y municipios: las participaciones y las aportaciones federales.
Entre 2018 y 2024, en pesos constantes, las participaciones crecieron 10%, de 443 mil millones a 490 mil millones.
Por su parte, las aportaciones crecieron 16%, de 225 mil millones a 264 mil millones.
El presupuesto federal, sin embargo, creció mucho más, 28%: de 7 billones de pesos a 9 billones de pesos.
La Federación no repartió a estados y municipios, en un caso 12% del presupuesto respectivo, y en otro 18%, un dineral, una tajada enorme, que la federación se untó sola.
La concentración presupuestal de la llamada 4T prueba aquello de que “quien parte y reparte se queda la mejor parte”.
Reducirle el dinero a la política local, como quiere el Plan B, puede reventar la paciencia de muchos políticos locales, de por sí muy castigados por el centro y por la falta de crecimiento.
Hay un malestar local en el país. El Plan B quiere picarle la cresta. La respuesta puede castigar al oficialismo en 2027.
