La acusación en contra de 31 científicos hecha por la Fiscalía General de la República y el respaldo que públicamente le ofreció a ésta el presidente López Obrador reproducen perfectamente el manual populista: no hay medias tintas, no hay denuncias específicas bien sustentadas, no hay mesura en la condena. Están todos los ingredientes ya conocidos del populismo: la división en dos de la sociedad. Ahora, en el lado de los malos, de los corruptos, de los que están en contra del pueblo, se incluye a los científicos, señalados como miembros privilegiados, utilizadores de prebendas, de pretender erigirse en una clase aparte, de hacer mal uso de los recursos públicos e incluso de confabularse para ello. En la típica confusión entre lo que es ilegal y lo que eventualmente puede ser poco ético, se señala a los científicos-administradores de, como parte de su trabajo, hacerse pagar la renta de celulares o ir a restaurantes caros. Si ese es el criterio que fundamenta las acusaciones, habrá que empezar por contar las cabezas de muchos funcionarios y servidores públicos, desde que empezó la era de los celulares y desde que hay restaurantes caros, según el criterio de los gobernantes actuales.
En todo esto, nadie niega que pudieran existir excesos y abusos. Incluso corrupción. Y todo mundo, comenzando por los miembros de la comunidad académica y científica mexicana, está de acuerdo en que, si hay delitos, estos se deben de perseguir. Nadie pretende que los científicos estén por encima de la ley. Pero a todas luces, esto se trata de otra cosa. O bien es una vendetta personal, o bien se trata de una estrategia para domesticar a los científicos e intelectuales mexicanos, muchos de los cuales se han (nos hemos) atrevido a criticar sin ambages al Presidente de la República, a la directora de Conacyt y a los muchos absurdos de la mal llamada “cuarta transformación”. Pero todo ello es posible porque, en el fondo, todo este esquema, cualquiera que sea su motivación, encaja perfectamente con la manera de concebir el mundo por parte de los populistas y sus seguidores. Ignoran, porque les es una realidad muy lejana, las largas horas de trabajo, la dedicación permanente, el empeño, la entrega, el esfuerzo, la persistencia, el desinterés por la riqueza y muchas otras características de quienes se dedican a la ciencia en México.
Sí, después de muchos y muchos años de estudio, de trabajo, de exámenes, de controles, de auditorías y de haber persistido en hacer ciencia, muchos de ellos pueden considerarse privilegiados. Pero, no nos hagamos tontos, en este país, desde ciertos estándares morales, cualquiera que gane más de cinco o seis salarios mínimos podría ser considerado un privilegiado. Todo depende de quién emita la condena. Estamos más bien frente a un claro caso de abuso de poder, de un grupo de personas que piensa que la ley no sirve más que para perseguir a sus enemigos, imaginarios o reales. Que puede actuar impunemente, amparado en la falsa idea de que el pueblo lo respalda. Así que hay que señalarlo y reiterarlo: usar los cargos públicos para atacar, para vengarse, en lugar de servir, también es corrupción, y ciertamente es inmoral.
Roberto Blancarte
roberto.blancarte@milenio.com