Cada año el 2 de octubre se reaviva el debate, en especial en las universidades, sobre la pertinencia de retirar las placas conmemorativas que llevan los nombres de los ex Presidentes Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez, por ser los responsables directos de la matanza de estudiantes de 1968 y 1971.
El argumento es que al ser autores intelectuales de hechos tan atroces no merecen que sus nombres se encuentren en espacios públicos.
Y es que en todo el país existen cientos de edificios que los mismos inauguraron, también hay algunas estatuas, calles o recintos, incluso en Tamaulipas hay un municipio que lleva el nombre de Díaz Ordaz.
Existen ya antecedentes de la aplicación esta demanda, por ejemplo, en 2018 el Gobierno de la Ciudad de México retiró algunas placas del Metro en donde aparecía el nombre de Díaz Ordaz o en Coahuila estudiantes de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro quitaron del campus una estatua de Luis Echeverría a manera de protesta.
A pesar de que se trata de dos figuras ampliamente repudiadas, hay historiadores que están en contra de la medida, los cuales, sin defender necesariamente a los personajes, señalan que las placas y monumentos tienen valor histórico al dar cuenta de hechos que sucedieron y que se podría perder el registro con la destrucción de las placas.
Sin embargo, las placas pueden quedar resguardadas en los archivos históricos, se pueden colocar placas alternas, que ya no tengan los nombres de estos personajes, sin darles crédito o exposición.
Yo en lo personal estoy a favor de analizar la demanda para el caso concreto de estos dos personajes, pero sí creo que es importante tener algunos límites en esta corriente de la cancelación de personajes históricos, porque, por ejemplo, hay quien llama a hacer lo propio con las estatuas de Cristóbal Colón, pero en este caso es un personaje con luces y sombras, ya que por un lado contribuyó al redescubrir América, pero que también abrió la puerta a la dominación de España.
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