Muy poco o nada, es lo que ha hecho la nueva administración del Gobierno del Estado en el tema de los cadáveres sin identificar que permanecen en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF); por lo menos eso es lo que develó el reporte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) que ha entregado un informe especial, extendido una recomendación y alertado sobre una posible nueva crisis toda vez que no se ha atacado debidamente el asunto desde las respectivas áreas que debieran resolver el destino de esos cuerpos, ya de por sí vulnerados en el proceso que les ha tocado en desgracia seguir.
Baste recordar que en septiembre pasado, al menos 300 cadáveres de personas no identificadas fueron encontrados en dos cajas refrigeradas de tractocamiones, una de las cuales estuvo durante varios días recorriendo las calles de la zona metropolitana de Guadalajara y la otra estacionada en las instalaciones del IJCF. Entonces se dijo que en total, había 444 cuerpos sin reconocer; sin embargo, la CEDHJ informó hace unos días que en total fueron 605 cuerpos los que permanecieron entre cinco meses y 3 años y medio en la institución.
Desde ese macabro hallazgo que dio la vuelta al mundo -registrado en los últimos días de la administración de Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, que arrojó el polémico despido del director del instituto, Luis Octavio Cotero Bernal, por ser considerado corresponsable del trajín de los cuerpos, la CEDHJ se comprometió a dirigir una investigación a fondo y demandó a la autoridad hacer lo propio para que los responsables fuesen presentados ante la justicia en un caso que no debía quedar en la impunidad, pero hasta ahora no hay ningún responsable tras las rejas.
Ocho meses después, la defensoría pública reveló la recomendación 10/2019 y un informe especial, donde se detalla una serie de irregularidades atribuibles principalmente al IJCF y a la Fiscalía Estatal; señala como el origen de la crisis a la falta de cuidado en las investigaciones ordenadas por agentes del Ministerio Público de la entonces Fiscalía General del Estado (FGE) para lograr la identificación de personas fallecidas y de personas fallecidas no reclamadas (PFNR).
Recriminó que no se apegan a los estándares establecidos por los instrumentos internacionales, los protocolos y la jurisprudencia en la materia, lo que ha provocado en muchos casos, la desaparición de datos relacionados a fechas de ingreso, lugares de hallazgo y hasta el número de carpeta de investigación.
En la recomendación 10/2019, el ombudsman, Alfonso Hernández Barrón, llama al titular de la Fiscalía de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez, y al encargado del despacho del IJCF, Gustavo Quezada Esparza, a reconocer las omisiones e indebidas actuaciones de servidores públicos, así como a ofrecer una disculpa pública a familiares de personas desaparecidas, colectivos y comunidad en general, pero hay tan poca humildad en la esfera de gobierno que solo se aceptó la recomendación pero Alfaro Ramírez rechazó ofrecer disculpas.
En conclusión, la CEDHJ les dijo que deben hacer funcionar los órganos relacionados con los procesos ministeriales, de identificación, inhumación y búsqueda de personas, para que este tipo de hechos no vuelvan a repetirse.
Desde su óptica, nada ha cambiado y mucho menos se ha corregido en el accionar de los funcionarios y autoridades de la administración pasada a los actuales, pues el número de cuerpos sin identificar en este momento es de 590, y en los hechos se sigue reflejando “una falta de respeto a la dignidad de las personas fallecidas” y se sigue vulnerando sus garantías fundamentales.
La CEDHJ alertó sobre una nueva crisis, pero fue soslayada por el Coordinador del Gabinete de Seguridad, Macedonio Tamez Guajardo, quien más que minimizar recomendaciones debiese estar definiendo estrategias y acciones para evitar estar contando muertos.
El Gobierno ha quedado advertido; debe actuar en consecuencia y evitar se le acumulen más cadáveres a Alfaro, por negligencia, y dejar para mejor ocasión la arrogancia.
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