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Martes , 19.03.2019 / 16:31 Hoy

Escuela Libre de Derecho de Puebla

El “huachicoleo” y los delitos graves en el procedimiento penal I

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Las conductas que conocemos como “huachicoleo” se encuentran definidas en La Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, que fue publicada el 12 de enero de 2016, después de haberse reconocido a nivel nacional el problema que representaba el incremento y evolución en la comisión de delitos de esta naturaleza, por lo menos en las dos últimas décadas; que no sólo estaban afectando la economía y patrimonio de la nación, sino que también han traído como consecuencia afectaciones al medio ambiente, a la integridad física de las personas, el inminente riesgo que supone el mal manejo de combustible en la sustracción ilegal para comunidades enteras; como se pudo observar en las explosiones ocurridas en Tamaulipas, Puebla y recientemente en Hidalgo.

La publicación de esta ley como parte de la reforma energética, suponía un avance para la prevención y combate al “huachicoleo”, al retomar y definir las conductas delictivas en esa materia y sus penalidades, considerándolas trascendentes por su estrecha relación con otros delitos graves, así como por su impacto en el patrimonio nacional, en la economía del país, en la protección al medio ambiente y particularmente en la seguridad nacional. Sin embargo, estos delitos continuaron en aumento; la impunidad y corrupción dieron pauta a que con su incidencia, algunos normalizaran estas conductas, con la complicidad y participación de empleados de todos los niveles Petróleos Mexicanos (Pemex), de personas con conocimientos técnicos sobre la extracción, almacenamiento y distribución de los hidrocarburos; con una estructura y organización que actúa paralelamente a la paraestatal, y que dejan ver la existencia de delincuencia organizada “institucional”.

En mayo del 2018 se incrementaron las penas, como si con ello, los legisladores pudieran contribuir en la prevención efectiva en su comisión y combate, pero sin una política criminal clara, que considerara la nueva dinámica del sistema de justicia penal mexicano, que entre otras características, confirma los principios de presunción de inocencia, de irretroactividad de la ley en perjuicio de persona alguna, de aplicación exacta de la ley penal, y que además, privilegia la imposición de medidas cautelares distintas a la privación de la libertad del imputado durante el procedimiento, excepto cuando se trata de delitos previstos por la ley como graves.

MONTSERRAT GARZA

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