En la actualidad la protección, defensa y promoción de los derechos humanos representa una constante dentro de todo sistema democrático, por lo que este ámbito se ubica como uno de los pilares elementales para la construcción de un Estado moderno.
La correcta validez y vigencia de los derechos fundamentales refleja uno de los estándares para que la convivencia social sea posible, y que en consecuencia la persona esté consciente de que cuenta con la facultad para el ejercicio de los derechos que le son inherentes pero también para ser partícipe de las responsabilidades que traen consigo.
Por su parte, el Estado adquiere el papel de defensor dentro de la esfera social, desarrollando e implementando los instrumentos y herramientas necesarias que aseguren el ejercicio y protección de los derechos primigenios, poseyendo además la potestad para exigir a las instituciones y servidores públicos su cumplimiento y respeto irrestricto.
Así pues, dentro de la inmensa gama de derechos humanos, encontramos el relativo a la protección de la salud. Para ello, la Organización Mundial de la Salud define a este término como aquel estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.
En ese orden de ideas, el Estado cuenta con dos papeles frente a este derecho: el primero de ellos tiene que ver con una postura pasiva, dentro de la cual se ve en la obligación de no violarlo, es decir, de abstenerse de realizar una conducta que vulnere o ponga en peligro esa prerrogativa fundamental. En tanto, la segunda es más activa y tiene que ver con el actuar de sus instituciones y de los servidores públicos que las componen, siendo el Estado quien debe generar las condiciones más adecuadas para que dicho derecho pueda ejercerse de forma sistémica.
Derivado de lo anterior, el Estado mexicano participa en la implementación de políticas públicas dirigidas a mejorar la protección de la salud de sus habitantes; sin embargo, las diferentes organizaciones e instituciones protectoras de derechos humanos continúan documentando violaciones a esa prerrogativa por lo que la labor por parte del gobierno y sus autoridades necesita intensificarse, requiriendo así de la consecución de acciones positivas que fomenten su respeto por parte de los servidores públicos encargados de esa prestación; así como la promoción en favor del titular de este derecho, estableciendo los medios indispensables para alcanzar su satisfacción individual y colectiva.
