De manera reciente surgió una polémica ante el anuncio de la contratación de personal médico especialista de Cuba para dar atención en regiones remotas del país. Hubo posiciones a favor y en contra, pero un argumento fue que en nuestro país existen miles de médicos y médicas desempleadas.
¿Pero cuál es la realidad? Por falta de datos oficiales consistentes, me limitaré a abonar en esta discusión en lo concerniente a la poca disponibilidad de servicios médicos en la Huasteca hidalguense, una de las regiones indígenas del estado y cuya situación representa las condiciones de desigualdad que prevalece en otras partes del país.
En México el sistema de salud pública, conformado principalmente por el Instituto Nacional de Bienestar (Insabi), IMSS e Issste brinda atención a cerca del 90 por ciento de la población. Estas instituciones concentran su mejor infraestructura, personal médico especializado, enfermería y camas de hospital en los principales centros urbanos del país. Esta situación se reproduce al interior de los estados, ya que los mejores recursos se encuentran en las capitales estatales.
En el caso de Hidalgo y según cifras del último Anuario Estadístico (Inegi, 2017), el 91.8 por ciento de la población del estado está afiliada a un sistema público de salud. El principal esquema de afiliación es el Insabi que brinda atención al 68.4 por ciento de las personas que no son beneficiarias de seguridad social. Este dato habla del alto nivel de informalidad que prevalece.
Por ejemplo, en la Huasteca hidalguense el 91.69 por ciento de los cerca de 270 mil habitantes que tiene la región, está afiliada a algún servicio público de salud. De esta población más del 85 por ciento se atiende en el Insabi.
Con respecto a los médicos, en Hidalgo hay en promedio 1.6 médicos por cada mil personas, pero en la Huasteca esta cifra es de sólo 1.3 médicos. El principal tipo de atención médica es básica y se realiza en 125 Unidades Médicas de Consulta Externa. En situaciones de emergencia, las personas son canalizadas a los hospitales de Huejutla (3) y Atlapexco (1).
Pero cuando son direccionados a instituciones ubicadas en ciudades como Pachuca, Tampico, Ciudad de México e incluso a Monterrey, implica gastos en transporte, alojamiento, alimentación y medicinas, aún siendo hospitales públicos.
Esto último no es lo peor, lo más duro son las situaciones de discriminación o de maltrato a las que se enfrenta la población indígena ante un sistema de salud carente de la sensibilidad intercultural para atender a estas personas.
Durante la pandemia, tratamientos que sí eran atendidas a nivel local como la diabetes o las enfermedades renales, fueron interrumpidos debido a la conversión de los pocos hospitales para atender la emergencia sanitaria, causando un daño a la salud de la población que no ha sido precisado.
En los hospitales públicos de la Huasteca casi nunca hay neurólogos, oncólogos o internistas; sin embargo, hasta esta región los fines de semana viajen médicos de estas especialidades procedentes de Puebla, Pachuca, Ciudad de México y otras ciudades para dar consulta, cobrando precios que se pagan con muchos sacrificios.
Por lo tanto, no logra comprenderse por qué cuando salen convocatorias para plazas de médicos y médicas en lugares alejados, éstas quedan desiertas. ¿Será sólo la inseguridad o también la comodidad? ¿Cómo lograr que especialistas se interesen por ejercer su profesión en las regiones remotas del país?
Jorge Dolores Bautista
Profesor investigador de Trabajo Social en la UAEH
