La lucha contra la corrupción está teniendo, paradójicamente, costos muy altos para los sectores sociales más desfavorecidos de este país. Las madres trabajadoras necesitaban de estancias infantiles para dejar a sus hijos al cuidado de personas capacitadas pero el programa, así fuere que necesitara de ajustes por haber detectado el actual Gobierno irregularidades, se canceló de tajo en vez de que se implementaran medidas para supervisar su buen funcionamiento. Se propuso que fueren los abuelos u otros parientes quienes se encargaran de los pequeños a cambio de una paga otorgada directamente por los organismos del Estado. El tema, miren ustedes, es que la asalariada que labora en una maquiladora, por ejemplo, no necesariamente tiene a familiares en su círculo inmediato que puedan ocuparse de la tarea. Y eso, precisamente por haber emigrado del terruño para encontrar un empleo —aparte de que la disponibilidad de los antedichos abuelos tampoco está en manera alguna garantizada ni tampoco su disposición a aceptar el encargo de buena gana— y haberse desvinculado, por ello, del círculo familiar. La movilidad es algo que caracteriza a las poblaciones humanas en estos tiempos y si algo puede decirse de México es que es un país de emigrantes: para mayores señas, millones de conciudadanos nuestros se han afincado en los Estados Unidos. Es gente que emprende el camino por su cuenta y que tiene la entereza de afrontar las más extremadas adversidades para buscarse las condiciones de vida que este país no les puede ofrecer (lo cual, si lo piensas, es una auténtica vergüenza nacional, algo de lo que los mexicanos no podemos enorgullecernos en lo absoluto, por más que sea admirable el espíritu emprendedor de nuestros emigrantes) y que necesita, entonces, de una estructura de apoyo, más allá de la familia, cuando se establece ya en otro lugar. Dentro de nuestras fronteras ocurre un fenómeno parecido y son también millones los individuos que se desplazan a otros puntos del territorio para buscarse empleos y oportunidades. Justamente, uno de los problemas sociales que tienen lugar en las zonas fronterizas del norte es el de los menores desatendidos en sus casas por estar sus madres laborando en las plantas de ensamblaje y las factorías: no hay, allí, abuelos ni tías ni comadres para sustituir la amparadora presencia de una mamá. Pues, extrañamente, se están implementando ahora políticas públicas que presuponen un modelo de sociedad centrado en los papeles familiares de siempre —como si los cuidados de los suegros o de la cuñada dedicada al hogar fueren parte de un orden inamovible— y que, en los hechos, castigan a las mujeres independientes. Estamos hablando de una visión tradicionalista de las cosas trasmutada de pronto en programas gubernamentales que, de tal manera, van a contracorriente de lo que debe ser un Estado moderno. La cuestión es la siguiente: en principio, los servicios públicos tienen un carácter obligatorio —puesto que resultan de los impuestos cobrados a los ciudadanos— mientras que los cuidados del abuelito son enteramente opcionales. Un Gobierno, en consecuencia, no debiera sustentar sus programas sociales en la aleatoriedad de las conductas personales sino en unas políticas públicas basadas en certezas concretas para los beneficiarios.
Se ha desmantelado igualmente el Seguro Popular, un sistema instaurado en 2003 que brindaba servicios médicos a los mexicanos que no estaban inscritos en los tradicionales institutos de seguridad social, a saber, el IMSS y el Issste. Las consecuencias, hasta ahora y en espera de que comience a funcionar adecuadamente el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), han sido calamitosas y muchos pacientes se encuentran sin las medicinas y terapias para atender dolencias tan graves como el cáncer u otras que necesitan de cuidados crónicos. Ha habido además un tema de pagos exigidos a los usuarios y las protestas comienzan a multiplicarse en varias entidades de la República. De nuevo, son los ciudadanos más desprotegidos y vulnerables quienes resultan directamente afectados por las medidas tomadas por esta Administración, con todo y que se pretexta un manejo más cuidadoso de los recursos públicos y que se denuncian los excesos cometidos por los anteriores Gobiernos.
Ya las medidas de austeridad —o, en todo caso, el no ejercer en su debida oportunidad los recursos presupuestados a las distintas dependencias gubernamentales— habían repercutido seriamente en el aprovisionamiento de medicamentos para los hospitales de la seguridad social, por no hablar que de los efectos más dramáticos de los recortes al gasto efectuados por el Gobierno de la 4T. Pero lo que parece más evidente al constatar la dirección que están tomando las políticas públicas es un propósito de cancelar tajantemente todos los programas y proyectos emprendidos por los regímenes del PRIAN.
Es una auténtica guerra contra el pasado. El parte de bajas, sin embargo, es una realidad del presente. Tan estremecedora como injusta.
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