El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2019, establece el combate al tráfico de armas como parte de las acciones del Gobierno federal para la recuperación del Estado de derecho, y como elemento de su política exterior de cooperación con los Estados Unidos para la solución de problemas en común.
Una muestra de estas acciones es la demanda del Gobierno de México presentada en contra de compañías productoras de armas por su responsabilidad en el comercio negligente que de manera directa e indirecta facilitan el tráfico de armas de Estados Unidos a nuestro país.
Esta iniciativa es complementaria de un rol protagónico y activo de nuestro país en diversos mecanismos multilaterales derivados de tratados internacionales en la materia. Por ejemplo, México funge como secretaría pro tempore del Comité Consultivo y presidente de la Conferencia de las Partes de la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados (CIFTA), en el marco de la Organización de Estados Americanos; y ocupará la vicepresidencia regional para América Latina y el Caribe en la próxima Conferencia de Estados Partes del Tratado sobre el Comercio de Armas (ATT, por sus siglas en inglés); entre otros.
De manera más reciente, los pasados 4 y 5 de mayo, nuestro país también presidió la 9ª reunión del Grupo de Trabajo sobre Armas de Fuego (GTAF) de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional (Convención de Palermo), que tuvo lugar en Viena, Austria.
El GTAF analiza y formula recomendaciones para mejorar la implementación de la Convención de Palermo, particularmente de su Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes y Municiones. Si bien estas recomendaciones tienen un carácter jurídico no vinculante, posteriormente pueden ser la base de compromisos de los 121 Estados que forman parte del Protocolo, reflejados en las resoluciones sobre cooperación internacional que se adoptan en el marco de las Conferencias de Estados Parte de la Convención de Palermo, cuya 11ª sesión tendrá lugar a finales de este año.
En ese sentido, la presidencia de México en el GTAF facilitó la introducción de temas de interés para nuestro país, tales como: el papel de la industria y de las compañías privadas para generar prácticas comerciales responsables y de control que contribuyan a prevenir el desvío del comercio y el tráfico ilícito; la responsabilidad de intermediarios o brókeres por la falta de registros de sus actividades; y el uso de nuevas tecnologías para la fabricación ilícita de armas de fuego (incluyendo mediante impresoras 3D), entre otros.
En paralelo a la reunión del GTAF, se celebró el primer Diálogo Constructivo, también presidido por México, en el que organizaciones de la sociedad civil y representantes del sector académico presentaron sus opiniones y sugerencias sobre la implementación del Protocolo sobre Armas de Fuego. Se trató de un enriquecedor intercambio en el que se confirmó que para avanzar en la prevención del tráfico ilícito de armas y municiones se requiere de la activa intervención del sector público y del sector privado.
El hecho de que México lidere los esfuerzos internacionales en contra del tráfico de armas, fenómeno delictivo que causa gran sufrimiento a las personas y que es capaz de desestabilizar la paz en diversas regiones del mundo, no es coincidencia. Por el contrario, es un reconocimiento de la comunidad internacional a la convicción de nuestro país en esta causa, y a sus esfuerzos para reducir la violencia a nivel nacional.
Nuestro país está convencido de que un mundo con menos armas de fuego será un mundo con menos violencia y más seguro, empezando por México. Por eso la política exterior mexicana continuará trabajando a nivel internacional y regional en pro de mecanismos de prevención y sanción del tráfico ilícito de armas, incluyendo sus piezas, componentes y municiones, por medio de esfuerzos bilaterales, ante foros multilaterales y regionales, y también exigiendo ante cortes que las empresas que comercian armas y municiones a particulares se hagan responsables de las acciones y omisiones que facilitan que sus productos causen daños.
Por: Alejandro Celorio Alcántara*
*Consultor jurídico de la SRE
