Diez años después de que el Ejecutivo Federal determinara que el Ejército Mexicano saldría a las calles para luchar contra el crimen, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por su siglas en inglés) señaló que en el periodo comprendido entre 2012 y 2016 hubo 6182 casos de delitos y violaciones a derechos humanos, perpetrados por miembros de las fuerzas armadas, los cuales se encuentran en investigación y pendientes de resolverse; sin embargo, frente a ese número de casos, sólo existen 29 sentencias penales emitidas por jueces federales.
Así, en septiembre y noviembre de 2016 se presentaron al Congreso de la Unión dos iniciativas para la creación de una Ley de Seguridad Interior, que entre sus generalidades detalla el procedimiento para que las fuerzas armadas continúen ejerciendo labores civiles de seguridad, además de que se les faculta para recibir denuncias, llevar a cabo detenciones, cateos y aseguramientos, tomar declaraciones y hacer entrevistas o interrogatorios a testigos.
Si bien en junio de 2014 se reformó el Código de Justicia Militar a fin de que se restringiera la jurisdicción militar y de que aquellos casos de delitos cometidos por miembros del fuero castrense en contra de civiles se juzgaran por tribunales ordinarios, dicha codificación aún resulta escasa, pues los militares están sujetos a una jurisdicción especial; por lo que la publicación de una Ley de Seguridad Interior requiere de una evaluación más crítica acerca del impacto que produciría la continuidad del Ejército en las calles, en atención al alto número de violaciones a derechos humanos.
Asimismo, el débil combate a la corrupción, la ineficiente reestructuración de las policías estatales, así como la ausencia de un marco jurídico que regule las facultades de las Fuerzas Armadas y que además involucre aquellos aspectos relativos al respeto a los derechos humanos, sin dejar al arbitrio de la autoridad su prohibición o restricción, son tareas pendientes que el Estado mexicano debe analizar de manera más profunda y trabajar para lograr una sociedad más fuerte y fundada en el respeto por los derechos primigenios.
