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Martes , 23.04.2019 / 01:48 Hoy

Seguridad ciudadana

Policías, peritos y agentes: trabajadores discriminados

Sophia Huett

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Supongamos que encuentra una oferta laboral en el periódico: sueldo promedio 8 mil pesos mensuales; indispensable acreditar honorabilidad; riesgo potencial de perder la vida; resiliencia a la desconfianza y desprecio ciudadano necesaria, así como una pequeña leyenda que indica que si es despedido injustificadamente, aún cuando demuestre su inocencia, tiene prohibido por ley regresar al encargo o laborar en cualquier institución del sector… de por vida.

¿Aceptaría?

La Constitución de 1917 hizo una distinción entre la relación del Estado con servidores públicos, a quienes no contemplaba como sujetos de derechos laborales. Fue en 1970, cuando al adicionarse el apartado B del Artículo 123, cuando se reconoció la relación laboral con la puntual acotación de que “militares, marinos y miembros de los cuerpos de seguridad pública, así como personal del servicio exterior se regirán por sus propias leyes”; ello estableció un vínculo de naturaleza administrativa, más que laboral.

En marzo de 1999 se realizó una nueva reforma al apartado B del mismo artículo, en el que se estableció la prohibición de reinstalar o restituir a agentes del ministerio público, peritos e integrantes de instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno: “Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido”.

El origen de la modificación atendió el legítimo interés de la depuración de instituciones policiales; sin embargo, su aplicación se tradujo en una decisión que estigmatiza y afecta la carrera policial, así como los esfuerzos por la dignificación.

Las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos; en un sentido de congruencia, también deberían de existir condiciones en las que derechos de las y los trabajadores de este sector también sean protegidos.

Reformar el segundo párrafo del apartado B del artículo 123 de nuestra Constitución, incluso es una propuesta acorde con la reforma en materia de Derechos Humanos del 2011, en la que se exige que éstos se interpreten de conformidad con la propia Constitución y los tratados internacionales para favorecer de manera más amplia a las personas.

Así se abre la posibilidad de que la prohibición absoluta a la reincorporación de un integrante de seguridad pública y procuración de justicia se interprete desde la perspectiva de los derechos de igualdad ante la ley y la no discriminación. Ello permitiría que cuando la autoridad jurisdiccional determine que la causa de suspensión o remoción sea injustificada, o bien, sea declarada la inocencia en el proceso al que fue sujeto, el servidor público tenga la posibilidad de que se garantice su derecho a ejercer un trabajo libremente escogido y aceptado.

El 26 de abril de 2018, la Cámara de Diputados avaló con 320 votos a favor y uno en contra, el dictamen que permite la reincorporación de agentes del ministerio público, peritos y miembros de instituciones policiales federales, estatales y municipales que hayan sido separados de su cargo y demuestren su inocencia o despido injustificado.

En la exposición de motivos se enlistó la garantía al derecho humano al trabajo, la observancia al principio de presunción de inocencia, la garantía al derecho de un recurso efectivo y a la igualdad, así como la eliminación de una norma contraria a los estándares internacionales en Derechos Humanos.

Tenemos policías con vocación, que aceptaron la desventajosa oferta laboral y que hoy son víctimas de una ley que discrimina. A la par, tenemos municipios sin policías.

El Estado mexicano invierte importantes recursos públicos en el componente más importante en materia de seguridad: el capital humano. Considerar la reincorporación representa un beneficio y una oportunidad no solo para las y los buenos policías, sino también para las propias instituciones y la sociedad.

Una ayudadita por parte del Senado para rescatar la reforma al Artículo 123 y la posterior aprobación de los congresos locales, sería muy oportuna para México.

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