El caso de Carla Verenice N., ex regidora de Puerto Vallarta, ha comenzado a generar ruido, y con justa razón. Fue vinculada a proceso por el delito de ejercicio indebido y abandono del servicio público, luego de que se comprobara que durante su tiempo como funcionaria contrató a su yerno y a su sobrino como asesores, aprovechando su cargo para beneficiar a su familia con recursos públicos.
De acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, uno de los contratados ni siquiera se presentaba a trabajar, pero sí cobraba puntualmente. Estos hechos no exhiben el uso personal del poder.
A pesar de que fue citada en varias ocasiones por las autoridades, Carla Verenice N. evadió la justicia durante meses, hasta que fue detenida por elementos de seguridad cuando circulaba por el boulevard principal de la ciudad. Es decir, la ex regidora no solo cometió una falta grave, sino que también mostró total desprecio por las instituciones.
Lo que más preocupa es que seguía cobrando como asesora del actual presidente municipal, Luis Munguía, aun cuando no se presentaba a trabajar. Este dato no es menor. La funcionaria señalada por corrupción se mantiene en la nómina oficial con total normalidad, lo que abre una gran duda sobre cómo se maneja el gobierno local.
Hasta ahora, no hay una sola declaración del presidente municipal respecto a este caso. No se ha informado si Carla Verenice N. será separada de su cargo, suspendida de manera temporal o si habrá alguna medida administrativa mientras avanza su proceso legal. El silencio del alcalde luce incómodo, hasta cómplice, frente a un tema que involucra recursos públicos y abuso de poder.
Puerto Vallarta merece saber si el actual gobierno va a tomar cartas en el asunto o seguirá permitiendo que personas con antecedentes de corrupción sigan cobrando del erario. La ciudadanía no debería tolerar que quienes enfrentan procesos judiciales sigan apareciendo en la nómina como si nada pasara.
Este caso también pone sobre la mesa la falta de vigilancia interna en el Ayuntamiento. Si un funcionario puede contratar a familiares y nadie lo detecta, es evidente que algo está fallando. Y cuando ni siquiera se presentan a trabajar y aún así cobran, es una señal clara de abandono institucional.
La vinculación a proceso de Carla Verenice N. no es sólo una noticia judicial. Es una advertencia de que el sistema de rendición de cuentas en Puerto Vallarta está lleno de huecos. Y mientras no haya acciones concretas por parte del alcalde, la indignación ciudadana seguirá creciendo. Porque ya no se trata de un caso aislado: se trata de una cultura política que debe cambiar.
