El lunes pasado arrancó el periodo otoñal de la Suprema Corte de Estados Unidos. Las decisiones que se tomen podrían redefinir la estructura del poder en ese país y consolidar la tendencia que desde el inicio de su mandato ha promovido Donald Trump hacia una presidencia más fuerte. Las implicaciones trascienden a EU: pueden alterar la forma en que se concibe la división de poderes.
En su concepción original, la Constitución de Estados Unidos no buscaba una separación pura de poderes, sino un equilibrio dinámico entre Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Cada poder debía tener recursos constitucionales para moderar a las demás. Era una arquitectura que generaba un delicado equilibrio para evitar la concentración del poder. La misión del Poder Judicial era ser el guardián de la Constitución, aunque se advertía, los jueces al interpretarla podían determinar el alcance de los otros poderes.
Esa facultad de definir los contornos del poder es lo que está en juego. Durante décadas, el movimiento conservador ha promovido nombramientos de jueces proclives a una interpretación que redefina las facultades del presidente (por ejemplo, el uso de la Unitary Executive Theory). Hoy, seis de los nueve actuales ministros son considerados “conservadores” y tres de ellos fueron nominados por Trump.
Durante el verano, la administración Trump recurrió con frecuencia al llamado shadow docket o “expediente de la sombra”, una vía rápida para limitar las suspensiones judiciales y permitir que se ejecuten ciertas decisiones presidenciales mientras se revisa su constitucionalidad.
La Corte ha tomado también decisiones recientes que limitan el poder de jueces de nivel inferior para dictar suspensiones de aplicación nacional —es decir, la autoridad para impedir que una acción presidencial se ejecute en todo el país mediante una sola sentencia— lo que reduce los frenos jurisdiccionales sobre el Ejecutivo.
En los próximos meses la Corte examinará al menos tres casos críticos: la legalidad de los aranceles, el control presidencial sobre las agencias independientes y la facultad del presidente para destituir a miembros de la Reserva Federal. En esas tres, el Ejecutivo busca incidir en materias tradicionalmente reservadas al Congreso. Aunque no están agendados aún, hay otros asuntos centrales, por ejemplo, las órdenes ejecutivas sobre la ciudadanía o el envío de la Guardia Nacional en funciones de policía a ciertas ciudades.
Las decisiones de la Corte determinarán el camino que se elija: ¿modificarán la concepción original y darán al Ejecutivo un papel preponderante? ¿O mantendrán un sistema donde los pesos y contrapesos siguen vigentes? Si se impone lo primero, asistiremos a una transformación profunda del poder estadunidense y sus efectos se irradiarán más allá de sus fronteras.
